Lo que el juez deberá decidir sobre Goioaga, candidato al Senado por Bildu

Decía el juez Fernando Marlaska en un auto incluido en las Diligencias Previas 49/2010 que Iñaki Goioaga, candidato al Senado propuesto por la coalición abertzale Bildu, y al que se conocía como Dioni, era una persona integrada en la banda. Entonces el magistrado instruía la Operación Halboka de la Guardia Civil que desarticuló el entramado de abogados de ETA con la detención de Pla y Zulueta, entre otros.

Goioaga fue detenido en noviembre de 2009 tras el análisis de la documentación intervenida a Francisco Javier López Peña, alias 'Thierry', responsable del aparato político de ETA, detenido en Burdeos (Francia) en mayo de 2008. La Guardia Civil sostenía que Goioaga habría recibido de  'Thierry', un documento con instrucciones llamado 'Dionixio 805' que le habría hecho llegar el también abogado Jon Enparanza Aguirre, alias'Mik Mik'. En el registro de su despacho los agentes se incautaron dos copias de cartas, escritas por dos víctimas de extorsión económica por parte de ETA y enviadas a la banda, que expresaban su imposibilidad de afrontar el pago de las cantidades que se les exigía y un folio manuscrito con información de un posible seguimiento a una eventual víctima de ETA.

Según consta en su declaración ante el l juez Marlaska, Goioaga negó que conociera lo que era Halboka. “No pertenezco ni integro esta organización ni ninguna estructura de ETA. Me suena el alias de Dionixio porque he conocido el auto de prisión de esta causa, pero el único alias que he  tenido era el de Iñako y nunca nadie me ha llamado Dionixio”, decía.  Dos años después, en octubre de 2012, fue absuelto al no considerar la Audiencia Nacional acreditado que hubiera realizado labores de mediación del llamado “impuesto revolucionario” ni que hubiera participado en un plan de fuga de la cárcel de Huelva de un preso etarra. Sin embargo, ahora la Fiscalía ha pedido que se investigue al candidato al Senado porque, sostiene, que en este procedimiento no se tuvo en cuenta la información que reveló el ex miembro de la banda, José Miguel Latasa Getaria,  ni la documentación adicional que obra en el marco de la causa contra los abogados de ETA.

El pasado 3 de enero Getaria, alias 'Fermín' en su pasado terrorista, publicó en el “Blog Arabatik” un artículo bajo el pseudónimo “Txindoki” titulado “De comisario político de ETA a Senador de España” en el que recuerda que Goioaga era el interlocutor de dicha organización terrorista con los presos de la banda, a los que impartía las ordenes de ETA, a fin de mantener un férreo control sobre los mismos. Entre otras lindezas sobre el abogado se lee: “Su chulería sobrepasaba los límites de lo normal. Lo que ya es una prueba de lo que mandaba se produjo en 1994 cuando estando yo en Nanclares me visitó para leerme la cartilla y decirme que no tenía que estar en ese Centro Penitenciario. Yo ya tenía claro mi posición al respecto y se lo hice saber, diciéndole, que si ya había leído aquello que entregué para la Organización, en la que pedía que los enfermos saliesen cuanto antes y aquellos que no aguantaban la cárcel, también; como que se dejase solicitar las redenciones e incluso se acudiese a los Jueces para solicitar con carácter retroactivo muchas de ellas y de eso ya hacía casi dos años. El no quería saber nada de esto, deseaba que yo le dijese cual era mi posición, la cual se lo dije: Que no estaba a favor de continuar con la Lucha Armada y que se debería dar un Alto el Fuego Unilateral para retomar unas negociaciones. Una vez oído lo que quería se largó sin despedirse y a los diez días fui expulsado de la Organización ETA por colaborador con el Estado Español y esto por medio del Diario Egin. La primera vez que ocurría".

El fiscal quiere también que se vuelva a analizar la documentación incautada por la Guardia Civil en la detención de Thyerri que permitió a los agentes constatar cómo estaba construida la red legal, la situación del colectivo de presos, la preocupación por ciertos huidos... entre otros puntos. Según la misma, Goioaga había recibido en 2008 comunicaciones de la cúpula de la banda de la mano del abogado próximo a la izquierda abertzale,  Jon Enparantza Aguirre que el 18 de mayo de 2008 se había reunido con David Pla, alias Mintxo, actualmente uno de los máximos dirigentes de ETA pero que entonces, cuando la dirección de ETA la lideraba “Thierry”, actuaba como correo entre los abogados aunque no se descartaba otro tipo de funciones.  Aquel domingo Pla le entregó a Enparantza información que Jon Salabarría le había proporcionado en un encuentro un día antes en el Ayuntamiento de la localidad francesa de Mimizan. Según recogió Marlaska después en su auto, Enparantza tenía el encargo de repartir varias “cartas” contenidas en el citado archivo a “Ilazki” (Julen Celara Errasti), “Marxel” (Arantza Zulueta Amuchástegui) y “Dioni”, Iñaki Goioaga Llan  quienes, a su juicio, realizaban distintas actividades dentro de la estructura de la organización terrorista, siendo significativo, en todos los casos, el empleo de alias orgánicos y la utilización del “PGP” (ambas circunstancias observadas en el “modus operandi” habitual de la Organización). En aquella cita David Pla recibió un primer documento referenciado como “Aupa Mintxo 853” en el que se detallaban las carpetas y documentos que tenía que repartir, se le avisaba de una próxima convocatoria para un “Seminario” -reunión de varios días con miembros de ETA prevista para los días 02 a 05 de julio de 2008-, y se le proponía a Juan María Jáuregui Zalacaín para que le ayudara en sus labores orgánicas. De hecho, recibió una “carta de captación” para el mismo. El resto de los documentos se los tenía que entregar al abogado Jon Enparanza Aguirre, a quien a su vez la “Organización” encomendó la labor de entregar a Goioaga un documento referenciado como “Dionixio 805”, encriptado con PGP, sistema habitual empleado por ETA, y que aún no ha sido desencriptado. El nombre del documento apuntaba a su seudónimo, y los números a la fecha, mayo de 2008.  Goioaga, a su vez, y siempre según el auto, debía "entregar varias notas remitidas por la Organización a otros destinatarios diferentes, conformando esta cadena una de las formas habituales de comunicación entre las estructuras clandestinas de ETA y sus 'colaboradores legales'".

