Rubén Sánchez (Facua): “El Gobierno tiene que hacer lo que prometió con el recibo de la luz”

Lleva más de dos décadas de activismo en defensa de los derechos de los consumidores. Es la cara visible y portavoz de la organización Facua-Consumidores en Acción. Periodista de formación, colabora con diferentes medios de comunicación. Durante estos días, especialmente debido al temporal de nieve y frío, su actividad se multiplica especialmente. Rubén Sánchez (Sevilla, 1974) está muy pendiente estas semanas de la subida del precio en el recibo de la luz, de los desperfectos que ha ocasionado Filomena y no pierde otros asuntos de vista como que se cumpla la prohibición de las líneas telefónicas 902. En cuartopoder hablamos con él de estas cuestiones.

-¿Por qué sube la factura de la luz?

-Sube porque tiene que subir, aquí no somos demagogos. Porque llevamos ya unos meses en los que el gas natural está subiendo, la energía eólica o solar tiene menos peso y la luz tiene que subir. Eso es cierto. Otra cosa es si tiene que subir tanto como estamos viendo que se está incrementando en el recibo. Llevamos ya del 1 al 12 de enero de este año frente a las mismas fechas del año pasado un 37% de subida en el precio del kw/hora. Primero, tendrá que investigar la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) si no hay ninguna anomalía, si no hay ningún tipo de manipulación fraudulenta por parte de ninguna empresa. Eso lo pidió el ministro Alberto Garzón la semana pasada. Y es de cajón, siempre que hay movimientos especialmente al alza en los precios la CNMC tiene que estar muy pendiente. Pero no significa que sospechemos nada, solo que hay que mirarlo. En segundo lugar, en la parte de intervención estatal tan pobre que tenemos, en coyunturas como estas hay un subidón enorme y tenemos que seguir pagando tan cara la energía por culpa de que el gas natural sea caro o las renovables tengan menos peso en el recibo. Nosotros creemos que aquí el Gobierno tiene que hacer lo que prometió que iba a hacer e ir más allá incluso. Pero de momento como mínimo debería hacer lo que prometió en el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos de programa para la legislatura. Hay unos acuerdos, que seguramente lo que se plasmó en materia energética fue Unidas Podemos quien los impulsó, porque difieren bastante del programa de Gobierno del PSOE anterior. Pero creemos que se tienen que cumplir.

Ahora mismo tenemos una coyuntura en la que han salido a la palestra tres ministras, las tres del PSOE. Y las tres defendiendo que el mercado está como está, que lo que podría hacer el Gobierno no influiría apenas en lo que está pasando, que el Gobierno cumplirá sus compromisos pero a medio-largo plazo….Es decir, dando largas y además, como hizo la ministra Teresa Ribera, banalizando lo que está ocurriendo, como si no fuera para tanto y que solo serán de subida unos cuantos euros.

-¿Qué puede hacer entonces el Gobierno para que esta subida no sea tan abrupta?

. -¿Cómo puedes paliar la subida incluso sin tocar el precio del kw/hora porque no te da tiempo? Bajando la potencia. Es decir, el precio del término fijo del recibo, la potencia contratada, es brutalmente alto. El Gobierno de Mariano Rajoy lo incrementó alrededor de un 100%. Eso se puede bajar. Y de hecho en el acuerdo programático de PSOE y UP está la bajada del peso del término de potencia en la factura. Por otro lado está lo que se llama beneficios caídos del cielo. El hecho de que se esté retribuyendo a una serie de empresas por lo caro que le iba a costar emprender la producción de sus formas de generación energética, las renovables, se les están pagando una serie de primas que no tenemos por qué seguir pagando. Porque ya está más que amortizado todo lo que invirtieron hace mucho tiempo. Eso también está incluido en el acuerdo programático de Gobierno. ¿Por qué no se eliminan de una vez?

Por otro lado, creemos que también hay que poner precios máximos a determinadas formas de producción energética, que son muy caras y el Gobierno debería ponerles topes. Eso no está en el acuerdo de Gobierno pero sí estaba como posibilidad en el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno del PSOE logra que UP firme. A cambio de firmarlos se incluyó ese compromiso que al final no se ha cumplido y tampoco lo plasmó el PSOE en el acuerdo de Gobierno. Poner topes a los precios en el mercado mayorista para determinadas tecnologías de producción de electricidad.

