Ascensión López: “Mi condena es un aviso para las demás víctimas de bebés robados”

Cuando María Ascensión López comenzó a investigar sobre su adopción ilegal, no pudo imaginar que sería ella la que acabaría entre rejas. Esta mujer de 53 años es la presidenta SOS Bebés Robados en Almería y en 2015 fue condenada por injurias y calumnias contra una monja por señalarla en los medios de comunicación como la responsable de su adopción ilegal. Debe hacer frente a una indemnización de 40.000 euros y una multa de 3.000, una cantidad de dinero que no posee y que tendrá que pagar con la cárcel. El Gobierno le ha negado el último recurso que le quedaba, el indulto, una demanda por la que han peleado las asociaciones de afectados por los casos de bebés robados y que las altas instancias han desoído. “Es un aviso para las demás víctimas, para que no sigan indagando”, indica López a cuartopoder.es. No habla solo por ella, sino que recoge las sensaciones que le han hecho llegar los afectados por casos similares en otras partes del Estado.

López está cerca de convertirse en la primera persona en ingresar a prisión por un caso de bebés robados, aunque asegura ser una víctima. Al morir su padre, cuando ella tenía ocho años, un familiar le dijo podía ahorrarse las lágrimas porque ese no era su progenitor. Relata a este medio que el viernes se enteró por la prensa de que su solicitud había sido rechazada y que todavía no ha recibido ninguna notificación oficial. El Consejo de Ministros decidió el pasado 20 de octubre denegar la solicitud, aunque la Coordinadora X24, que representa a las asociaciones de bebés robados de todo el territorio, pidió el indulto al Gobierno con más de 90.000 firmas recabadas a través de la plataforma change.org. El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, reconoció entonces que aceptar la demanda era “complicado” porque contaba con un informe negativo del tribunal que dictó sentencia en Almería, otro similar de la Fiscalía y “una posición no favorable” de la religiosa que denunció.

López relacionó con su adopción ilegal a una monja prima de su padre, Dolores Baena, en un plató de televisión. La sentenciada recuerda que en aquel momento, en el año 2015, quería aportar toda la información que había recabado en su entorno familiar, que siempre fue hostil con ella, a diferencia de sus padres adoptivos. Cometió el error de acusar con nombre y apellidos a la religiosa, que, según explica, aparecía en un expediente de adopción en Sevilla que había conseguido obtener.

Las asociaciones de bebés robados de España que pertenecen al grupo Plan de Actuación de Asociaciones se mostraron “perplejas” el viernes y tacharon de “injusto” y “atroz” que el Gobierno negara el indulto a López. “Conozco a mucha gente en Almería que, tras mi caso, tiene miedo a seguir investigando o incluso a pedir documentación”, explica la sentenciada. Una veintena de asociaciones como Adelante Bebés Robados, S.O.S. Bebés Robados Madrid o S.O.S. Raíces han lamentado en un comunicado que “la celeridad judicial que parece que es posible para enjuiciar los errores producidos por las víctimas no se aplique también para enjuiciar a los presuntos agresores de los Derechos Humanos tan evidentes”. También han criticado la inflexibilidad que el Gobierno tiene con las víctimas, que contrasta con su silencio y flexibilidad ante “las misteriosas desapariciones de documentos que son de su competencia”.

La Justicia actúa con una mayor lentitud para sentar en el banquillo a los responsables de los casos de bebés robados, que comenzaron en el franquismo y continuaron durante gran parte de la democracia. En toda España hay dos médicos procesados por presuntamente se responsables de dos adopciones en Madrid: uno es el doctor Eduardo Vela, de la Clínica San Ramón; y otro es el doctor J.B.B., de la Clínica Santa Cristina. Los dos presentan una avanzada edad, todavía no hay fecha para los juicios y las asociaciones de bebés robados han denunciado que los agresores podrían fallecer antes de que se conozca la verdad. La víctima del primero de los casos es una bebé robada en 1969, Inés Madrigal, quien contó con la ayuda de su madre adoptiva para denunciar al doctor. La segunda afectada es Adelina Ibañez, quien busca un hijo que ahora tendría 42 años y que la monja sor María le comunicó que había muerto al nacer en 1975.

Los indultados por corrupción

El caso de Ascensión, contrasta con otros, que sí que han podido recibir la gracia del Gobierno. El pasado mes de febrero el Consejo de Ministros indultó a seis empleados públicos acusados por prevaricación continuada. Un exconcejal y cinco funcionarios del Ayuntamiento de Rota fueron condenados por pagar durante años a un funcionario con nómina, en forma de horas extra, trabajos que el Consistorio debía haber adjudicado vía contrato. El Ejecutivo de Mariano Rajoy evitó que los sentenciados entraran en la cárcel y cambió sus condenas de inhabilitación por suspensiones temporales. Catalá consideró que estos casos “no se pueden calificar como corrupción”.

El Gobierno ha negado en varias ocasiones conceder indultos a personas sentenciadas por corrupción, pero los hechos hablan por sí mismos. En 2009, cuando Alberto Ruiz Gallardón era el ministro de Justicia, el Ejecutivo indulto a Josep Maria Servitje, exnúmero dos del Departamento de Trabajo del Gobieno catalán en la época de CiU en en Govern o a miembros del Partido Popular como el exalcalde de la localidad malagueña de Valles de Abdajalís y a tres condenados por delitos de corrupción urbanística, entre otros. Según el observatorio Civio, que utiliza los criterios del Consejo General del Poder Judicial para definir los delitos de corrupción, el Gobierno de Mariano Rajoy ha indultado a 11 corruptos, mientras que se han indultado a 227 personas por delitos de corrupción desde 1996.