Informe para la Transición energética: entre elucubraciones e incompetencia

Entre especulación virtuosa y pantomima economicista, el Informe que ha elaborado la llamada Comisión de Expertos de Transición Energética por encargo del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital sobrecoge tanto por su derroche de páginas como por el desviacionismo aplicado a un problema que, dado su dramatismo, no merece desarrollos especulativo-exhibicionistas. El destino de este Informe, se señala, es aportar la base de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, exigencia que la Unión Europea ha marcado para antes de fin de año y que, conociendo el tema y la gestión que de él se vine haciendo, lo normal es que no se cumpla (salvo que se opte por un texto de declaración de principios y unos anexos anodinos de precios, costes y megavatios más o menos a voleo).

La primera observación, crítica y de principio, es que antes de ponerse a la tarea, los convocados debieran haberse sometido a un curso intensivo sobre cambio climático en ciernes (datos, tendencias y consecuencias), cambio socioeconómico consecuente (drástica reducción del consumo de energía primaria, control público del sector energético, planificación económica de emergencia) e incapacidad intrínseca del modelo liberal (por codicioso, tramposo e injusto) para garantizar la estabilidad social y la supervivencia. Algo de cultura general sobre lo que tenemos entre manos, que no parecen demostrar; aunque serían los miembros del Consejo de Ministros los que debieran de haber sido reeducados antes de aprobar el encargo de ese Informe.

La segunda nota, también de carácter previo, viene a subrayar la cuadratura del círculo que pretende el enunciado de los objetivos marcados oficialmente: “Un Informe que analice las posibles propuestas de política energética, el impacto medio ambiental, las alternativas existentes y su correspondiente coste económico y la estrategia necesaria para cumplir los objetivos (en materia de energía y clima) de la forma más eficiente, garantizando la competitividad de la economía, el crecimiento económico, la creación de empleo y la sostenibilidad ambiental”. Bella canción de cuna con la que los expertos han debido de entregarse a placeres oníricos indescriptibles. Vaya, vaya.

Así las cosas, no merecería la pena pasar de la página 6, donde se susurra ese mantra adormecedor, si no fuera porque en la 8 se añade otro párrafo memorable: “La descarbonizacion de la economía… representa también importantes oportunidades para la sociedad, que deben ser aprovechadas. En este sentido, sería deseable que nuestro país supiera aprovechar las oportunidades del reto medioambiental en beneficio del crecimiento económico, del bienestar de la sociedad y de la creación de empleo”. Más cuadratura, más mantra, más dilación.

En efecto, el Informe lleva como subtítulo “Análisis y propuestas para la descarbonización”, que es el meollo del trabajo, un objetivo que debe ser considerado intermedio, es decir, un “no objetivo”, ya que el declarado fin de la legislación que pretende fundamentar es frenar el proceso fatal de calentamiento del planeta y del país, lo que exige mucho más que descarbonizar el sistema energético-productivo. La descarbonización de nuestro sistema energético es una función necesaria y de trámite ineludible, pero ni fin ni objetivo, por mucho que sea eso lo que la Unión Europea pide a los países miembros, pretendiendo que parezca que todo cambia, manteniendo inmutado lo esencial; y lo esencial es el sistema productivo global, que ha llevado al cambio climático y a la destrucción generalizada del medio natural, pero no por emitir demasiado CO2: es mucho más que una cuestión energética, de estudio de alternativas tecnológicas o de precios de la tonelada del CO2.

Por supuesto que el Informe no pretende ir al fondo del asunto, ni se entretiene en sutilidades ambientales: se explaya –y enreda– en cálculos y supuestos de precios, costes, megavatios y megavatios-hora, con especial y reiterado detenimiento en los precios de la tonelada del CO2, y con llamadas intermitentes -¡ay!– al respeto y la protección al sector eléctrico. Pero no se puede profundizar si, en materia climático-ambiental, se contempla el sector eléctrico con independencia del sector energético global, ni si se deja de lado que es el sector transporte el que exige medidas urgentes y drásticas, reduciendo el papel de la carretera en los tráficos privados y de mercancías, ampliando la red ferroviaria convencional, frenando el dislate del AVE, etcétera. Esto debiera haber supuesto el primer filtro para un experto avisado.

El segundo filtro, para evitar el paripé, sería el de que la verdadera planificación energética (aborrecida durante décadas, pero inevitable, como acabaremos viendo), corresponde a la iniciativa vigorosa del poder público, ya que o marca éste la pauta o el alcance del trabajo queda limitado y coartado, ya que la iniciativa privada no puede, ni quiere, tomarse el asunto en serio. El informe de estos expertos no constituye planificación, sino elucubración, ergo carece de utilidad y trascendencia; y lo veremos.

Si se da por descontada la permanencia del desaforado –además de arrogante– poder del empresariado eléctrico, vamos de cabeza al desastre, perspectiva que debe de importar un pepino al susodicho. A este sector le trae sin cuidado que el aumento en la temperatura media de 1,5/2,0ºC suponga una cascada de desgracias globales que –probablemente antes del horizonte del Informe, 2030– repercutirán en la mayoría de la población, porque espera obtener de ello pingües beneficios.

Dos notas adicionales merecen atención. La primera es la alusión a la generación distributiva, que se ha puesto de moda como si hubiera de suscitar nuevas esperanzas y que se pone en relación, más o menos, con la autoproducción/autoconsumo, cuando su verdadero significado –que desde hace décadas se ha querido promover– apela a una reordenación del territorio, maltratado y desolado, con fijación del ciclo energético a escala geográfica (y socioeconómica, en consecuencia), para dotar de congruencia al sistema y racionalidad a las actuaciones. Esto exige la recuperación del ámbito rural (que las economías actuales dan por improductivo y molesto), el abandono de las economías de escala, la promoción intensiva de autoabastecimientos y autosuficiencias…

La segunda nota afecta al empeño en cifrar el núcleo del asunto en la sustitución (centrales eléctricas de un tipo por otro, automóviles de gasolina/gasoil por eléctricos, calefacción fósil por solar…), ya que no es sino la recomposición económico-energética del país la que puede abrir el camino de las soluciones y del futuro. Esto exige atender a la escasez de recursos, a la necesidad imperiosa de la austeridad en el consumo y a la prioridad distributiva y equitativa… que son objetivos que nunca aceptará el modelo liberal ni sus cofrades, que son multitud y dominan en casi todos los partidos, o sea, en esta Comisión de Expertos.

Los desvaríos energéticos empezaron en 1975, y estos expertos los prolongan, contra todas las señales que advierten del desastre, porque la misma mentalidad de entonces rige hoy y se impone: está hecha de insensibilidad ambiental, credulidad liberal e incompetencia objetiva. Pero el tiempo perdido ha consolidado la condena y ésta la sufrirán una mayoría perpleja y un país secuestrado. No han entendido nada.