#IsaLibre: de cómo un libro sobre desahucios puede convertirse en una caja de resistencia

Cuando el juez dictó el pasado 14 de noviembre la condena de seis meses de prisión contra la activista Isabel por varias acusaciones tras intentar parar un desahucio, su hija se quedó muy decepcionada. “Me dijo que no le importábamos a nadie”, recuerda su madre. Unas semanas después, los compañeros de Tetuán Resiste le han demostrado a la joven que estaba equivocada. Gracias a un crowdfunding, en el que han participado 171 personas, han logrado recaudar 7.930 euros para pagar la multa que le impusieron, aunque ahora su próximo objetivo es llegar a los 10.000. “La solidaridad también es justicia”, concluye agradecida la activista de 51 años.

Aunque Isabel vive y construye Tetuán, en realidad es gallega. Emigró en 2010 cuando su pareja y ella perdieron el trabajo y decidieron venir a la capital, donde tenían un colchón familiar. Aunque es una conocida activista antidesahucios, nunca ha sufrido un lanzamiento. Su espíritu de lucha lo aprendió de su madre, que trabajaba en una fábrica y vivió varios episodios de lucha sindical, que combinaba con su trabajo y la crianza de sus seis hijos. Hay otro acontecimiento trascendental que marcaría su forma de leer su entorno: la ola de solidaridad que desató la catástrofe medioambiental del Prestige después de que las playas gallegas se tiñeran de chapapote. “Era un desastre que tenías que pararlo con las manos. Las manos que limpian, las manos que paran desahucios. También afloró la idea de que los políticos no eran capaces de revertir la situación”. Esta activista es conocida como Isa. 

La mala situación económica y esa desafección con los políticos, características que se convirtieron en generacionales, cristalizaron en el movimiento 15M en mayo de 2011. Bajaba todas las tardes a la Puerta del Sol, epicentro de tantos movimientos sociales que se desarrollaron después. Y de ahí, a la asamblea de su barrio. El primer desahucio que paró la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Madrid tras este acontecimiento fue en Tetuán, en junio de 2011. La historia del libanés Anwar Khalil será uno de los primeros capítulos que formarán el libro que narrará la intrahistoria del barrio.

Seis meses de cárcel tras intentar parar un desahucio

El 20 de noviembre de 2014, Isa acudió a parar el desahucio de Umberto, que se ejecutaría sobre las 11. Este hombre cayó en las garras del prestamista Antonio Arroyo, tildado por muchos como el “mayor usurero de España". Para Isa era un día poco conflictivo: “Parecía que iba a ser muy tranquilo, él no había hecho mudanza”. A veces era la propia Isabel la que negociaba con la comisión judicial que acudía al lanzamiento. Sin embargo, esa mañana le conduciría a uno de los tragos más desagradables de su vida: un juicio donde el fiscal pedía para ella dos años y seis meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad.

Desde ese momento, los relatos son contrapuestos. Mientras Isabel asegura que solo ejerció la resistencia pasiva, que la llevaron a la fuerza a un callejón e hicieron maniobras para inmovilizarla, la representante del Ministerio Público relató una versión distinta, que fue recogida por Europa Press: “Estas presuntas agresiones produjeron, según el fiscal, un esguince en el tercer dedo de la mano izquierda a una agente. Otra de ellas sufrió una contusión en la pierna derecha y la última policía municipal, la que tuvo lesiones más graves, un esguince en una articulación del metacarpo-falángico del primer dedo de la mano izquierda y artritis en un dedo de la mano derecha”. Isabel niega cada uno de estos detalles. Finalmente, la vista se saldó con un adelanto de sentencia que le comunicaba una condena de  6 meses de cárcel y una multa de 5.000 euros. Su abogado, Endika Zulueta, recurrirá la decisión, un paso que podría elevar la cifra del coste hasta 10.000 euros. A Umberto no le desahuciaron ese día, pero sí después. Isa le ha perdido la pista.

