Los pensionistas vuelven a la calle el 5M: la movilización es la solución

Leopoldo Pelayo*

Estamos viviendo la constatación de una afirmación reiterada: sin movilización no hay cambio social ni político. La movilización de cientos de miles de pensionistas, sostenida en el tiempo durante los últimos meses, ha obligado al gobierno del PP a cambiar continuamente de posiciones en el tablero político y a que éste actúe como un “zombi”, ayudando a la situación las continuas tramas de corrupción que sufre el país.

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Los pensionistas se han echado a las calles los días 22 de febrero, 17 de marzo y 16 de abril en decenas de ciudades y centenares de pueblos convocados por la Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones. La situación creada por las reformas de pensiones del 2011 y 2013, unido a las consecuencias de los aspectos regresivos de los Pactos de Toledo, que desvincularon las pensiones de los PGE e introdujeron los PPP (Planes Privados de Pensiones) y los PPE (Planes Privados de Empresa), habían llevado al Sistema Público de Pensiones a una situación insostenible con un déficit de 18.900 millones anuales y un agujero acumulado en los 5 años de gobierno del PP de más de 88.000 millones.

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Más de nueve millones de pensionistas llevaban viendo año tras año cómo estas reformas de pensiones, unidas a las reformas laborales llevadas a cabo por los gobiernos del PSOE y PP, reducían rápidamente su poder adquisitivo empobreciendo al colectivo.

Las respuestas del gobierno ante esta situación fueron “No hay dinero para pensiones“. (Sr. Rajoy), “Revalorizar pensiones es anticuado” (Sr. Montoro) , “Las pensiones no paran de subir” (Sra. Báñez) o “Los pensionistas cobran muchos años la pensión” (Sra. Villalobos). Ello indignó al colectivo que desde el 22-F no ha abandonado la calle en demanda de una solución integral que garantice el Sistema Público de Pensiones sin pérdida de derechos para los pensionistas.

«Las manipulaciones y mentiras del Gobierno se pusieron de manifiesto en un primer acuerdo con C’s»

Las manipulaciones y mentiras del Gobierno se pusieron de manifiesto en un primer acuerdo con C’s, en el cual se comprometían a subir las pensiones mínimas un 3%. Pero de las 2.380.000 pensiones de viudedad, recogían en la letra pequeña las exclusiones a las que se les sometían, y el resultado fue que más del 75% no tendrían subida (por no llegar a los 65 años, por percibir pensión del extranjero, por percibir algún otro ingreso…). En los tramos de 700€ a 860€ la subida sería del 1% y las restantes, el ya conocido 0,25%.

El día 25 de abril, y dada la continuidad y la presión de los pensionistas en las calles, el gobierno, acompañado en este caso por el PNV y con claro interés electoralista a tan solo un año de las elecciones, dice que las pensiones subirán el 1,6% en 2018 y el IPC en el 2019, aplazando la aplicación del Factor de Sostenibilidad al 2023, pero en ningún momento se garantiza la supresión del 0,25% ni la retirada del factor; tampoco se plantea revertir las nefastas consecuencias de la reforma de pensiones del 2011 del PSOE, que supuso una pérdida para los actuales y futuros pensionistas de más del 20% de las pensiones en un periodo medio de tiempo.

Ni el Sr. Rajoy ni el Sr. Montoro tienen credibilidad alguna: sus compromisos se incumplen y condicionan los mismos a las variables económicas, mientras el PNV hace lo mismo con la retirada del 155 catalán y, en medio de esa subasta de sillones continuistas hasta las elecciones, los pensionistas vamos a continuar en la movilización sostenida semana tras semana, día tras día, pues sabemos que esa es nuestra fuerza y sabemos que hay solución a nuestras demandas.

«Ni el Sr. Rajoy ni el Sr. Montoro tienen credibilidad alguna»

Desde la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones hemos analizado el acuerdo PP-PNV. Exigimos una solución integral del Sistema, una solución donde los pensionistas queremos ser escuchados, no admitimos parches y falsas soluciones, exigimos que las causas que han originado la quiebra técnica de la SS y el deterioro de las condiciones de vida de los jóvenes, trabajadores y pensionistas se reviertan, sabemos que estas causas emanan de las cuatro reformas (dos laborales y dos de pensiones) que, aplicadas en tres años (2010 y 2013) por PSOE y PP han modificado la vida y empobrecido a la mayoría social. Los pensionistas no somos moneda de cambio de pactos entre partidos con claros fines electoralistas.

En las movilizaciones pasadas reivindicábamos:

  • Se derogue el factor de sostenibilidad de las pensiones.
  • Se cambie el Índice de Revalorización por la actualización según el IPC de todas las pensiones, devolviendo todo lo perdido desde el 2011 al momento actual y las pensiones mínimas se establezcan en los 1.080 € de la Carta Social Europea.
  • Se establezcan medidas suficientes para reducir primero y eliminar después la brecha de género de las pensiones.
  • Se deroguen los aspectos negativos de la Reforma de 2011, sobre edad de jubilación normal y anticipada, cálculo de la pensión y otras medidas que disminuyen y dificultan el acceso a la jubilación.
  • Se garantice la financiación de la Seguridad Social en los presupuestos generales del Estado, complementando los ingresos por cotizaciones y no con préstamos que endeudan la Seguridad Social y suponen la base para una reforma futura.
  •  Se constitucionalice el derecho a una pensión digna y suficiente, ubicando dicho derecho en la Sección 2ª del Capítulo 20 del Título 10 de la Constitución, que conforme a las previsiones de su artículo 53 goza de una protección reforzada.
  • Se lleve a cabo una reforma integral del Sistema de Seguridad Social que va ligada a una reforma laboral y otra fiscal imprescindible para que nuestro Sistema sea sostenible a largo plazo y universal.

En este sentido volvemos a ocupar las calles de las ciudades el próximo día 5 de mayo con las mismas demandas, sabiendo que la movilización es nuestro instrumento principal y que los pensionistas estamos en una lucha de supervivencia, una lucha que no podemos perder.

(*) Leopoldo Pelayo es portavoz de la Coordinadora de Madrid en Defensa del Sistema Público de Pensiones