El desbarajuste energético de Soria y Montoro: siguen pagando los mismos

No es la primera vez que recurro al pensamiento aquel de “otro vendrá que bueno me hará”. Eso debe estar pensando en estos días el ex ministro socialista de Industria, Miguel Sebastián, felizmente perdido para la cosa pública española. Su récord de descontrol y gestión errática e ineficaz en el campo energético parece que va a ser ampliamente superado por el actual responsable popular de la cartera, José Manuel Soria en comandita con el responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Los primeros tanteos públicos sobre los nuevos impuestos que se pretenden introducir sobre “todas las fuentes de energía” ha conseguido levantar en armas a todos los sectores, desde el eléctrico/nuclear hasta el fotovoltaico, el eólico o el termosolar. Los ministros afectados no parecen estar muy de acuerdo sobre la conveniencia de aplicarlos. Por eso existe la duda de si el Consejo de Ministros del viernes 20 de julio los oficializará.

Cumbre máxima del desbarajuste que está montando Soria es la amenaza de los propietarios de la central nuclear de Santa María de Garoña (Iberdrola y Endesa) de abandonar la producción, apenas dos semanas después de que el Boletín Oficial del Estado publicara la prolongación de vida de la instalación de 2013 hasta 2019, cosa por la que el Partido Popular luchó denonadamente cuando estaba en la oposición, pero, claro, sin los 550 millones de euros que tendrá como impacto en la energía nuclear la subida fiscal que planea el Ejecutivo de Rajoy.

Una cosa es que este Gobierno supuestamente popular vaya, fiel a las políticas que desarrolla, a hacer que sean los usuarios quienes costeen mayoritariamente la tasa ambiental que pagarán las eléctricas/nucleares para rebajar el déficit tarifario de 24.000 millones de euros. Y otra que los “amigos” de Rajoy, es decir, los empresarios energéticos se vean obligados también a sumarse al esfuerzo por la vía impositiva. En el consejo de Administración de Endesa se sienta José María Aznar; en el de Iberdrola, Ángel Acebes.

No es esto, tampoco, lo que los dueños e inversores en energías renovables y no renovables querían para el futuro cuando criticaban duramente las políticas de Miguel Sebastián en Industria. Las patronales energéticas están en guerra viendo lo que les va a echar ahora encima José Manuel Soria. Y hasta el PSOE, por boca de su diputado Hugo Morán, se arrepiente también ahora de haber aprobado los decretos con los que el anterior ministro recortó el 30% de las primas al sector renovable que ya se había constituido como un importante productor de energía en España.

El cabreo, porque no se puede llamar de otra manera, es importante. La patronal Asociación de Energía Eólica (AEE) está dispuesta a llevar al Gobierno a los tribunales si se decreta la tasa del 11% sobre la facturación de los parques de molinos de viento. Por su parte, la Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar) cree que la nueva fiscalidad sería “desproporcionado, discriminatorio y posiblemente inconstitucional". Y los fotovoltaicos de ANPIER están que trinan.

Hasta el comúnmente sumiso presidente murciano del PP, Ramón Luis Valcárcel, se ha visto en la obligación de “protestar” ante el ministro por el nuevo impuesto que planea para la energía fotovoltaica, que puede llegar hasta el 19% de la facturación. Resulta que esa región es la que mayor densidad tiene de instalaciones fotovoltaicas por kilómetro cuadrado: 33 kilovatios por kilómetro cuadrado frente a la media española de 8,26. Y la mayoría están en manos de pequeños inversores a los que la nueva imposición les puede suponer la ruina.

Pero junto a ese territorio, los ciudadanos de otros ocho (Asturias, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Valencia) tendrán que pagar el suplemento ambiental que se decida sobre la electricidad: el llamado “céntimo verde” que se sumará al recibo de la luz. Y esta subida ya está aprobada: lo fue en el Consejo de Ministros del pasado viernes, pero quedó semioculta entre la vorágine desatada por el resto de recortes.

Los favoritismos a las grandes eléctricas del ex ministro Sebastián van a ser, por tanto, corregidos y aumentados, sin que las patronales del sector estén ni siquiera de acuerdo con ellos; y además con la subida generalizada a la gran mayoría de los ciudadanos de la fiscalidad sobre las energías que intentan pergeñar, al parecer si mucho acuerdo entre ellos, los ministros Soria y Montoro. Al final, pagará la inmensa mayoría. Conseguirán que nos añoremos a aquel otro.