Otro paso más en el reconocimiento del derecho de autor de los periodistas

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Algo se esta moviendo en la profesión periodística,  seguramente motivado por la pérdida de valores, los despidos masivos en todos los medios y la falta de reconocimiento del derecho a la información, como uno de los pilares básicos de una sociedad democrática. Primero fue el movimiento #sinpreguntasnocobertura, a propósito de la costumbre, cada vez más extendida entre los políticos, de hacer declaraciones sin permitir preguntas. Después fue la creación de las plataformas periodismorealya y periodismoéticoya, para reivindicar el derecho a la información no manipulada ni mediatizada por las empresas periódisticas.

Ahora le toca el turno a otro de los objetivos de los profesionales de la información, el reconocimiento de los derechos de autor de los periodistas, que ha recibido estos últimos días un importante impulso desde dos vías distintas.

Por un lado, la Comisión Europea ha reconocido explícitamente la existencia de los derechos de autor de los periodistas, en su Informe de las recomendaciones para un Mercado único europeo de la propiedad intelectual, donde, en su apartado 3.3.5. Acceso al patrimonio cultural europeo y fomento de la pluralidad de los medios de comunicación establece taxativamente que «los periodistas son los autores y su trabajo es importante no sólo porque comentan o interpretan el mundo en que vivimos sino también porque la libertad de prensa es un testimonio vivo de la sociedad pluralística y demócratica europea. La Comisión considera que proteger los derechos de autor de los periodistas y garantizar que puedan decidir sobre la forma en que desean que sus  trabajos sean explotados es esencial para «preservar un periodismo independiente, profesional y de alta calidad».

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La Comisión también reconoce el papel que juegan los editores en la difusión de los trabajos de los periodistas y subraya que es importante proteger los derechos de periodistas y editores en Internet, sobre todo a la vista del desarrollo de los servicios de agregación de noticias.

Es la primera vez que, en temas de propiedad  intelectual, la Comisión se refiere directamente a los periodistas como sujetos de este derecho, lo que viene a dar un espaldarazo a las organizaciones que, como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) o el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) llevan años reclamándolo, derecho que en otros países de Europa es reconocido y en España se lo atribuyen directamente los editores bajo la excusa de que el periódico es una obra colectiva. Los periodistas en España no niegan el derecho que puedan tener los editores por su labor de difusión, pero exigen que se reconozca el suyo como autores de la información.

Elsa González, presidenta de la FAPE, se ha mostrado muy satisfecha con esta recomendación pues uno de los objetivos principales de su presidencia es avanzar en el reconocimiento del derecho de autor del periodista, en su doble vertiente, económica y moral, aunque reconoce que existen muchos intereses creados que se interponen, sobre todo el de los editores. Su intención es entrevistarse con los grupos parlamentarios para promover la recuperación de la libertad de información, haciendo las reformas legislativas que sean necesarias para que el reconocimiento del derecho se convierta en algo efectivo.

Por otro lado, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha dictado una resolución por la que sanciona con multas, que suman 335.000 € a la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), la Asociación Española de Prensa Gratuita (AEPG) y la Asociación Federativa de Empresas de Clipping (AFEC). Estas tres organizaciones empresariales del sector de la comunicación recomendaron a sus asociados la unificación de condiciones comerciales en cuanto a la adquisición de derechos de propiedad intelectual, hurtando a los periodistas la condición de autores de sus obras para poder hacerse con  las retribuciones compensatorias.

Para Dardo Gómez, miembro del FOP y presidente de la Federación de Sindicatos de Periodistas de España (FeSP), los editores han llegado a montar una trama mafiosa por la que las empresas de clipping pagan a los editores por la reproducción de las noticias sin que el autor pueda elegir si quiere o no que su obra se reproduzca y sin recibir ninguna contraprestación por ello.

El asunto no es baladí, en países como Suecia o Dinamarca existe una entidad gestora de los derechos de autor periodísticos que funciona como una mutualidad y un centro de formación continua, que se financia con los ingresos provenientes de estos derechos.