Aborto: casi el 90% de intervenciones se practican en centros privados

manifestación por el aborto libre y legal en Madrid.
Una manifestación por el aborto libre y legal en Madrid. / Ahora Madrid (Twitter)

En España, cómo regular el derecho al aborto sigue siendo un debate polémico y lleno de aristas. Aunque las mujeres pueden interrumpir su embarazo voluntariamente y de manera gratuita, aún existen flecos pendientes que las administraciones prefieren ignorar. Es lo que han denunciado diferentes asociaciones feministas, que este jueves han convocado concentraciones en todo el país con motivo del ‘Día de Acción Global por un aborto legal y seguro’. Solo un dato sirve para ilustrar la estructura de este servicio sanitario en España: de las 94.188 intervenciones que se realizaron en 2015, el 88,28 por ciento se practicaron en centros privados, según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Eso sí, el servicio para las gestantes es gratuito.

“Hay que aclarar que son clínicas privadas con dinero público, por lo que las mujeres no pagan nada. Solo una pequeña parte decide pagar por opción personal”, explica Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE. Tal y como explica la especialista, esta derivación tan clara hacia el ámbito concertado tiene como punto de partida la Ley de 1985, que aprobó Felipe González y que despenalizaba el aborto en tres supuestos: la violación, peligro en la salud de la madre o malformación en el feto: “Hasta la reforma de  2010 los médicos no tenían seguridad jurídica completa. La pública no lo desarrolló, las clínicas privadas lo hicimos todo. Ahora nadie se quiere implicar porque sigue habiendo un estigma sobre los médicos. Los profesionales creen que practicar abortos resta en su carrera, no suma”, advierte sobre el poco prestigio que cree que aún hay sobre esta práctica, un tabú que algunos ginecólogos han luchado por derribar fuera de la sanidad pública. 

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Las asociaciones consultadas afirman que algunos profesionales de hospitales se escudan en el derecho a la objeción de conciencia para no realizar estas prácticas: “El problema es que en muchos centros públicos los jefes de servicio o algunos profesionales se niegan a través del derecho para no practicar este servicio sanitario reconocido. A veces, basta que lo diga el jefe de área para que no se haga en todo el centro”, explica Justa Montero, de la Asamblea Feminista de MadridPor eso, algunas asociaciones piden que se elimine o, al menos se regule de manera más estricta, aunque también exploran vías intermedias: “Debería haber listas públicas para asegurarse que en cada centro hay, al menos, un ginecólogo que pueda realizarlo y que se garantice”. Esto da como resultado algunas desigualdades estadísticas. De los 16.139 interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en Madrid, solo ocho se hicieron en un centro público.

Montero también incide en que el hecho de que la mujer tenga que ir a un centro fuera de la red de centros públicos refuerza el oscurantismo que a veces rodea al aborto, tratado como un tema íntimo (y con un claro enfoque moral) más que como un problema de salud pública. “Si a veces las mujeres sienten vergüenza, esto lo redobla”, sugiere. Si a esta situación se le suma que algunas veces se encuentran a antiabortistas con pancartas en la puerta de las clínicas, el sentimiento de culpa es mayor. Por eso, ACAI exige “tolerancia cero” contra estas personas que, con la excusa de la libertad de expresión, intentan condicionar las decisiones de las gestantes. Incluso, la asociación sugiere que se tipifique el delito de “obstaculización al aborto voluntario”, como en su día hizo en 1933 Francia con la Ley Neiertz. "Es muy importante que no se sientan juzgadas", apunta la experta.

El debate moral y político ha tapado la discusión pública de otros problemas más importantes que tienen que resolverse. Precisamente, Francisca García, alerta de la falta de preparación específica de algunos médicos. Aunque cualquier ginecólogo debería estar formado para hacer una intervención, en apariencia sencilla, la presidenta de ACAI advierte de que en la carrera faltan conocimientos específicos: “Solo se enseñan las técnicas más básicas y clásicas”. Si un recién licenciado quiere profundizar en esta técnica, es probable que tenga que acudir a estas clínicas para conocer los últimos avances o el trabajo diario, según cuenta García. También se han sepultado otros debates de calado, como, por ejemplo, si la mujer tiene derecho a elegir que la apliquen la técnica química o la instrumental durante las primeras semanas.

Las asociaciones también se quejan de que, con frecuencia, suele ponerse en cuestión las decisiones de la mujer: “Cuando se lo dices al médico, te da un sobre donde te explican lo que es el aborto y las alternativas y te mandan a tu casa tres días para que te lo pienses”, explican desde la Asamblea Feminista de Madrid. La coordinadora feminista publicó el informe 'Derechos sexuales y reproductivos para todas, todas, todas', donde considera esta medida como un "tutelaje" hacia las gestantes motivado por cuestiones ideológicas. 

Todas las asociaciones insisten en que las mujeres de 16 y 17 años puedan decidir sobre su cuerpo, un derecho que la ley de 2010 sí incluía y que el PP barrió después. De hecho, este miércoles, tanto PSOE como Podemos han reivindicado la necesidad de esta modificación en el Congreso.

El mapa de la interrupción del embarazo

Basta echar un vistazo al mapa de la distribución de centros que han notificado interrupciones del embarazo en 2015 para darse cuenta de la diversidad de cifras según el territorio. Mientras en Comunidades como Extremadura, Murcia o Castilla-La Mancha solo aparecen clínicas privadas, en otras zonas como en Cataluña hay 54 centros privados frente a 20 públicos: “El aborto farmacológico ha permitido que se haga en los centros públicos de manera generalizada y con buena atención”, explica Montse Cervera, de la Campanya por el derecho al aborto y de Ca la Dona de Barcelona.

Centros en España que practicaron abortos en 2015.
Distribución de centros que han notificado abortos. según Comunidad Autónoma y dependencia
patrimonial. / Ministerio de Sanidad.

Marisol Isua, directora del Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad de Galicia, no disimula su enfado al hablar de la situación que viven algunas mujeres gallegas: “En algunos casos, cuando las gestantes han pasado de la semana 14 se les ha mandado a abortar a una clínica en Madrid. Les pagan el transporte, pero no le costean el tren a su acompañante ni el hotel y las mujeres, en esas situaciones, no quieren viajar solas”, relata la experta. Desde el Servicio Gallego de Salud niega que exista este protocolo. Sin embargo, en 2016 un juez dictó sentencia contra la sanidad gallega por el caso de una mujer a la que mandaron a la capital y que acabó perdiendo el útero.

Protesta en Andorra

La convocatoria de las concentraciones de este jueves era global. Sin embargo, no hay que irse muy lejos de España para encontrar prohibiciones en la interrupción del embarazo. En Andorra, al igual que en San Marino o el Vaticano, abortar está prohibido. Por eso, el próximo 7 de octubre un grupo de mujeres se concentrará en la plaza del pueblo de Andorra la Vella con la intención de, al menos, abrir debate en la sociedad, ante un gobierno cerrado.

“Las mujeres de Andorra tienen que salir a abortar a Francia o a Cataluña”, explica Sac-Nicté García, miembro de Stop Violencia de Andorra, que convoca el acto. Esto supone que solo aquellas que tengan capacidad económica pueden permitirse los costes del proceso.

García sabe que abrir el debate en una sociedad conservadora es complejo. Por eso, es benévola a la hora de analizar otros casos de actualidad, como el referéndum sobre el aborto que planea Irlanda: “No es lo ideal someter un derecho a referéndum, pero tal y como está la situación en Andorra, nosotras pedimos al menos abrir un debate publico y que la gente pueda decidir”, valora sobre la importancia de que las mujeres estén informadas.