Ahorro energético: veinte medidas a falta de objetivo profundo

El Gobierno se ha puesto las pilas ante la nueva crisis petrolera que se barrunta en el horizonte. Lo cual, lo único que demuestra es que preocupa mucho más que tengamos que consumir obligatoriamente menos petróleo que la verdadera cuestión: romper la dependencia actual de los combustibes fósiles para disminuir radicalmente las emisiones de CO2 y, consecuentemente, el calentamiento global.

Entre el fárrago de anuncios de medidas que llevamos conociendo desde hace días, concretadas en las veinte del viernes, sorprenden más algunas críticas que las medidas en sí mismas. También se observa mucha reacción contraria sólo por el hecho de venir el mensaje de quien viene. El más impopular o, al menos, el más discutido de todos los instrumentos anunciados para ahorrar petróleo es la limitación de la velocidad en autopistas a sólo 110 kilómetros por hora.

El ahorro energético con esa disminución de la velocidad parece nimio, es verdad. Pero sólo la cantidad calculada de vidas humanas que no perecerían en accidente de tráfico si el límite baja diez kilómetros por hora parece suficiente para apoyarlo. Sin embargo, el revuelo contra los 110 kilómetros por hora es estruendoso. En el fondo parece que nos importa más lo accesorio –circular a más velocidad– que lo fundamental –conservar lo mejor posible nuestra especie, la humana– .

Ésa es la misma filosofía que impera en la visión general que se tiene del resto de medidas. Por ejemplo, sobre la disminución de la intensidad del alumbrado público. Ya se oyen voces que claman por la facilidad extra que eso supondría para los delincuentes que acechan por la noche en las esquinas o pretenden violar la santa propiedad privada con nocturnidad y, por supuesto, con alevosía.

Sin necesidad de estudio alguno observamos con nuestros propios ojos el disparatado derroche de energía eléctrica que se hace todos los días iluminando monumentos de todo tipo, polígonos industriales desiertos desde las siete de la tarde, autovías y autopistas sin tráfico nocturno, edificios de oficinas vacíos toda la noche, etcétera, etcétera, etcétera.

Hay otras propuestas que suenan casi a chiste, como el cambio de neumáticos que propone el ministerio de Miguel Sebastián. Lo mismo o más que suena a sarcasmo la propuesta avanzada desde su contraparte del Partido Popular de que lo hay que hacer es promocionar la energía nuclear. Como si fuera cuestión de días aplicar tanto una cosa como la otra y como si ambas no supusieran un fortísimo coste económico y ambiental en términos de emisiones de CO2.

Alguna, en fin, de las medidas son estimables como indicadores de buena voluntad, pero desenfocadas en su objetivo. Veamos desde ese prisma el permiso para que las bicicletas puedan rodar en aceras de más de tres metros de ancho. Como fórmula publicitaria para extender la conciencia del uso de las dos ruedas, no está mal. Pero hace competir por el mismo espacio, las aceras, a peatones y ciclistas, con gran cabreo de aquéllos, en vez de restar lugar, o sea carriles, a los automóviles para que las bicicletas circulen separada y seguramente, sin incordiar ni ser incordiadas por caminantes o por coches.

Lo peor es que todo el goteo informativo sobre esos asuntos desde el episodio de grave contaminación atmosférica en las grandes ciudades españolas de enero pasado solamente demuestra que no hay un plan general coordinado gubernativamente, consensuado con agentes políticos y sociales, con calendario de aplicación y objetivos definidos ni para hacer descender las emisiones de CO2 ni para afrontar el súbito encarecimiento del petróleo.

Como consumidor, sólo me queda claro que me hoy me cobran a precio derivado de la última subida del barril de petróleo una gasolina o un gasóleo que procede del crudo extraído hace meses, cuando el precio de referencia era un 20 o un 30 por ciento menor. Y que la especulación sobre el oro negro a cuenta del parón en la producción de Libia no ha hecho sino empezar y repercutirá en lo que cuestan los alimentos, pero no acelerará las acciones gubernamentales para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Ni la negociación del nuevo mix energético estatal que facilite el descenso de emisiones de CO2.