-¿Por qué crees que no se actúa? Supongo que es importante el poder de las grandes eléctricas

-El acuerdo de Gobierno da a entender que este Gobierno de coalición no va a tener al PSOE de toda la vida, al de Zapatero, que se conforma con lo que había diseñado Aznar y no introduce grandes cambios en el mercado eléctrico español. No hubo cambio en la política económica por parte de los ministros de Energía. Luego llegó Rajoy y ahora cuando llega Sánchez nos preguntamos, ¿vamos a seguir con lo de siempre? Es decir, el oligopolio energético domina, el Gobierno no quiere intervenir y deja hacer a las grandes eléctricas o vamos a tener un cambio importante. Llega ese acuerdo programático porque hay un socio de Gobierno que impone una serie de medidas. En la teoría, en lo que son las promesas firmadas, va a haber cambios. Ahora, de cara a la realidad los cambios se están demorando y parece que se está intentando no aprobar todo lo que hay propuesto en ese acuerdo de Gobierno. Sobre todo porque estamos viendo mensajes del socio de Gobierno, al menos del portavoz parlamentario, Pablo Echenique, en los que dice que hay que exigir cumplir lo que se ha firmado. ¿El PSOE le está diciendo a nivel interno a UP que no tiene previsto cumplirlos? También es momento de que salga un ministro de UP a decir qué es lo que tiene que hacerse. Porque hasta ahora han salido tres del PSOE para dar a entender que no les preocupa tanto, que no tiene tanta envergadura o no es tan urgente.

-¿De cuánto dinero estamos hablando en esta subida? Llama la atención además que esto se produzca en una situación de frío extremo que vive el país

-Aquí siempre va a depender de qué perfil de usuario hablemos, de cuánto consumamos más la hora que en el mismo periodo del año pasado. Entonces es muy complicado. Nosotros para hacer la comparativa recurrimos a un usuario medio, un perfil que tenemos, que consumiera ahora lo mismo que el año pasado. Y ahí comparamos el mismo periodo con las tarifas. Tenemos así que ese recibo mensual subiría más de 18 euros. Casi un 37%.

-En muchas familias, claro, esa es una subida importante por la situación especial que vivimos

-La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado un mensaje diciendo que ya hay un bono social que cubre a muchas familias. Aquí hay dos cuestiones. El bono social hay que rediseñarlo porque se benefician de él muy pocas familias. Hay unos requisitos de vulnerabilidad económica excesivos. Habría que flexibilizarlos. Y, por otro lado, el bono social no lo conoce nadie. La gente no sabe que existe el bono social, la gente no sabe que existe una tarifa que se llama PVPC, que generalmente es más barata que las del mercado libre. La gente no tiene ni idea. Para que la gente conozca esto hace falta que exista alguien que se lo explique. Y que lo haga con poder de presencia en los medios. No vale solo que las asociaciones de consumidores nos dediquemos por activa y por pasiva a informar a la gente de la existencia del bono social. Lo que hace falta son campañas institucionales en los grandes medios de comunicación, campañas del Gobierno, diciéndole a la gente que si cumplen unos requisitos podrán acceder al bono social. Pero eso no existe. No verás en la televisión campañas así. Eso es lo que hay que hacer, y además obligar a las eléctricas a que acompañen en las facturas un folleto publicitario donde de forma clara y rotunda, bien visible, el consumidor sepa que puede acceder a esa tarifa si cumple determinados requisitos.

-Estáis también haciendo mucho hincapié en los derechos de los consumidores como consecuencia del temporal de frío y nieve. ¿Cuáles son los casos más llamativos? Se ha hablado mucho de las cancelaciones de transportes. ¿Qué puede hacer un usuario que haya sufrido una situación así?

-En relación a cualquier evento o transporte que se haya cancelado, el usuario tiene derecho a reclamar el importe íntegro, no tienen por qué aceptar un bono. En relación al transporte aéreo hay un mayor nivel de regulación y la normativa europea plantea que si te has tenido que quedar esperando muchas horas en el aeropuerto sin saber si salía tu vuelo y sin forma de volver a tu domicilio, la aerolínea te tiene que costear la comida. E incluso si está en una ciudad que no es la tuya te tendría que pagar el alojamiento hasta que te pueda llevar a tu destino. Eso lo tiene que reclamar la gente. Y si han tenido que pagarse el alojamiento o la comida porque las aerolíneas no se han hecho cargo, ahora puede presentar reclamaciones o denuncias exigiendo.

-¿Y en el tema de daños o desperfectos en la calle causados por el temporal a quién corresponde actuar?

