El PP completa la involución general con la prórroga a la nuclear de Garoña hasta 2019
El Partido Popular ha culminado su contrarreforma ambiental con la prolongación hasta 2019 del permiso de funcionamiento a la central nuclear de Garoña. No ha sido una larga marcha. Al nuevo gobierno de España le han bastado dos meses para trazar su política involucionista en materia natural y completar así el retroceso legislativo general.
La suerte que han tenido los ministros Miguel Arias Cañete (Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) y José Manuel Soria (Industria) es que sus directrices antiecológicas están siendo muy tapadas por el tremendo ruido que otras contrarreformas sectoriales están desatando: la laboral, especialmente.
Lo que no quiere decir que lo trazado, o destrozado, por el nuevo partido gobernante sea cosa nimia o banal. En apenas sesenta días, los cambios introducidos por el PP en materia ambiental son tan radicales como los decididos en el mercado de trabajo, o los anticipados en legislación social (divorcio, aborto, dependencia, etc.), aunque sean no tan directamente sangrantes.
Estamos ante una involución en toda regla para cuya ejecución los nuevos gobernantes no experimentan duda alguna: lo tienen claro y van a por todas. Y quien no lo crea, que mire lo que está pasando estos días en Valencia. Así lo demuestra, volviendo a lo nuestro, el anuncio del final de las restricciones que la Ley de Costas establece para determinados usos del litoral. Importa más mantener los chiringuitos playeros en los que celebrar a partir de esta primavera y a ritmo de sevillanas y malagueñas el triunfo que parece avecinárseles en las próxima elecciones andaluzas.
Importa más también tranquilizar a las eléctricas con la eliminación de las primas a las fotovoltaicas y térmicas. Y eso a pesar de que dos gobiernos regionales del PP, dos (el de Valencia y el de Murcia), habían llevado al Constitucional la vergonzante reforma de ese sistema de primas introducido con calzador por el supuestamente socialista ministro Miguel Sebastián.
¿Qué harán ahora esos dos ejecutivos autonómicos “populares”? El de Murcia se tira a la piscina sin red, como ya hizo cuando su presidente Ramón Luis Valcárcel hizo de kamikace político lanzando en el Casino de Madrid ––el marco que más le va al personaje–– el globo sonda del copago sanitario, y asegura que mantendrá el recurso. Su colega valenciano, Alberto Fabra, más discreto y menos petulante, guarda silencio. De momento.
Las grandes del sector (Iberdrola, Endesa) debían estar muy asustadas con la supuesta deriva del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Aunque, más bien, lo que les daba grima era la falta de decisión del ex ministro Miguel Sebastián, quien pretendía nadar y guardar la ropa sin dar un hachazo radical a las primas de las renovables.
Ahora se lo ha dado el PP, cuyo nuevo ministro de Industria, José Manuel Soria, no ha hecho más que terminar de abrir la puerta que el PSOE entornó. Lo hicieron los socialistas con las renovables y lo hicieron también con la energía nuclear. Lo advirtió Ezker Batua (IU vasca) viente días antes de que se oficializara la decisión de prolongar la actividad de Garoña hasta 2019: PP, PSOE y PNV así lo han pactado.
Lo de Garoña se hace porque hay que mantener contentas a las eléctricas que, además, dominan en mayor o menor medida, más o menos indirectamente, el sector de la construcción en el que el PP sigue confiando como único motor de una economía cada vez más atrasada como la española. Por eso no quieren ni pensar en adoptar las alternativas que se les plantean desde un sector y también desde el otro.
La prolongación de la vida de Garoña hasta 2019 no es más que el corolario lógico y consecuente con la eliminación de las primas a las renovables que pone en un brete de crecimiento a este sector que, a pesar de sus reconocidos excesos, crea empleo, mantiene su actividad y es el futuro, les guste o no a los que han decidido tropezar en la misma piedra.
Está claro que la obsolescencia técnica de Garoña es cuestión banal para quienes han forzado la exageración de su longevidad. Como lo es que el reactor encomendado a Santa María sea gemelo del que tantos problemas sigue creando en Fukushima I, de cuyo accidente se cumple en apenas tres semanas su primer aniversario, un 11 de marzo en el que habrá ocasión de recordar al PP sus desmanes ambientales.
En 2019, la instalación -propiedad de Endesa e Iberdrola– cumplirá 48 años y dicen los expertos que para alcanzar esa edad la central precisa de millonarias inversiones en seguridad. ¿No sería más rentable que ese dinero se empleara en otro tipo de inversiones más rentables ambientalmente y más seguro? Está claro que el PP, el PNV, las compañías eléctricas y algunos sectores del PSOE no piensan así.
