El vicepresidente murciano se aplica la ley del embudo para no publicar sus bienes

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El vicepresidente murciano Juan Bernal Roldán. / carm.es

El escándalo político por las declaraciones de bienes y la transparencia en Murcia alcanza ya cotas tragicómicas con  movimientos de despiste dignos de hábiles trileros y una manifiesta aplicación de la ley del embudo por Juan Bernal Roldán, sucesor in pectore del presidente Ramón Luis Valcárcel, que ayer reiteró que no se presentará de nuevo en 2015, cuando cumplirá 20 años en el cargo.

El diputado insumiso murciano Bernal se aferra, protegido por la Asamblea Regional, a su cargo de vicepresidente del Gobierno regional para negarse a publicar su declaración de bienes, como han hecho los otros 44 miembros de la cámara legislativa incluyendo al propio presidente de la comunidad. El Partido Popular tiene 33 diputados; el PSOE, 11; IU, uno.Contraviniendo el mínimo deber de transparencia y usando los recursos propios de los caciques políticos, Bernal se sirve de su doble condición de diputado y vicepresidente regional de Murcia para no publicar su declaración de bienes amparándose en una ley que le protege como alto cargo del ejecutivo.

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La controversia originada está sirviendo también para dejar en segundo plano la poca credibilidad de la declaración de bienes del presidente Valcárcel, que dijo tener un saldo bancario de 122 euros, y para alimentar una tormenta política interna y soterrada dentro del PP murciano pues, hasta la fecha, Bernal es considerado sucesor in pectore de Valcárcel como vicepresidente regional que es.

La polémica se focaliza en Bernal porque, según el artículo 20 del Reglamento de la Asamblea Regional, “el contenido del Registro [de intereses de los diputados] tendrá carácter público”. Sin embargo, una portavoz de la Cámara informó ayer de la imposibilidad de facilitar la declaración de bienes del diputado en cuestión porque un informe de los servicios jurídicos, realizado en dos días ante la avalancha de peticiones para conocer el documento oculto, establece que una ley posterior deroga aquella norma.

Resulta que esa otra ley, la 6/2004 de 28 de diciembre, habla en su disposición adicional segunda de las declaraciones de bienes de los “Altos Cargos” (a saber: presidente de la Comunidad, vicepresidente, consejeros, secretarios generales, secretarios autonómicos, directores generales etc.) entre los que no están incluidos los diputados regionales, caso de Bernal.

Mas el ínclito se aferra al cargo de vicepresidente regional y consejero de Economía y Hacienda para no cumplir, respaldado por los servicios jurídicos de la Cámara, el requisito que le impone como diputado el Reglamento de la Asamblea Regional y un acuerdo de la Mesa de la Asamblea, colocándose en situación de insumisión a la normativa que debe respetar mientras ocupe un escaño. Y en una actitud chulesca negándose en público a cambiar su postura.

La misma torticera argumentación jurídica basada en la citada Ley del Estatuto del Presidente y de Consejo de Gobierno de la Región de Murcia de 2004 es esgrimida por el servicio de prensa de la Asamblea ante las solicitudes de información de periodistas, mientras que, sorprendentemente, el propio presidente regional hizo pública su declaración junto a los otros 43 diputados siguiendo el dictamen de la Mesa y Junta de Portavoces.

También el presidente de la Asamblea Regional, Francisco Celdrán, molesto con la negativa del diputado Bernal, le pidió que “dé cumplimiento” al requisito fijado en el Reglamento. Pero el vicepresidente Bernal se niega a hacerlo, amparándose en la normativa que le interesa e ignorando la que no le viene bien. Displicentemente, el diputado/vicepresidente ha hecho saber que publicará su declaración “más adelante”.

¿Cuándo? Cuando San Juan baje el dedo, contestaría un castizo murciano aludiendo a una obra del escultor barroco Salzillo en la que el apóstol tiene su índice dirigido al cielo. ¿O será cuando le dé tiempo a maquillarla convenientemente?, se preguntan incluso dentro del propio partido del vicepresidente.