Corridas de toros en TVE: ¿golpe de estado cultural o reino de la moviola?

Si la política social y económica del partido actualmente gobernante se va pareciendo cada vez más a una trágica moviola futbolística aplicada a las estructuras del Estado, no cabe decir menos de las directrices supuestamente culturales que desde el poder emanan. Estrafalaria muestra de ello es la reposición de las transmisiones televisivas en horario protegido de la mal llamada “fiesta nacional”, iniciada ayer a las seis de la tarde desde Valladolid con la actuación de El Juli, Talavante y José Mari Manzanares jr. Y si las voces más críticas de la izquierda nacional hablan de golpe de estado económico en relación con los recortes emprendidos por el Gobierno de Mariano Rajoy, puede que ahora estemos ante un golpe de estado cultural.

Ciertamente, la arbitraria decisión de los gestores de Televisión Española no es de extrañar habida cuenta de la reacción registrada en algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP (Madrid, Murcia) para que la muerte de toros en plaza pública fuera declarada Bien de Interés Cultural, a raíz de la prohibición de esos espectáculos en Cataluña en 2010.

La aparentemente inocua decisión tomada en el Ente público no lo es. Ni mucho menos, porque, para empezar, contraviene lo establecido en la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, según la cual esos sangrientos espectáculos no pueden ser emitidos en horario de protección, es decir, en esas horas en las que nuestros tiernos infantes se recrean ante la caja tonta tras acabar su jornada lectiva o tras la siesta en vacaciones.

Esa norma con rango de ley no hizo sino refrendar la decisión de cuatro años antes de TVE de eliminar de su parrilla la “fiesta nacional” precisamente por el horario en que se celebran esas carnicerías públicas y el público potencial que tienen. Quizá si se emitieran en diferido, de madrugada, como se hace con actuaciones de jazz o de indie rock en atención a su minoritario público, el ruido de la protesta sería menor.

Pero, entonces, la disconformidad cambiaría de bando y serían los “taurinos” quienes se indignaran contra el inadecuado horario. Pues son incapaces de reconocer que esa supuesta fiesta tiene un carácter absolutamente minoritario en la España actual y que, como sí admiten los pocos aficionados a esta sangría pública, el llamado “arte de Cúchares” está en decadencia, desvirtuado, comercializado, adulterado y más se asemeja a un espectáculo circense que a otra cosa en la inmensa mayoría de lugares donde se celebra.

La vuelta a las corridas televisadas ha provocado que en Cataluña se pida la desconexión de la señal estatal de TVE cuando se transmitan. Más seriamente, ayer mismo también, la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDA) denunció en el Congreso que no se haya seguido el debido trámite del debate parlamentario para autorizar que se contravenga una ley, la Audiovisual de 2010.

Hizo notar, además, la APDA que semejantes espectáculos difícilmente se podrían celebrar si no fuera por las subvenciones que reciben de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. Ni trasnmitir por TVE si ésta no hubiera destinado 7.035.551,94 euros a la programación taurina en los últimos cuatro años.

¿Estamos, pues, ante un golpe de Estado cultural? No. Por dos motivos. Primero, porque el inefable ministro de la cosa, José Ignacio Wert, ya se preocupó de especificar que uno de los loables empeños de su departamento sería “fomentar la tauromaquia”. Y segundo porque, para aceptar ese axioma, deberíamos admitir el carácter “cultural” de un espectáculo cuyo objetivo es el regodeo y el disfrute con la tortura y muerte de un animal. O de una especie que se pretende genéticamente seleccionada para tal fin, cosa sobre la que habría que oír las opiniones de los bioéticos católicos que anatematizan los tratamientos con células madre en la especie humana.

Por tanto, no podemos más que adjudicar al sangriento espectáculo el carácter de “medieval”, pues en aquella oscura época cuentan que tuvo su origen. Para preguntarnos a continuación si es que acaso no estamos ya en el siglo XXI. No nos engañemos: en este país, muchos actúan como si no. Ahí está como prueba la Iniciativa Legislativa Popular, para la que se exigen 500.000 firmas, presentada a principios del pasado abril en el Congreso de los Diputados para pedir que las corridas de toros sean declaradas Bien de Interés Cultural a nivel estatal. Hay que recordar que muchos menos de la mitad de los paralamentarios españoles forman parte de la APDA. O sea que la próxima será tratar que la UNESCO declare la violencia en los ruedos Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Tiempo al tiempo. Estamos, indudablemente, en el reino de la moviola instaurado por un golpe de estado televisivo.