Jessica fue el día del juicio a la puerta de los juzgados a acompañar a la activista con un grupo. Recuerda que la vio tranquila. Mostrarle su apoyo fue una pequeña devolución de todo lo que la gallega había hecho antes por ella, que ha sido desahuciada hasta tres veces. La primera de ellas, cuando aún no había contactado con Tetuán Resiste, tuvo que dormir con sus hijos en un parque durante varios días.

En Ecuador, Jessica cuenta que era contable, pero aquí ha trabajado como cajera y reponedora. Hoy no tiene empleo. El despido de su marido dio lugar a los primeros impagos, que desembocaron en un desalojo, el primero de los tres. Ella y su familia aún no han logrado volver a entrar en el sistema y hoy siguen vivendo de okupas. Isa estuvo implicada en todo el proceso de auxilio. Parar desahucios no es su única labor en Tetuán Resiste. También acompaña a los usuarios a los bancos o a otros trámites.

Isabel nunca fue desalojada de su casa porque alquiló el piso para no perderlo. No es una afectada del drama de las hipotecas, aunque a ella no le gusta utilizar ese término: “A todos nos afecta en algún sentido”. Reflexiona pausada al otro lado del teléfono: “Me da la sensación de que he hecho el camino contrario al resto de mis compañeras, que primero fueron afectadas y después activistas. Durante este proceso he sentido esa incertidumbre y ansiedad que se tiene ante una ejecución hipotecaria”.

Represión contra los defensores de los derechos humanos

El acceso a una vivienda digna es un derecho básico que figura en la Constitución Española. Sin embargo, en nuestro país se entiende como un bien de inversión para hacer negocio, lo que provoca deficiencias graves, que se agrandaron y visibilizaron con la crisis económica.

El abogado Javier Rubio conoce bien los problemas que supone defender los derechos humanos. Él los lleva peleando varios años como letrado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. También escribirá un capítulo en el citado libro, en el que contará cómo logró que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU fallara contra España por permitir el desahucio de Mohamed Ben Djazia y de sus hijos sin darle una alternativa.

Por la mala situación económica, este argelino dejó de pagar el alquiler y fue desalojado en 2013 junto a su familia, que acabó durmiendo en un coche. Aunque había solicitado acceder a una vivienda pública, aún no se la habían concedido. Mientras, la Comunidad de Madrid vendía estos pisos a fondos buitre.

Rubio reconoce que en los tribunales aún "no hay tradición, prácticas y casi nociones” sobre el derecho a la vivienda. La sensibilización de la sociedad ha hecho que se refuercen conceptos como la protección de los derechos de los consumidores o la inviolabilidad de la vivienda. Aún así el letrado reconoce que la mayoría de los procesos no se resuelven en los juzgados y sí mediante mediaciones, donde la presión y el apoyo ciudadano también es clave.

En lugar de cambiar un modelo de vivienda que se ha mostrado deficiente e injusto, el Estado se ha centrado en aumentar la represión sobre los que defienden los derechos fundamentales. “Hay que tener en cuenta que el movimiento Stop Desahucios y la PAH han llegado a obtener la simpatía de un 80% de la población. Sus demandas han sido percibidas como legítimas y justas y, eso causa pánico entre los que ostentan el poder porque ha aparecido en la calle un contrapoder organizado”, reflexiona el abogado de esta última plataforma, que logró durante la crisis que la percepción de la culpa de un desahucio se transfiera del individuo al sistema. La falta de hogar se empezó a percibir como un problema estructural y no individual.

Aunque ya no copen los medios de comunicación, los desahucios se siguen produciendo. Isa sigue acudiendo a los portales los vecinos que lo demandan, aunque se reserva las horas de la comida para ir a buscar a su hija. “Ha sido una larga lucha y muchos ya se fueron de la parte activa del movimiento”, cavila. La lucha en Tetuán sigue viva.