-Si se han producido sobre un vehículo lo primero que hay que mirar es si el seguro privado te lo cubriría o no. El Consorcio de Compensación de Seguros no lo va a cubrir en este caso. Luego habría que ver, tanto si ha sido un daño a un coche como si un viandante ha tenido un accidente en la calle, si ha habido negligencia de la administración competente. Si es una negligencia, si por ejemplo el árbol caído ya estaba mal, si el Ayuntamiento ha tardado muchísimo en reparar los desperfectos del temporal, se podría hablar de una mala praxis y podríamos exigirle una indemnización. Otra cosa es que digas que cuando el Ayuntamiento dijo que no había que salir a la calle, yo salí a pasear, me caí y me rompí una pierna. Ahí has sido tú el negligente y te tendrías que aguantar. Pero dependería del caso.

-Supongo que estarán siendo días intensos en cuanto al aumento de consultas a organizaciones como Facua.

-Aumentan las consultas relacionadas con todos aquellos sectores que puedan tener relación con lo que está pasando: coberturas de los seguros, posibilidad de reclamar a la administración el perjuicio sufrido, problemas con eventos cancelados, transportes, etc. Todo esto aumenta el número de reclamaciones y consultas, claro.

-Cambiando de tema. Hace poco el Ministerio de Consumo prohibió las líneas 902, algo que organizaciones como la vuestra llevaba tiempo reclamando. No obstante, hay empresas que todavía no han sustituido estas líneas y de hecho Facua ha denunciado ya a alguna, como Vueling.

-Ha sido un gran paso que le llevábamos reclamando al ministro Garzón desde el inicio de la legislatura, incluso él ha ido más allá. Queríamos las medidas que hicieran falta para poner fin a los teléfonos 902, siendo conscientes de que el Ministerio de Consumo no tiene potestad sancionadora frente al incumplimiento de las leyes de Consumo. Ya entendíamos que los 902 vulneraban la ley, porque había incluso una sentencia del Tribunal de la UE diciendo que si un teléfono de atención al cliente es más caro que una llamada convencional, eso está vulnerando la normativa. Pero bueno, había interpretaciones distintas, las CCAA no coincidían y el Ministerio nos dijo que iban a legislar. La medida fue dejar mucho más claro en la normativa de Consumo que no se puede imponer una llamada a un 902. Y lo vimos bien. Cuando se aprobó el cambio normativo, el Gobierno fue más allá y ha llegado a plantear la obligación de la gratuidad del teléfono para empresas de prestación de servicios básicos de interés general: aseguradoras, aerolíneas, suministradoras, etc. ¿Cuál es el problema? Que ahora hay que estar detrás de las empresas para que cumplan la norma y denunciándolas para que las administraciones autonómicas de Consumo les abran expedientes sancionadores. Hemos abierto fuego con Vueling, porque seguía teniendo la línea 902. Esperamos que las administraciones de Consumo actúen porque es ilegal y hay que cumplirlo desde ya. A las empresas que incumplen las leyes en vigor hay que multarlas. Y por otro lado, queremos que lo antes posible rectifiquen, al igual que con otras empresas para las que tenemos preparadas denuncias, cambien esos teléfonos o publiciten los gratuitos.

-¿Qué otros temas crees que son urgentes y que podría abordar el Ministerio de Consumo?

-Hay dos cuestiones que les hemos planteado como prioritarias. Una es una regulación completa de los servicios de atención al cliente. Más allá de la numeración telefónica que se use está la calidad de la atención o la obligación de que tengan que contestar en un plazo máximo a un reclamación. Está el abono de cantidades a los usuarios si no se le contesta a una reclamación en el plazo debido. Es decir, si la compañía eléctrica no contesta en x días a una reclamación, tendría que pagar 30 o 50 euros como compensación, o una cantidad proporcional a la que el usuario reclamaba. En definitiva, que una compañía no pueda decidir que no te contesta o que tarde tres meses en hacerlo. Deberían tener plazos estipulados que si se sobrepasan se le pueda penalizar, con independencia de que la reclamación en sí se tenga que resolver.

La otra prioridad que hemos planteado es que queremos un cambio en la legislación de Consumo para que el Ministerio tenga competencias sancionadoras, que pueda poner multas cuando una empresa comete fraudes a nivel estatal o de varias comunidades autónomas. Desde el año 1984 estas competencias están exclusivamente en manos de las Comunidades Autónomas, y lo cierto es que nunca se ha producido la situación de que las 17 CCAA hayan sancionado a una empresa por cometer un mismo fraudes en las 17. Es decir, las empresas se van de rositas. Muy raras veces las multan, y cuando pasa las sancionan una comunidad autónoma o dos, con lo que la cuantía nunca es proporcional al fraude a nivel nacional. Ahí creemos que cuando trasciende de una comunidad un abuso o práctica ilícita, debería ser el Gobierno central a través del Ministerio de Consumo o una agencia adscrita al mismo la que pudiera implementar las acciones sancionadoras.