El fantasma del 155 desinfla el proyecto estrella del PSOE: su comisión en el Congreso

El PSOE está dispuesto a ejercer una “oposición de Estado” y eso implica tomar decisiones que no siempre contentan a todo el mundo. Los socialistas han apoyado al Gobierno en los pasos que ha dado respecto a Cataluña. También le acompañará en la senda del artículo 155 si finalmente se aplica. Esto le ha granjeado más de una crítica en otros grupos parlamentarios y, sobre todo, ha debilitado uno de los grandes proyectos de Pedro Sánchez: la comisión de estudio para la modernización del Estado autonómico, donde los socialistas pretendían canalizar su propuesta de diálogo. Algunos no creen que ese escenario sea el adecuado para comenzar a hablar. Por el momento, PDCat le ha pedido a Puigdemont que levante la suspensión de la independencia si el Gobierno decide llevar al Senado esta herramienta constitucional.

La comisión no permanente ya nació con el rechazo de uno de los principales actores del conflicto catalán, ERC, que no participará, y con la desconfianza de Ciudadanos. Finalmente, la formación de Albert Rivera ha recapacitado y ya ha confirmado el nombre de los tres diputados que acudirán en su representación cuando se constituya este espacio: el vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes y los diputados Javier Cano y Virginia Millán. El pasado miércoles, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ya advirtió en el pleno que “no es compatible la puesta en marcha del 155 con la comisión territorial”, ya que para ellos no tendría sentido “dialogar sobre el modelo territorial con el Gobierno de Cataluña suspendido”.

Otra de las formaciones llamadas a tener un papel protagonista como posible puente entre el Gobierno catalán y el Gobierno central también ha expresado su escepticismo sobre la propuesta. Fuentes del PNV, que se barajaba para presidir la comisión, afirman que “no servirá de nada si no se enfrentan los problemas nacionales que existen en el Estado”. Pero la amenaza del 155 ha reforzado su desconfianza: “Su aplicación podría echar por tierra todo, incluida la utilidad de esa comisión. No nos parece que sea el momento de constituirla”. Aunque los vascos veían con buenos ojos cualquier intento de diálogo, un recrudecimiento de la situación lo podría volver inviable.

No solo los nacionalistas se han descolgado de esta propuesta estrella del PSOE. Con el fantasma de este artículo sobrevolando la política catalana, Podemos tampoco quiere asegurar su apoyo a los de Sánchez. "Ojalá en el futuro pueda haber espacios en el parlamento que sirvan para discutir todo, pero no podemos más que dejar en suspenso nuestra participación", afirmaba este miércoles Pablo Iglesias, que pide a las dos partes que no den un paso más que haga el camino de vuelta intransitable. Por tanto, la formación morada, que aunque acogió con frialdad la propuesta no descartaba su participación, ha dado un paso atrás a la espera de lo que suceda en los próximos días.

En este contexto, la comisión saldría adelante con el apoyo decidido del PP, que aún no ha dado el nombre de los 14 diputados que la formarán, y de Ciudadanos, que siempre la miró con desconfianza. Es decir, para discutir cómo darle encaje a Cataluña dentro del estado español, solo habría una parte del conflicto comprometida. Si los socialistas no logran encauzar de nuevo esta vía, podría tornarse en un fracaso y acabaría diluyéndose la imagen de ‘partido puente’ que pretendían proyectar. Entre sus filas tampoco entienden la actitud de Podemos, tal y como señalaba el secretario de Organización, José Luis Ábalos. Aún así, de momento no entra en sus planes retrasar su puesta en marcha. 