La mencionada comunicación se la dirigía a Goioaga “Halboka”, una estructura orgánica de la banda terrorista creada en el año 2002 como sustituta del “Subaparato de makos”, que se encargaba de gestionar todo lo referente al “Colectivo de Presos” y a su entorno. En sus orígenes Halboka se organizó en dos subestructuras dependientes, Txanpa y Kt (talde coordinador). Txanpa era el espacio de dinamización y gestión que aglutinaba a todas las organizaciones y agentes sociales que luchaban a favor de los presos, expresos y “huídos” de ETA y contaba con una representación institucional o pantalla legal constituida por las organizaciones como Askatasuna, Etxerat, Tat y Behatokia. La última referencia documental de Txanpa de la que entonces tenía conocimiento la Guardia Civil databa del año 2004 aunque no descartaban que la subestructura actuara bajo otro nombre. Por su parte, el Kt era la subestructura encargada de coordinar a los presos y ex presos de la banda a través del “colectivo de presos” y del “colectivo de ex presos”, contando con la cobertura legal del Euskal Politiko Presoak Kolektiboak, formado por unos 20 ó 30 presos, algunos de los cuales eran elegidos como “interlocutores”.

Halboka actuaba en varios campos de actuación, como “IKETA”, encargada del seguimiento de las detenciones de miembros y colaboradores de ETA; HANKA, era el área de trabajo encargada de gestionar una red de acogida paralela a la de Harrera; “dentro”, que gestionaba todo lo referente al colectivo de presos; “exterior”, que dinamizaba a organizaciones legales como Askatasuna o Etxerat; “Bita”  que analizaba y gestionaba  los planes de fuga de prisión y que gestionó, por ejemplo,  en 2009 la fuga de varios presos en la prisión de Huelva, una operación frustrada por la Guardia Civil y el “Frente Jurídico” integrado por los abogados, “bertsolaris”, que como describía el  documento de Burdeos “Plan Ekonomikoa”, recibían un sueldo de la organización dependiendo si eran o no de plena dedicación.

 La participación de los abogados ha sido siempre crucial. Marlaska constata que eran especialmente significativas su gestión  en la gestión y cobro del “impuesto revolucionario”.  Según un documento incautado a la banda, la actividad de los abogados se reforzó y potenció en el 2002, coincidiendo con la reorganización de la estructura de ETA encargada de la dirección y control de su “Colectivo de presos”. Los abogados habían elevado a la “Dirección” de ETA una propuesta sobre la forma en que los primeros tenían que realizar su labor, dando la banda terrorista su visto bueno y subrayando las funciones que tendrían que desempeñar: por un lado mantener el control y asistir a los “confinados”, y por otro la defensa y asistencia jurídico-política a los detenidos de ETA y a los militantes de la banda terrorista que fuesen a ser juzgados. No obstante, en su comunicación ETA criticaba determinadas aptitudes del colectivo , como la falta de confianza entre sus propios integrantes, poner en duda la labor de los responsables, falta de autocrítica... En el documento, la “Dirección” de ETA insiste en que hay que superar el ambiente de desconfianza personal y política aportando una serie de pautas como buscar el consenso y la cohesión en el nuevo modelo de organización, potenciar un cambio general de postura, respetar las responsabilidades, funciones y ámbitos de trabajo de cada uno, no airear los “trapos sucios”...  Además, precisaban, que tenían que secundar la línea política marcada por ETA y transmitirla a los militantes de la banda terrorista. Según la cúpula en los últimos 10 años muchos abogados habían abandonado sus responsabilidades con la banda por desgaste personal, intereses personales, sobrecarga de trabajo, temor ante una posible detención, escasa gratificación económica, etc.

Si Goioaga realizaba o no estas tareas es lo que deberá decidir ahora un tribunal. De momento, el  juez Gómez Bermúdez será quien recabe "cuantos documentos contengan particulares relacionados con la actividad desarrollada por el denunciado en relación con las estructuras jurídicas de la organización terrorista ETA" y solicite al Servicio de Información de la Guardia Civil que realice un informe pericial de inteligencia a partir de estos datos.