¿Capitalización o saqueo de la Universidad Pública?

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Jesús Montero *

“Pero, ¿podemos admitir, pasivamente, que,
regresándose al decimonónico sistema de 'la
barrière et la niveau', se cierre el acceso a ciertas

 enseñanzas superiores –se  privaticen–,…? No”
José Luis López Aranguren

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ayer viernes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que explicó los recortes en Educación. / Ballesteros (Efe)

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Los mismos que desprecian los estudios filológicos “porque no venden” son sobresalientes en el uso de eufemismos y verosimilitudes. Palabras como racionalización, modernización y reforma son usadas como comodines para ocultar recortes, privatizaciones y repagos. En este climax de fetichismo de la mercancía que nuestras “avanzadas” sociedades europeas padecen, se ha alcanzado el paroxismo con el fetichismo del lenguaje por parte de presidentes, ministros, consejeros autonómicos y comisarios europeos.

La estrategia ya se experimentó con la Funeraria de Madrid: primero se asfixia el servicio público, después se degrada su prestación, más tarde se cacarea la mala calidad o el fracaso del servicio, para proceder a su privatización e inmediatamente lo que hasta entonces era deficitario por arte de magia se convierte en una oferta rentable, muy rentable para los nuevos propietarios. Y ahora, sin vergüenza, acometen el “nicho neoliberal”, el “yacimiento de mercado” que constituye desde hace años su oscuro objeto de deseo: la universidad pública. El “tasazo” no es más que una puntada de hilo más en el proceso de apropiación privada de la Universidad, tejido desde hace 16 años por la estructura europea “tecnopolítica” con la complicidad de gobiernos nacionales y autonómicos. El ministro Wert hablará de la necesaria e imprescindible perestroika de la Educación Superior pero en realidad estamos asistiendo al intento gubernamental de intervenir la autonomía universitaria para implantar el modelo de Educación Superior que el Círculo de Empresarios formuló en el año 2007 “La universidad al servicio de la sociedad” (sic).

La posible pérdida de autonomía universitaria frente al mercado es la cuestión central de este proceso “liberalizador”, que  no liberador. Y es que no todos los sectores desregulados reciben igual trato por las autoridades políticas. Hace doce años, la liberalización del mercado eléctrico se hizo entregando 10.432 millones de euros a las empresas, que pagamos los consumidores en nuestras facturas. A la Universidad también se le ha modificado el marco legal estable por uno nuevo, de mayor competencia interna y sobre todo con las llamadas “universidades” privadas, pero el Estado de las Autonomías no ha establecido para esta nueva liberalización los costes de transición a la competencia (CTC) que sí se justificaron para el sector eléctrico.

Los CTC son, en tanto que “costes varados” (stranded costs), la consecuencia de la alteración del marco regulador y el paso a un régimen competitivo. Este tránsito dificulta recuperar los costes ocasionados por las inversiones realizadas en el pasado, pues la entrada de nuevos actores económicos, que podrán emplear tecnologías más eficientes y no tendrán que recuperar estos costes, puede generar entre los actores desequilibrios imposibles con la regulación previa y desventajas incompatibles con la libre competencia. Ejemplos de costes varados en la Universidad son los ocasionados por la construcción de equipos no amortizados (los aularios levantados durante “la masificación” de la democracia de finales del siglo, o la banda ancha enterrada forzosamente dos años antes del sistema wi-fi) pero también los originados por el mantenimiento de obligaciones impuestas por la Administración (la oferta de ciertos estudios humanísticos llamados coloquialmente “especies protegidas” en vías de extinción, o la conservación del patrimonio arquitectónico, artístico y bibliográfico). ¿Cómo calcular los costes varados de la competencia privada con las Universidades públicas? Sugiero un cálculo: el 10% de su matrícula anual. Teniendo en cuenta que los consumidores de estas empresas privadas educativas pagan 8.500 euros de media por curso, y considerando sus 173.676 estudiantes del curso 2009-10 se podría crear un fondo anual de 147 millones de euros.

No sólo no se ha dotado a las Universidades públicas de los recursos necesarios para poder transitar a la competencia sino que incluso se ha favorecido la iniciativa privada en la educación superior con exenciones de plusvalías por Ayuntamientos y CCAA, para unas empresas que, además, disponen de un público cautivo: aquellos estudiantes que no pueden acceder a los estudios de las universidades públicas por carecer de la nota de corte a determinadas. ¿No es esto dumping educativo y, más tarde, laboral?  Por no hablar de su localización que ni cohesiona ni vértebra nuestro país: mientras el gobierno de la Comunidad de Madrid reduce año tras año los presupuestos de sus universidades, en esta región se concentra el 33% del total estatal de las privadas. La presidenta Aguirre, no sólo es insumisa a las sentencias judiciales que obligan a pagar lo que adeuda a las universidades públicas, sino que entre sus proyectos estrella está la previsión para que la Hacienda regional rehabilite un palacio del siglo XIX en el distrito de Carabanchel para cederlo por 40 años a una universidad privada extranjera. ¿Cómo se llama a esta operación, quizás “internacionalización”, “colaboración público-privado”, o directamente y sin máscaras, saqueo? En América Latina a estos políticos se les llama muy apropiadamente “vendepatrias”, por mucho que se vistan con la enseña nacional.

