Las lluvias mandan sobre el consenso hídrico

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 Lo que son las circunstancias. Acaba de presentar el Defensor del Pueblo su informe sobre agua y urbanismo –“Agua y Ordenación del Territorio” es el título exacto– y apenas ha tenido repercusión mediática a pesar de la gran transcendencia económica del asunto y de las conclusiones que plantea. Ha ido a presentarlo justo cuando en España se da una situación de exceso de agua almacenada en los pantanos que obliga a mantener las compuertas abiertas para que no revienten las presas. Y, además, el invierno de lluvias excesivas que llevamos ha provocado los suficientes daños como para que algunos afectados hayan llegado a añorar la “pertinaz sequía”.

A lo que vamos. No se ha mojado demasiado, sin embargo, Enrique Múgica Herzog en el amplio texto que presentó el martes en la Comisión Mixta Congreso-Senado, pero sí asume algunas propuestas capitales hechas por el movimiento ecologista en la reciente historia del urbanismo español. Es decir, en un pasado tan próximo que es casi presente de desmadre urbanístico, abuso de recursos hidráulicos y mixtificación del paisaje en aras de un desarrollismo patético.

Algo tan meridianamente claro como que las dotaciones de agua para el crecimiento urbanístico deben ser calculadas con arreglo a la población real y al crecimiento vegetativo y no sobre las expectativas [excesivas] de desarrollo demográfico queda como una más de las conclusiones del informe del Defensor. ¡Cuántas veces, en los pasados veinte años, hemos contemplado atónitos en la costa mediterránea española que los organismos de cuenca y los ayuntamientos adjudicaban agua a los futuros desarrollos urbanísticos con el criterio de la población que se pretendía tener a medio o largo plazo y no con el de la número real de habitantes y su crecimiento real esperado!

Aún más. En los esos lustros de crecimiento inmobiliario decididamente insostenible, basado en el fracasado esquema de "campo de golf+segunda residencia" que ha urbanizado millones de hectáreas en las zonas costeras, también hemos contemplado atónitos cómo se construía y se edificaba sin tino ni tasa, en la confianza y la seguridad de que las dotaciones necesarias de agua serían ineluctablemente concedidas. Agua para Todos; Agua para Golfos: para levantar los complejos urbanísticos y para mantenerlos, a pesar de que la mayoría de ellos tienen una tasa de ocupación media anual similar a la de las segundas residencias costeras tradicionales. Es decir, irrelevante. Y, encima, la posmodernidad dominante vendía fuera y dentro de España el producto resultante con la pretenciosa etiqueta anglicista de resort.

Tampoco se pasa de innovador el informe del Defensor, pues, por ejemplo, expresa la exigencia de que todos los concesionarios de aguas públicas tengan contadores de caudal en sus pozos o fuentes. Esto ya está en la normativa del Dominio Público Hidráulico, vigente desde hace algunos años. ¿Por qué está en el informe del Defensor? Obviamente porque es manifiesta la situación de descontrol de las concesiones en la mayoría de las cuencas, y eso se produce por dejación, falta de medios, etc. de las confederaciones hidrográficas que supuestamente ordenan las cuencas.

Y en el políticamente controvertido y enfrentador asunto de los trasvases, el informe –recurro a una castiza expresión– se la lía con papel de fumar. Ni sí, ni no, sino todo lo contrario: depende de cada caso concreto. Idéntica salomónica postura ofrece ante la disyuntiva de si es mejor una desaladora que un trasvase. Depende. Nos suena, ¿verdad?

O sea, que estamos en las mismas de casi siempre, pues sobre los trasvases el Defensor remite indirectamente a un consenso entre territorios que, en la práctica, se ha revelado imposible. Quizá porque el poder central ha sido incapaz de articularlo. Al menos en la historia de la democracia española. Menos mal que este invierno está lloviendo mucho.

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