? @abalosmeco sobre Podemos: si se ponen de espaldas habría que preguntarles cuál es su utilidad en el cambio político de España pic.twitter.com/c38Sa2J3W8

— PSOE Congreso (@gpscongreso) 18 de octubre de 2017

Pasada la comisión del modelo territorial, que durará unos seis meses, tendrá que abordarse la reforma constitucional, tal y como pactaron PP y PSOE. Sin embargo, Podemos también tendrá protagonismo en este proceso y se asegurará de que su voz se escuche y que ambos partidos no pacten nada a solas. Iglesias ya ha advertido de que si tocan "una sola coma" sin contar con el resto de fuerzas, su grupo parlamentario usará 35 de sus diputados (la décima parte del Congreso que exige la Constitución) para convocar un referéndum y que la ciudadanía opine. No quieren otro cambio de la Carta Magna como la del artículo 135, que se modificó a las espaldas de los ciudadanos en 2011 para introducir el principio de estabilidad presupuestaria.

Aunque el PSOE respalde al Ejecutivo en la gestión del desafío catalán, no acaban de fiarse del PP. El bloqueo que mantiene el partido del Gobierno a muchas de las iniciativas del resto de grupos en el Congreso crea malestar. De hecho, los socialistas temen que les ninguneen también en la comisión del modelo territorial.

La estrategia de Podemos: el discurso de la "triple alianza"

En el PSOE son firmes en el apoyo al Estado de Derecho y, en este caso, por tanto las actuaciones del Gobierno. Incluso, han rectificado algunas de sus últimas decisiones, como pedir explicaciones al Ejecutivo por las cargas del 1 de octubre. Los socialistas decidieron esta misma semana retirar la posibilidad de debatir en el pleno la reprobación de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, renunciando, por tanto, a pedir responsabilidades políticas por lo ocurrido durante esa jornada, en la que además de golpes hubo urnas.

El hecho de que Sánchez y Rajoy pactaran la apertura de la comisión para la reforma constitucional ha hecho que Podemos, que compite con el PSOE en el mismo espacio electoral, haya resucitado uno de los discursos que más daño le ha hecho a los socialistas en los últimos años: el de las siglas PPSOE. Sin embargo, en este caso a la ecuación hay que sumarle una nueva formación, la de Ciudadanos, que convertiría el binomio en una "triple alianza". “Se ha terminado el PSOE de la plurinacionalidad y ha regresado el de Susana Díaz”, sentenciaba la portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, el pasado miércoles.

Pese a que Sánchez situó a Podemos como un socio preferente para esta legislatura, la cuestión catalana ha hecho que se aleje de esta formación para intensificar sus contactos con el Ejecutivo central. De hecho, las relaciones entre Rajoy y Sánchez son muy fluidas y ha habido más reuniones de las que se han trascendido. Antes de que Sánchez se fuera a Bruselas, el martes tuvo un encuentro por última vez con Rajoy para perfilar los últimos detalles de la aplicación del 155 teniendo en cuenta todos los escenarios.

Asumir todos los costes

El PSOE ha decidido asumir todos los costes de este apoyo cerrado al Gobierno. Para Sánchez lo prioritario es restablecer la convivencia en Cataluña, que considera rota. En el PSC, sensiblemente más críticos con los movimientos del Gobierno, siempre se ha rechazado el 155 y la DUI, pero, llegados a este punto, consideran que el presidente de la Generalitat, Carles Puidemont, es el responsable final si se llega a aplicar el tan citado artículo constitucional. Aún así advierten fuentes de la formación catalana: “Si algo de lo que se haga nos parece mal, lo diremos. Ni imponemos ni nos imponen”.

Ante la posibilidad de que esta situación desemboque en unas elecciones, el PSC tampoco ha contado votos en un escenario tan polarizado como el catalán, donde los discursos moderados se oyen a menos decibelios. “Ahora mismo está por encima restablecer la autonomía de Cataluña”, apuntan desde sus filas.

De hecho, con esta posición sobre Cataluña creen marcar muy claramente una diferencia con Podemos: el PSOE es la "oposición de Estado". Además, el apoyo al derecho a decidir y el hecho de que Iglesias comparta ciertos elementos de su discurso con los nacionalistas catalanes, como considerar "presos político" a los líderes de la la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, podrían granjearle una pérdida de votos en el resto de España.