El primer expolio al que se ha  sometido a la Universidad es al de su propia marca de mercado. Cualquier estudiante de las Escuelas de Negocio o de nuestras nuevas titulaciones de ADE sabe que el principal valor de una compañía es el brand equity o valor de marca, un intangible determinante de los actos de compra de los consumidores. Tanto la psicología cognitiva como la teoría de señales han demostrado con evidencias empíricas lo estratégico del valor de la marca, y un indicador material de ello son las falsificaciones. Cualquiera entiende que a las empresas privadas de seguridad no se les llame “Guardia Civil Privada” o “Cuerpo Nacional de Policía Privada”. En este caso, el Estado se ha reservado el valor de marca y permite que actores económicos operen en el mercado liberalizado de la seguridad, pero reservándose para sí la ventaja competitiva de su brand equity.

Por el contrario, en la educación superior se ha entregado la marca Universidad, “gratis total”, al sector privado. Una marca secularizada y democratizada, resultado de ochocientos años de inversión estatal. Habrá quien pretenda legitimar esta usurpación de la marca con una supuesta antigüedad, pero en España las llamadas universidades privadas son tan antiguas como la dictadura nacional-católica, puesto que cuatro de las 29 existentes en la actualidad fueron creadas en 1952 al amparo del palio sobre Franco de la Iglesia Católica, y las 25 restantes han sido constituidas en los últimos 15 años, al calor de este proceso de apropiación privada de un bien público. El artículo 27.6 de nuestra Constitución reconoce la libertad de creación de centros docentes, pero una Universidad es algo más, mucho más, que un centro donde se imparte docencia. ¿Cómo reparar está situación? Pagando su valor de marca a precio de mercado. Los profesores de economía podrán calcular el valor del brand equity de la Universidad, pero sugiero para el debate la misma propuesta que antes. Aún restando otro 10% de la matrícula, estas empresas educativas dispondrían todavía, sólo en los estudios de Grado, de una facturación media anual de mil trescientos millones de euros.

Por último, está la cuestión del patrocinio de las universidades públicas y privadas. La esponsorización por parte de bancos, cajas, empresas y fundaciones privadas de los postgrados, que tanto las públicas como las privadas ofrezcan, en principio no es mala cosa. De entrada ¿por qué no? Ahora bien, teniendo en cuenta que el patrocinio de estos másteres va a ser el resultado de una selección “natural” de aquellos de carácter aplicado y orientados a los mercados de bienes y servicios, propongo el establecimiento para estos patrocinios de una “tasa de sostenibilidad” del conocimiento. Las tasas así obtenidas podrían ser redistribuidas para proteger aquellos másteres de orientación  básica y no mercantil, no sólo pero especialmente de naturaleza humanística y social.

Con todos estos recursos recuperados podría constituirse un Fondo Anual de Capitalización de las Universidades públicas. Los posibles mecanismos de recaudación, distribución, gestión y rendición de cuentas deberían ser establecidos por el Ministerio de Educación. El destino del Fondo debería incentivar las buenas prácticas de gestión pública de las Universidades merecedoras de su recepción y ser finalista en su ejecución. Esta capitalización podría financiar la rehabilitación bioclimática de los equipamientos, la internacionalización de los campus, las inversiones de I+D+i y, en particular, la formación complementaria en destrezas y habilidades de nuestros estudiantes universitarios, por ejemplo, en mejorar la competencia en lenguas extranjeras, en cuyo dominio arrastramos un déficit histórico  y crónico.

Sé que se dirá que la excelencia de nuestras Universidades públicas no depende de sus recursos económicos pero una financiación adecuada es la condición necesaria, aunque no sea suficiente para lograrlo. La apuesta merece la pena porque, al fin y al cabo, la Universidad es un bien público estratégico, y demasiado importante como para malbaratarlo y dejarlo en manos del mercado.

(*) Jesús Montero es  Técnico de Gestión en la Universidad Complutense de Madrid y autor de Mujeres Públicas: la segunda representación (Fundación Dolores Ibárruri, 1996).
1 Comment
  1. maitebmb says

    ¡Que razón tienes! Hay tantos frentes abiertos que habría que estar 24h en la calle gritando. Nos quieren cortar las alas para luchar, nuevas leyes, detenidos, manipulación informativa… ¡Tendremos que volar con los pies!

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