Mujeres progresistas denuncian el “maltrato judicial” a víctimas de violencia de género

Las asociaciones de mujeres llevan años denunciando los agujeros en la asistencia y protección a las víctimas de violencia de género y las complicaciones que sufren en el proceso cuando se atreven a denunciar y entran en el sistema. Esta vez han dado un paso más y han decidido iniciar una campaña contra este “maltrato judicial” y presentar quejas individuales ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El primero que van a elevar al citado órgano de control será el de Isabel López de La Torre, que se lamenta del tratamiento dispensado por el juzgado de Arganda del Rey (Madrid): “Pasé del maltrato en casa al maltrato judicial”, ha contado en una rueda de prensa este lunes. Tras acudir al juzgado, acabó imputada por una causa que finalmente se archivó y su agresor fue condenado. Pero las organizaciones advierten de que su caso no es excepcional. Tras esta campaña se encuentran la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Asociación de Mujeres Opañel y Comisión de Investigación Malos Tratos. 

“No es algo único ni anecdótico”, confirma la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, que cree que se dan situaciones graves en estos procesos por desconocimiento de jueces, fiscales, forenses o equipos psicosociales sobre cuestiones básicas, a pesar de que la Ley contra la Violencia de Género lleva en vigor 14 años. En la mayoría de los casos, no se trata de buscar responsabilidades individuales, sino saber dónde está fallando el sistema y cómo subsanar sus lagunas. También de reparar el daño causado a las víctimas.

La denuncia sigue siendo la principal vía para activar los resortes de  protección y, por tanto, las mujeres maltratadas tienen que acudir a la comisaría. Es recomendable recurrir a las organizaciones de mujeres que pueden asesorarlas sobre el proceso, acompañarlas e informarles sobre los recursos. Partiendo de la experiencia de estas asociaciones, que llevan años combatiendo el machismo desde todos los frentes y ayudando a las víctimas, relatamos todas las paradas del (difícil) camino en el que a veces se convierte hacer justicia.

Presentar la denuncia. Cuando una mujer da el paso y acude a una comisaría, es un agente de la Policía o de la Guardia Civil quien elabora la denuncia. “Ellas van con el estigma de que no las van a creer. Es cierto que sigue habiendo problemas en comisarías donde no hay especialistas, pero la recepción de denuncias ha mejorado”, explica Marisa Soleto, de la Fundación Mujeres, que también incide en que las denunciantes tienen que ser conscientes y estar informadas de que, desde ese momento, tienen que ser parte muy activa de su propia protección. “A veces les dicen que no pueden poner algo de lo que no tienen pruebas o que es irrelevante como, por ejemplo, como cuando cuentan que sus parejas las han aislado de su entorno”, explica Besteiro. Las expertas aconsejan comenzar el proceso acompañada, ya sea de algún miembro de estas asociaciones como de abogados especialistas.

El asesoramiento. Las expertas inciden en que hay que mejorar en el asesoramiento legal de las víctimas. Es importante que los abogados de oficio estén formados y les aconsejen de manera adecuada, aunque tengan que esperar en la comisaría. Esa denuncia es la primera piedra del proceso.

El juicio. Agresor y agredida no deberían encontrarse, ya sea estando en habitaciones separadas o al menos, poniendo fronteras físicas para que no haya contacto visual mediante un biombo, “aunque aún hay juzgados en los que no existe”, explica Besteiro, que también afirma de que hay procesos en los que la familia del agresor aprovecha para influir en la víctimas. “Les dicen que es un arrebato o que por su culpa va a ir a la cárcel”. La rapidez de los juicios exprés no deben traducirse en una defensa mal preparada de la víctima.

La declaración. Es uno de los puntos más discutidos. Para algunos, es un procedimiento hostil para la víctima, para otros, animarla a no detallar las agresiones puede ser perjudicial: “Si tú no declaras contra él, se puede traducir en una absolución porque no hay prueba de cargo”, explica la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. En otras ocasiones, ellas se sienten cuestionadas.

Denuncias cruzadas. Las expertas alertan de que las contradenuncias son un recurso de defensa cada vez más utilizado por los agresores, animados por el mito de las denuncias falsas, un argumento que desmienten las estadísticas judiciales. Sin embargo, se habla poco de las acusaciones falsas de ellos. “En el juicio, él dirá que ella miente y que no es verdad o que se han peleado los dos. Algunas veces, ellas entran como víctimas y salen como imputadas”. Ésta fue una de las circunstancias a la que tuvo que enfrentarse Isabel López. Al final, las denuncias de ellos se archivan, sin más consecuencias.

La reparación del daño. Marisa Soleto pone el foco en la reparación del daño que debe proporcionarse cuando el Estado falla en su función de proteger a la víctima. La seguridad es un derecho. “Nos preocupa particularmente los hechos que escandalizan tanto a la sociedad, en los que la mujer había denunciado y aún así se produce el desenlace fatal. El aparato del Estado no ha conseguido evitar el asesinato, por lo que debería haber una indemnización”, explica. Cuando se califica el riesgo de una mujer como “medio” y se produce un asesinato, tiene que haber responsabilidades y autocrítica. El sistema claramente ha fallado.

Sin embargo, la presidenta de la Fundación Mujeres recuerda que a veces aún hay que dar la batalla en algunos casos para que los hijos de las mujeres asesinadas, que también son víctimas, tengan una pensión de orfandad, una trinchera en la que esta asociación sigue peleando.