La inyección de gas y el ‘fracking’ se realizan sin garantías de control ambiental

Dicen algunos expertos geólogos que la inyección de gas que está causando terremotos y alarmando a los vecinos de los pueblos del norte valenciano y el sur catalán no tiene nada que ver con el fracking. Seguramente no se equivocan en los aspectos técnicos que diferencian ambas cuestiones. Pero son muchas las incógnitas que de momento una y otro dejan abiertas tras lo que pasa en las comarcas costeras limítrofes de Castellón y Tarragona.

Hay otros expertos que no opinan lo mismo que los que disocian totalmente la inyección de gas y el fracking. El hidrogeólogo de larga trayectoria profesional Francisco Turrión asegura que las repercusiones sísmicas de una y otro son las mismas. Así está pasando en las zonas de Estados Unidos donde la extracción de gas y petróleo de esquisto lleva algún tiempo en marcha, tal como señaló en julio pasado un estudio publicado en la revista estadounidense Science que pedía la detención, al menos temporal, del uso de esa técnica en los estados del Medio Oeste donde lleva años practicándose. Las consecuencias sísmicas de la inyección de gas a la vista están durante estos últimos tiempos en la costa cercana al Delta del Ebro, reconocidas oficialmente, incluso, por el ministro de Industria, José Manuel Soria, el jueves pasado.

Aunque sean opuestos, el objetivo del almacenamiento de gas en el subsuelo y el de la extracción de gas de esquisto de él, las consecuencias son las mismas porque ambos procesos se basan en la inyección de fluidos, gas en un caso y toneladas de agua con sustancias químicas en el otro, estima Turrión. Esto es así porque, al fin y al cabo, lo que se hace es meter a presión esos fluidos, causando microfracturas en las capas rocosas que alteran la estabilidad de las fallas sismogénicas y producen los movimientos sísmicos.

Al margen de esa relación causa-efecto, los episodios originados por los trabajos que se realizan en la plataforma del proyecto Castor han dejado al descubierto varias negligencias, como la ausencia de estudios sismológicos en la declaración de impacto ambiental o la ubicación de la instalación marina en la vertical de una falla. Sin duda estas serán usadas como arma política arrojadiza, pues parece que, por fin, algún dirigente castellonense ha encontrado algo de lo que realmente “tiene la culpa” el Gobierno de Zapatero y la Fiscalía provincial anuncia una investigación para adjudicar responsabilidades.

Soria eximió al PSOE de culpabilidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer dando así por buena la concesión del permiso por el anterior gobierno en 2010. Dio la impresión de que se curaba en salud pensando en el futuro, habida cuenta de la decisión del gobierno actual de rebajar notoriamente las supuestas rigideces del proceso para obtener las evaluaciones ambientales positivas para proyectos industriales de todo tipo. Las cuatro organizaciones ecologistas de ámbito estatal –Ecologistas en Acción, Greenpeace, Seo-Birdlife y WWF-Adena– criticaron duramente el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental presentado por el ministro Arias Cañete.

Con el pretexto de eliminar trabas burocráticas innecesarias y agilizar la obtención de permisos, se pretende modificar a la baja unas “normas que suponen la única barrera de protección que tiene el medio ambiente ante infraestructuras que atentan contra él”, en palabras de Juan Carlos del Olmo, secretario general de la última de las organizaciones citadas. El plazo de enmiendas a la nueva ley del PP terminó el pasado 23 de septiembre. Sólo queda su aprobación en el Pleno de las Cortes.

Por mucho que ahora, a raíz de los episodios sísmicos que aún no han cesado, se exija una nueva evaluación ambiental, ¿duda alguien de que el proyecto Castor la obtendrá? Y en cuanto al fracking, actividad con cada vez más oposición institucional y también popular a la que se exige ahora la misma declaración ambiental, ¿incluirán los permisos un estudio de riesgos sísmicos, ya que parece establecido fehacientemente que los tiene? ¿O demostrarán tener razón los grupos ecologistas que temen que la nueva ley a punto de ser aprobada será un coladero a la medida de los grupos industriales y petroleros? El rico refranero español mantiene que "hecha la ley, hecha la trampa".