Juzgan al presidente de la Cámara de Murcia por delito medioambiental

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García Balibrea, presidente de la Cámara de Comercio de Murcia. / murciaconfidencial.blogspot.com

Si el lunes hubo un presidente de Cámara de Comercio que no pudo asistir por causa de fuerza mayor a la toma de posesión del nuevo presidente del Consejo General, Manuel Teruel, a la que sí asistió elministro de Industria, Miguel Sebastián,  fue Pedro García Balibrea, máximo responsable durante decenios del organismo cameral murciano. La razón era sencilla: a esa hora se sentaba en el banquillo de los acusados en la Sala de lo Penal del TSJ de Murcia acusado de un delito medioambiental. Junto a él está acusado de prevaricación el antiguo alcalde socialista de Santomera, José Antonio Gil, cuya condición de aforado como diputado regional retrasó aún más un proceso que dura años. Hasta que el lunes, finalmente, se inició la vista oral.

El fiscal de Medio Ambiente, José Luis García Manzanera, pide tres años y dos meses de cárcel para el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia y 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación para el ex alcalde y ex diputado socialista. Al primero se le juzga por mantener abierta una cantera de su propiedad de forma ilegal; al segundo, por hacer la vista gorda a las denuncias de un vecino afectado y no aplicar la normativa municipal al respecto.

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Naturalmente, ambos acusados tienen explicaciones que ofrecer al tribunal para que no les considere culpables, pero el largo proceso judicial que dura ya una década muestra bien a las claras que tanto el responsable de la cantera El Zacacho, en tanto que principal accionista de Áridos del Mediterráneo Sociedad Anónima (ARIMESA), como el ex primer regidor de Santomera, municipio a 15 kilómetros de la capital murciana, utilizaron todos los recursos y mecanismos legales a su alcance para seguir en sus trece.

Lo que revela, por un lado, una mentalidad bastante generalizada entre determinados, no todos afortunadamente, empresarios españoles de que los pruritos medioambientales no deben ser considerados razones de peso para dejar de actuar comercialmente y “crear riqueza”. Y por otro también desvela la laxitud con la que muchos, no todos tampoco, de nuestros gobernantes de todo nivel encaran los problemas ambientales si consideran que hay algún puesto de trabajo en juego, según los empresarios, claro. La conjunción de ambas mentalidades se vio perfectamente reflejada en las palabras pronunciadas ayer mismo por el nuevo presidente del Consejo Nacional de Cámaras, sentado a la diestra del ministro de Industria.

En conferencia de prensa, Teruel ha argumentado que "el empleo no se compra en los mercados, sino que lo generan los emprendedores", especialmente las pymes, para las que el apoyo de las cámaras es fundamental.

En el caso que nos ocupa, el apoyo es indudable, al conjugarse en una sola forma la cámara representativa y el empresario representado. Y eso sirve, en este y en otros casos para cubrir con un tupido velo exculpatorio determinadas prácticas antiecológicas y tapar con otro más espeso si cabe la negativa a acatar resoluciones administrativas y jurídicas contrarias a los intereses emprendedores. Por cierto, la desgraciadamente famosa cantera recibió orden de cierre en junio de 2008 por parte del TSJ de Murcia, en proceso contencioso-administrativo paralelo al penal, cuya vista oral se inició ayer, porque su actividad no se ajustaba a la autorizada. Nunca ejecutó esa orden.

ARIMESA hizo caso omiso de esa orden y continuó con la cantera, abierta desde hace ya 36 años, sin que ninguna administración, ni la local de Santomera, ni la autonómica de Murcia, tomara cartas en el asunto a pesar de los varios expedientes abiertos. Sólo para eso sirvieron las denuncias de particulares y grupos ecologistas. Y para extender la sensación de que en la sociedad española del siglo XXI siguen existiendo algunos ciudadanos que actúan como si de medieval bula papal disfrutaran. De hecho, la cantera El Zacacho sigue abierta, pues el fiscal pide en sus conclusiones provisionales, además de las penas de cárcel, el cierre de la explotación durante cinco años.

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