Los 1.198 despidos de RTVV se resolverán ante los Tribunales.

Ayer se presentó ante la Autoridad Laboral el expediente de regulación de empleo de la Radio Televisión Valenciana.  Supondrá el despido de 1.198 personas, que percibirán una indemnización equivalente a 20 días de salario por año trabajado, con el tope de una anualidad. El único exceso sobre el mínimo legal que ha realizado la empresa es aprobar el abono de 400 euros mensuales durante seis meses a los trabajadores entre 45 y 62 años. También ayer se reunieron con la autoridad laboral empresa y trabajadores y ofrecieron al inspector designado sus conclusiones a favor y en contra del expediente. El inspector deberá realizar un informe, que se no se considera vinculante, a efectos de su aprobación final.

El comité de empresa impugnará el expediente por innumerables irregularidades de fondo y de forma. Sólo dos sindicatos -USO y CSIF- no acudirán a los tribunales y sí lo harán las secciones sindicales de UGT, CCOO, Intersindical y CGT, que presentarán demandas colectivas, coordinadas entre sí, para que haya una sola sentencia sobre la totalidad del ERE.

Consideran los sindicatos, en primer lugar, que la aprobación del expediente de regulación de empleo, que lo fue el 18 de julio, es anterior a la fecha de publicación de la nueva Ley de la RTVV, que permite la externalización de la programación. Es decir, que se habría aprobado un ERE que abre la puerta a una externalización,  incluida en una ley que aún no había entrado en vigor, pues no se había publicado.

Además, entienden que la empresa ha dejado transcurrir el período de 30 días para negociar con los sindicatos, sin estudiar ninguna de sus propuestas ni plantear alternativas razonables. El único ofrecimiento que realizó la dirección fue reducir la cifra de despidos de 1295 a 1095 pero ofreciendo la indemnización mínima y reduciendo el salario y otras condiciones a los trabajadores que se quedaran. La firma del acuerdo impedía a los trabajadores despedidos poder recurrir ante los tribunales, por eso los sindicatos no aceptaron la oferta.

El comité, durante el tiempo que duró la negociación, ofreció multitud de posibilidades para ahorrar y evitar la sangría de despidos. Basándose en el informe realizado por la consultora PWC, que afirmaba que con la externalización de la plantilla el gasto de personal sería de 47 millones anuales, ofrecían un plan que incluía 430 bajas voluntarias de trabajadores fijos y 115 de interinos, directivos sin plaza o personal de confianza. También se contemplaba la reducción de salarios y jornadas. Con esas medidas el gasto anual en salario sería de 41 millones de euros. También aportaban medidas para la mejora de la gestión de la publicidad o el mejor aprovechamiento de la red de repetidores.

El comité también considera que el ERE es nulo porque no se dan las causas económicas que exige la ley: la corporación nunca ha dado beneficios, porque es un servicio público y la Generalitat ha reducido la subvención que aporta cada año para incrementar las pérdidas y justificar los despidos. Además, no creen que los tribunales avalen un despido colectivo de dos tercios de la plantilla, de la que gran parte ingresó por oposición, para que sea sustituida por trabajadores de productoras con unas condiciones económicas y laborales peores. Incluso se puede dar la paradoja de que, profesionales despedidos de la RTVV, sean después contratados por esas productoras para realizar el mismo trabajo que antes hacían como personal del ente.

Por último, no están de acuerdo los trabajadores con la indemnización que se les debe abonar, en caso de que los tribunales convalidaran el ERE. Su convenio refleja que en caso de despido colectivo sería de 45 días por año trabajado.

Sin embargo, la interposición de la demanda colectiva no interrumpirá la ejecución del expediente. Según ha anunciado la empresa, los primeros despidos podrían producirse en septiembre. Si finalmente los tribunales dieran la razón a los trabajadores, y el expediente fuera considerado nulo, deberían ser reincorporados y si únicamente se admitieran las reclamaciones económicas, serían entonces indemnizados en la suma correspondiente.