La vicepresidenta de la UE aplaude la amnistía del PP a los invasores de la costa

Parece que la Unión Europea ha cambiado el paso en lo tocante a la conservación del medio ambiente litoral, al menos en España. Desde hace años, los ecologistas españoles han contado con sus recursos o denuncias a la instituciones de Bruselas como método eficaz para detener o impedir expolios ambientales pretendidos por las administraciones españolas, especialmente las autonómicas y locales. Decenas han sido los proyectos, sobre todo de infraestructuras, que han sido paralizados desde Bruselas porque su realización no se ajustaba a las normativas comunitarias de protección del entorno.

Los muchos grupos ecologistas que en España funcionan saben muy bien que, frente a la desidia y trapacería de muchos administradores locales que manejaban a sus funcionarios para que, por ejemplo, emitieran declaraciones positivas de impacto ambiental de dudosa justeza, frente a esas prácticas, decía, quedaba el recurso a las instituciones europeas para paralizar los desmanes urbanísticos e infraestructurales que se pretendían.

Pero, desde el primer sábado de agosto, podemos colegir que algo ha cambiado en las burocracias bruselenses con las declaraciones de Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Justicia, quien se mostró satisfecha porque la reforma de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy “protege eficazmente el medio ambiente costero al tiempo que se ofrece una mayor seguridad jurídica a los propietarios”.

Obviamente, la vicepresidenta no conoce o desprecia las opiniones de las organizaciones ecologistas españolas. A la espera de saber qué opina el comisario de Medio Ambiente, el esloveno Janez Potocnik, queda claro con las palabras de la luxemburguesa Reding que la Comisión parece optar por la misma posición que mantiene el Gobierno de Rajoy y su ministro Arias Cañete: es más importante preservar los supuestos derechos de la propiedad privada que defender lo público. Y son "supuestos" porque fueron adquiridos irregularmente.

Aparentemente, el meollo de la cuestión son los cientos, quizá unos pocos miles, de ciudadanos británicos, alemanes, belgas, holandeses etc., que han sido engañados y estafados en los pasados años del boom inmobiliario ––y también antes–– por promotores y constructores sin escrúpulos vendiéndoles casas o pisos ilegales y que, después, se han encontrado inmersos en la pesadilla que esto supone.

No se pueden ignorar las tragedias que azotan a esos incautos compradores de viviendas tanto en la costa como el interior. Pero el motivo que alienta a Reding son las quejas que algunos otros ciudadanos, comunitarios y españoles, han dirigido en los últimos años a Bruselas protestando porque la antigua Ley de Costas, que establece, entre otras cosas, la servidumbre del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) en 100 metros, perjudica supuestamente sus intereses.

Según esas quejas, la ley de 1988 atentaba contra sus derechos como propietarios, sobre todo porque los deslindes costeros ponían negro sobre blanco cómo, dónde y cuándo esos ciudadanos habían invadido el DPMT, o sea la costa pública. Así que Reding no está defendiendo a pobres jubilados o trabajadores en activo que han comprado viviendas ilegales, sino a aquellos que tienen sus casas en primera línea de playa o de mar. Y todos sabemos que, en la inmensa mayoría de los casos, no son personas de escaso poder adquisitivo quienes vienen accediendo en las costas españolas a ese tipo de construcciones.

“La nueva ley española tiene por objeto mejorar la seguridad jurídica para los ciudadanos y las empresas europeas y, por lo tanto, también su confianza a la hora de invertir en un entorno jurídico extranjero”, ha dicho Reding. Convendría que la vicepresidenta y comisaria de Justicia explicara qué tipo de seguridad jurídica puede mejorar ahora cuando la denostada ley se aprobó en 1988 y ningún gobierno español, hasta el actual, la había tocado. La comisaria debería, en vez de celebrar la amnistía costera de Rajoy, pedir la aplicación del principio de “quien contamina, paga”, también invocado cínicamente por el presidente español en su anuncio sobre la reforma de la ley, en vez de defender los intereses de unas centenas de infractores frente al uso público del dominio marítimo terrestre.

Para terminar, dos preguntas. ¿Qué mayor seguridad jurídica hay que preservar los intereses del Estado, es decir, de todos los ciudadanos, frente a la legalización de las privatizaciones irregulares? ¿Qué cara se le pondrá al fiscal de Medio Ambiente de Almería, que quiere empapelar al alcalde de Carboneras por resistirse a derribar el tristemente famoso Hotel de Azata del Sol en la playa de El Algarrobico, cuando conozca las opiniones del comisaria Reding?