El Plan del Segura perjudica al secano del Tajo y contradice el Libro Blanco del Agua
El Plan del Segura, próximo a ser aprobado por decreto en Consejo de Ministros tras su paso al Consejo de Estado, establece un déficit hídrico inexistente si se aplican los criterios establecidos por el Libro Blanco del Agua del año 2000, según el cual las escorrentías subterráneas deben ser contabilizadas como recursos. Al no hacerlo, la cuenca segureña tiene un déficit de 480 hectómetros cúbicos, que no existe si se computan los 493 que se le calculan como acuíferos que vierten al mar.
Así lo ponen de manifiesto 24 de las 140 alegaciones al plan, que no han sido contestadas, hechas antes de que fuera aprobado por el Consejo Nacional del Agua a finales de diciembre y enviado al de Estado para su visto bueno. Al no contar con las escorrentías subterráneas con destino en el mar, el plan hidrológico del Segura tiene un error de 400 hectómetros cúbicos por año, mientras que establece el déficit anual de cuenca en 480 hectómetros cúbicos.
Como queda claro en las páginas 80 y 113 del Libro Blanco del Agua, que contabiliza las escorrentías profundas al mar como recursos de cuenca, es que en toda España estas suponen unos dos kilómetros cúbicos por año. De ellos, unos 493 hectómetros cúbicos corresponden a la cuenca del Segura, según los cálculos del hidrogeólogo Francisco Turrión.
Si se contabilizaran esas escorrentías al mar, como hace el Libro para toda España, resulta que el Segura no tendría déficit hídrico, como denunció Greenpeace en su momento. Si no se hace, el resultado es el obtenido en los cálculos del Plan del Segura. Además, ese documento tampoco tiene en cuenta la existencia de unos 50.000 hectómetros cúbicos de embalses subterráneos profundos que pueden ser aprovechados parcial y controladamente para equilibrar carencias hídricas en períodos de sequía.
Existe, por otro lado, el precedente del Plan de Cuenca del Júcar ––vecina a la del Segura––, en el que sí se tienen en cuenta como recursos las escorrentías subterráneas al mar. El no tener en cuenta esos recursos perjudica a determinadas zonas de la cuenca del Segura –– Altiplano y Noroeste murcianos y sur de Albacete principalmente–– de donde han partido las 24 alegaciones en este sentido––, porque no se les permiten ampliaciones ni mejora de regadíos de secano mediante la extracción de caudales con pozos de los acuíferos subterráneos confinados.
Por contra, el Plan del Segura que examina el Consejo de Estado antes de pasar a Consejo de Ministros, favorece los regadíos del Trasvase Tajo-Segura puesto que sigue estableciendo un déficit hídrico de 480 hectómetros cúbicos anuales para contrarrestar la subida de la reserva estratégica de los embalses de cabecera del Tajo a 400, desde los anteriores 240, fijada en el reciente pacto entre las comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia para garantizar la continuidad de esa transferencia de una cuenca a otra.
Se trata, en definitiva, de mantener la etiqueta de "deficitaria" sobre la cuenca del Segura, ignorando la posible utilización sostenible de los caudales subterráneos que dejarían sin realidad ese déficit. El objetivo es mantener viva la llama de posibles nuevos travases de otras cuencas al Segura y dificultar que las zonas de secano que se abastecen con pozos puedan obtener más recursos de ellos y deban, por tanto, usar aguas suministradas por la red comercial, mucho más cara, si quieren ampliar las explotaciones.
El llamado “pacto sobre el trasvase” del Tajo-Segura, rubricado en La Moncloa por los presidentes de esas comunidades y el ministro Arias Cañete a principios de diciembre pasado, fue calificado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como “un acuerdo histórico” puesto que “acerca territorios” y “sirve mejor a las personas”, cuando, en la práctica, refrenda la permanencia de aquella transferencia de caudales intercuencas aunque la restrinja duplicando la reserva estratégica en la cabecera del Tajo en beneficio de los intereses electorales de la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, Dolores de Cospedal.
