La batalla (con película) de Garzón contra el ecocidio y la criminalidad capitalista

Admite Baltasar Garzón "una cuota de indignación" en el origen de su lucha por la ampliación de la justicia universal. Con más de cien juristas de prestigio en todo el mundo, el exmagistrado de la Audiencia Nacional que, entre otras cosas, colocó contra las cuerdas a los gobiernos de Aznar en España y de Blair en Reino Unido al ordenar la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, trabaja para que los grandes crímenes contra la naturaleza, los ecocidios, las fugas masivas de capitales y la especulación sobre los alimentos básicos se consideren delitos de lesa humanidad.

¿Qué pasa con la nube tóxica que amenaza a Indonesia? ¿Con el coltan y los minerales estratégicos en la región de los Grandes Lagos? ¿Con el calentamiento global y la amenaza a la supervivencia de Polinesia y Micronesia? La rapiña de los recursos naturales, la irreversible destrucción de la naturaleza, los ecocidios son crímenes de lesa humanidad que no deben quedar impunes.

El juez expulsado de la judicatura por el Tribunal Supremo a raíz de la investigación de la trama Gurtel de corrupción del PP se plantea otras preguntas: ¿Qué pasa, quiénes son y a quién sirven las agencias de calificación que arruinan países enteros y someten al hambre y la miseria a millones de personas? ¿Qué ocurre con la especulación en bolsa con los alimentos básicos del presente y del futuro?

Hay más preguntas sobre la grave vulneración de los derechos humanos básicos en ese "lado oscuro de la globalización capitalista". Son preguntas sobre los nuevos fenómenos criminales de lesa humanidad que, según Garzón y el grupo internacional de juristas (jueces, fiscales, abogados, profesores y activistas sociales) del congreso Madrid-Buenos Aires que lleva siete años trabajando en esta materia, han de encontrar respuesta en la ampliación de los principios de la Jurisdicción Universal.

Se trata de que los tribunales internos de los países puedan investigar y enjuiciar los crímenes de lesa humanidad con independencia del lugar donde se hayan cometido. Y de que la Jurisdicción Universal también sea aplicable a los crímenes económicos y contra el medio ambiente que por su extensión y escala afectan gravemente los derechos humanos de grupos o colectividades o supongan la destrucción irreversible de los ecosistemas.

La inclusión de este principio, "los crímenes económicos y medioambientales", repugna, lógicamente, al capitalismo desalmado (sin alma), las grandes corporaciones económicas y financieras sin cara ni ojos. Pero ya ha sido incluido por los juristas y forma parte de los debates (muy lentos) de Naciones Unidas.

De este modo la Jurisdicción Universal no sólo será aplicable a los crímenes de genocidio y lesa humanidad, de guerra, piratería, esclavitud, desapariciones forzadas, torturas, tráfico de seres humanos, ejecuciones extrajudiciales y crimen de agresión, sino también a los tipificados expresamente como "crímenes económicos y medioambientales o ecocidios" que, con frecuencia, están detrás de los mencionados.

"Ante las nuevas realidades criminales que se entrelazan con las ya asumidas y conocidas pedimos que se arbitren mecanismos de congelación de los fondos económicos y se devuelvan y entreguen a los damnificados", reclaman Garzón y los juristas de todo el mundo que luchan por esta causa. Tanto el magistrado como la fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado, con una larga trayectoria como fiscal antidroga y antiterrorista, rechazan con datos reales, emanados de su propia experiencia, la frecuente acusación del "colonialismo judicial" y retan a las oligarquías gobernantes a señalar un solo exceso de la acusación penal internacional.

La resistencia del poder político y los intereses económicos es tan furibunda que solo hay que ver lo ocurrido en España con los recortes de 2009 y 2014 (con el PSOE y el PP sucesivamente en el Gobierno) para hacerse idea de la titánica lucha contra la impunidad. La fiscal Delgado recuerda que el hachazo del gobierno de Mariano Rajoy a las competencias de los jueces españoles fue Jauja para narcotraficantes y lo habría sido para los terroristas sin la existencia de acuerdos bilaterales. "El gobierno y los legisladores cometieron graves errores y actuaron precipitadamente, como está quedando de relieve ante el terrorismo yihadista; las fronteras benefician a los criminales", afirma Delgado.

En este punto Garzón atribuye a las presiones de Estados Unidos, Israel y China las reformas de los gobiernos de Zapatero y Rajoy para impedir la acción de la justicia española ante los crímenes de guerra, las desapariciones forzadas y los genocidios objeto de denuncia por las víctimas y de la acción judicial en aplicación de la Jurisdicción Universal. Los casos de José Couso, Guantánamo, los crímenes del gobierno israelí en Gaza y los genocidios de los jerarcas chinos son, entre otros, la prueba de que los intereses políticos y económicos prevalecen sobre la justicia.

Para crear conciencia social, la Fundación FIBGAR que preside Garzón se apresta a dar un último impulso a la película The Code (El Código), un documental de 80 minutos, en el que prestigiosos juristas mundiales exponen la necesidad de ampliar la Jurisdicción Universal para combatir el ecocidio y la nueva criminalidad, que no sólo es el terrorismo sin fronteras, sino el terror económico y financiero que condena al hambre y la enfermedad a 100 millones de humanes en el planeta.

Para culminar el documental, presupuestado en 230.000 euros, y poder presentarlo en septiembre en el Festival de Cine de San Sebastián, la fundación FIGAR ha abierto un crowfunding para obtener 55.000 euros de financiación. Los inversores podrán figurar en la web del filme y obtener otras compensaciones, de acuerdo con la productora Grupo Máster Producciones. La película ha sido dirigida por Carles Caparrós y requiere un último impulso (montaje, efectos musicales y otros) económico para su culminación.