La herencia verde que deja el PSOE: otro vendrá que bueno me hará
“Espero que acabemos con El Algarrobico en este mandato”, tituló a toda pastilla el diario El País una entrevista de una página y media, publicada el 13 de noviembre de 2010, citando palabras casi textuales de la actual ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, pocos días después de tomar posesión del cargo.
Desde entonces, la responsable ministerial ha introducido matices, dilaciones, precisiones, comas, puntos y coma y puntos seguidos en su discurso para acabar afirmando el pasado lunes que el Gobierno espera una resolución judicial firme para echar abajo el desgraciadamente famoso hotel de la costa del Parque Natural de Cabo de Gata, “si efectivamente la sentencia da lugar a ello”, según recogió la Agencia Efe en Almería, provincia en cuyo municipio de Carboneras sigue enclavado ese atentado hotelero a tantas cosas.
¿Se excusa Rosa Aguilar, ahora que termina su mandato, en que la legislatura se ha acortado cuatro meses para justificar su inacción sobre El Algarrobico, a pesar de las palabras antes reseñadas? No. Le basta simplemente con remitirse a la falta de firmeza de una sentencia emitida el 5 de septiembre de 2008 que establece la ilegalidad del hotel y la necesidad de derribarlo.
¿Por qué razón, entonces, no ha actuado el triple ministerio como acaba de hacer Ecologistas en Acción que pidió una semana después de cumplirse el tercer aniversario de la emisión de la sentencia su ejecución forzosa al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería?
Esa ejecución podría haber sido solicitada por el ministerio de Rosa Aguilar el mismo día, o antes, en que se publicaron sus contundentes palabras sobre el hotel erigido en una playa de Carboneras invadiendo el dominio público marítimo e infringiendo las normas de protección del Parque Natural de Cabo de Gata.
Podría pensarse que la ministra no ha hecho nada porque la adopción por su ministerio de una postura verdaderamente firme, como sugerían sus palabras, sobre el caso dejaría en muy mal lugar a la Junta de Andalucía, lugar de paso de Aguilar tras su abandono de IU y su salto a la cartera ministerial, puesto que la sentencia del Juzgado mencionado acusaba al gobierno regional andaluz de “la burda maniobra de sustituir la planimetría del PORN oficialmente publicada por otra en la que se ubicaba los terrenos en una zona, la D2, en la que no resultaba incompatible el uso urbanístico, permitiendo, de esta guisa, la construcción de un hotel en suelo de especial protección y con laminación de la servidumbre de protección estatuida en la Ley de Costas”.
Es decir, no sólo José Antonio Griñán, actual presidente, sino su antecesor Manuel Chaves, quedarían en muy mal lugar. Pero este caso no deja de ser más que un botón de muestra de la inexistente política realizada por la ministra Rosa Aguilar. Pues el viejo Ministerio de Medio Ambiente perdió buena parte de su sentido cuando al presidente Rodríguez Zapatero se le ocurrió crear el nuevo de Medio Ambiente, Rural y Marino. Así, la inoperancia de Aguilar no nos ha pillado por sorpresa, habida cuenta de los resultados obtenidos por su antecesora al frente del nuevo triple departamento, Elena Espinosa.
La ex alcaldesa de IU en Córdoba y ex consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta socialista de Andalucía, por orden cronológico, no ha hecho más que seguir directrices emanadas de otras parcelas de poder estatal o regional, como ya hizo su predecesora. Otra muestra de esto en la reciente aprobación de la reforma de la Ley de Aguas, en pleno mes de agosto, que ha conseguido lo que hasta ahora ningún otro ministro del ramo había logrado: unir a los ecologistas y a los regantes en la protesta contra la nueva norma.
Y así sucesivamente, incluyendo la política nuclear, la de eliminación de residuos… Para qué seguir con Rosa Aguilar, si en realidad el personaje determinante en cuestiones ambientales desde el año 2004 se llama Miguel Sebastián, como acabamos de ver con la decisión de prorrogar diez años la vida de la central nuclear de Ascó (Tarragona).
No obstante, justo es señalar que, al final de la abreviada legislatura, el PP le ha hecho un gran favor a la ministra y al partido de Rodríguez Zapatero gracias al rechazo derechista en el Congreso, el martes pasado, a aprobar una reducción drástica de las emisiones de CO2. Merced al cerrilismo medioambiental del Partido Popular, la ministra Aguilar y el PSOE pueden entonar el “otro vendrá que bueno me hará”. País de locos.
Este circo cotidiano nos está saliendo muy caro a todos ¿Cómo es posible que se demore la ejecución de la sentencia de una aberración?
¿Quién puede votar de buena fe a PP o PSOE con estos personajes salvo los borregos o los aprovechados?
Cualquier periodista informado y objetivo habría diferenciado entre la primera etapa Cristina Narbona como ministra del Gobierno Socialista, en la que se realizo por primera vez en la historia de la democracia en España una política ambiental y se marcaron líneas importantes en materia de energía, costa, agua y cambio climático y se sacaron adelante muchas de las leyes medioambientales que son la arquitectura de las que existen en la actualidad.
Y una segunda etapa de dudas, el Gobierno rebaja el perfil del medio ambiente y ha faltado el impulso, la voluntad y la lealtad política para que las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos, asumieran que la gestión del medio ambiente no es de derechas ni de izquierdas es de sentido común pues afecta a las condiciones de vida y a la existencia de los seres vivos y en especial la de los seres humanos.
No entiendo el comentario de nahuatl porque precisamente desde que Narbona se fue a París, sus sucesoras lo que han hecho ha sido desvirtuar lo que ella intentó hacer, cambiando la ley de aguas, negociando una rebaja de la de costas, ignorando el tema energético y dejándolo todo en manos decisorias y decisivas de Sebastián, mientras el PSOE central y periférico a verlas venir y sin hacer nada.
La que dejó una herencia nefasta para el medioambiente fue Cristina Narbona. Parece ser que nadie quiere recordar VillaPSOE, destruyendo el medio ambiente y cortando arboles centenarios para que el ministro Blanco vea bien el mar. Tampoco se recuerda el hotel Vela, en terrenos ganados al mar; ni el hotel Papagayo; ni la compra que hizo de las ruinas de Cap de Creus que debieron derribar sus dueños y que se ha hecho a costa del dinero de todos. Y que decir de las desaladoras…o de la destrucción de los pequeños poblados de pescadores. Hasta Margrete Auken pidió que se protegieran de la ley de costas y que se modificara la norma y, para verde Auken.
Narbona ha sido nefasta para el medio ambiente, pero echate fama y echate a dormir.
Odio decir esto, pero hay alguien que no falta a la verdad como el resto de los políticos de este país, esa es Ana Botella al afirmar ‘que no va a hacer nada que esté en contra de los intereses económicos’, aunque dicho después de una mentira tan grande como la catedral de Toledo (que ella tanto aprecia) que es que: «El aire de Madrid es de excelente calidad» y yo me pregunto: ¿cuando acabaremos con el concepto de que una pseudociencia es la única capaz de gobernar de forma eficiente lo que pasa en nuestro entorno?