Susana Díaz tiene la última palabra sobre el hotel en la playa de El Algarrobico

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Cartel a pie de obra con los datos de licencia de la edificación declarada ilegal por el Supremo. / José Manuel Vidal (Efe)

Veinte sentencias después y unos cuantos años de lucha contra el hotel edificado en la playa de El Algarrobico pueden irse al traste si la Junta de Andalucía no reacciona y ejecuta el dictamen que le otorgó en enero de este año la propiedad de los terrenos sobre los que está edificado. Ese auto fue declarado “firme” por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en abril y otorgaba al gobierno andaluz el derecho de retracto sobre los terrenos en que se levanta esa mole que invade el Parque Natural de Cabo de Gata Níjar.

Ejercer esa acción cuesta 2,3 millones de euros. Susana Díaz tiene la pelota en su alero, por si encuentra un hueco en su apretada agenda política intrapartidaria para dedicarlo a solucionar el desaguisado, habida cuenta de la indiferencia que muestra la Consejería de Medio Ambiente que dirige María Jesús Serrano. No acaba de entenderse el motivo por el que la administración andaluza actúa ya de una vez, puesto que el famoso hotel tiene incluso una sentencia firme del Tribunal Supremo que declara ilegal la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras y gracias a la cual se construyó.

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Pero recientemente el mismo TS ha desestimado la querella interpuesta por asociaciones ecologistas contra los cuatro jueces de la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que el pasado 21 de marzo declararon “urbanizable” el terreno del Hotel, en contra de lo establecido por esas sentencias anteriores citadas.

El peligro que ven inminente las dos decenas de asociaciones nucleadas en la plataforma Desmontando El Algarrobico es que esos mismos jueces –Rafael Toledano Cantero, María R. Torres Donaire, Jorge Muñoz Cortés y María del Mar Jiménez Morera–. ahora libres de la querella por presunta prevaricación, aprovechen este periodo estival adormecedor de conciencias y protestas para seguir adelante con la idea de dar respaldo jurídico a la supuesta legalidad del hotel construido por Azata del Sol sobre la playa de El Algarrobico, municipio de Carboneras (Almería), invadiendo los límites del parque costero almeriense.

La Junta andaluza tiene desde hace años en sus manos la posibilidad de acabar con el asunto por la simple vía de ejercer el derecho de retracto pidiendo la ejecución de la sentencia que se lo otorgó. No sólo no lo ha hecho, sino que se ha refugiado en muy discutibles argumentos legalistas para ello. Tampoco ha cristalizado una vía legal tentativa para promover la ejecución de la sentencia que estableció la titularidad pública de los terrenos sobre los que se levanta el nefasto y tristemente famoso hotel.

El caso es que la situación que puede cristalizar ahora en una decisión judicial con la “agostidad y alevosía” que teme la plataforma Desmontando El Algarrobico refleja fielmente lo expresado hace seis años por el magistrado de lo contencioso-administrativo Jesús Rivera Fernández –que fue convenientemente apartado del caso– en referencia a las actuaciones de las administraciones concernidas, en la sentencia que invalidó la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Carboneras para edificar el hotel de Azata del Sol y que luego ratificó el Supremo.

“La abulia y desidia de la Corporación Local demandada y de la Junta de Andalucía en la defensa del interés general representado por el respeto a la normativa sectorial de costas y de medio ambiente, (…), presentan, sin perjuicio de una ulterior y más depurada calificación jurídica, los caracteres de los delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio”, rezaba el fundamento de derecho VII de aquel dictamen de Rivera, fechado el 5 de septiembre de 2008.

Se refería ese texto, indudablemente, a que el Ejecutivo andaluz no hubiera ejecutado el derecho de retracto sobre los terrenos que le fue otorgado dos años antes, en tiempos en que el mandamás era todavía Manuel Chaves, antes incluso de José Antonio Griñán. Claro está, vista la trayectoria, que el Ayuntamiento de Carboneras, lo gobierne quien lo gobierne, no está por la labor de derruir el hotel en El Algarrobico con los consabidos argumentos de supuesta creación de riqueza y puestos de trabajo. ¿Pero por qué motivo la Junta Andaluza no ha ejercido aquel derecho y bloqueado definitivamente las esperanzas que aún albergan quienes desean ver el denostado hotel abierto y funcionando? Lo dicho: Susana Díaz tiene la palabra.