Rafa Mayoral: “La monarquía es más de tiempos de espadas que de algoritmos”

Desde el inicio de Podemos, más desde el pasado Vistalegre II, Rafa Mayoral (Madrid, 1974) es uno de los pesos pesados de la formación morada. El diputado de Unidos Podemos es secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos. Ahora, con la ausencia por baja de paternidad de Pablo Iglesias, asume más responsabilidad todavía en el Congreso como cara visible de Unidos Podemos. Momentos convulsos parlamentarios: hoy el Pleno decide si dar continuidad o bloquear la propuesta de techo de gasto del Gobierno socialista, el pasado miércoles declaraba el director del CNI en la Comisión de Gastos Secretos sobre las grabaciones de Corinna. De todo esto hablamos con Mayoral, que atiende a cuartopoder.es en su despacho del Congreso.

– Todo parece indicar que el PSOE se negará a que salga adelante la comisión de investigación sobre las grabaciones de Corinna...

"Casado entenderá que esta comisión de investigación aclarará que lo dicho hasta ahora no es cierto" 

– Eso es mucho anticipar. En referencia a los apoyos a la comisión de investigación, creemos que no hay que tener prisas, no es algo que se vaya a solucionar a corto plazo. Llamamos a la reflexión a todas la fuerzas políticas parlamentarias. Obviamente, las que hemos firmado la petición tenemos muy claro que esa comisión se tiene que abrir. También el PNV la ha apoyado políticamente. Ciudadanos no lo ha descartado, hace un matiz que no es menor, ellos plantean la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, algo que nosotros compartimos, pero la Fiscalía no puede investigar hechos anteriores al 2014, por la inviolabilidad recogida en la Constitución. El primer derecho que tiene la ciudadanía española es conocer la verdad: el pueblo es el titular de la soberanía y el lugar más idóneo para hacerlo es el Parlamento.

Además, creemos que las fuerzas monárquicas se tienen que replantear su posición, en la medida en que quieren defender la Monarquía. Tacha hay, lo que tendrá que haber ahora es claridad. Se tienen que replantear las posiciones, en primer lugar la de Casado. Respetamos que él sea monárquico, pero como monárquico debería defender que este tipo de cuestiones, en el siglo XXI, se aclaren en una comisión de investigación. En su pleno apoyo de la Monarquía, entenderá que en esa comisión de investigación se aclarará que todo esto que se ha dicho hasta ahora no es cierto. En cuanto al PSOE, nadie entendería que en pleno siglo XXI...

No es algo de ahora, de estas grabaciones, durante bastante tiempo, diferentes periodistas apuntan a que puede haber sido utilizada la institución de la Jefatura del Estado como una herramienta idónea para el ejercicio de la corrupción. Además, personas que conocen bastante esta institución monárquica, como el señor Peñafiel, dicen que las prácticas de cobro de comisiones proceden de un acuerdo al que llegó el entonces príncipe Juan Carlos con el entonces jefe del Estado, Franco. Estas cosas se han dicho y nadie las ha desmentido. ¿Qué mejor que una comisión de investigación para aclararlo? No son cuestiones menores. La persona más interesada en aclararlo tendría que comparecer, Juan Carlos de Borbón, y el resto de personas que puedan tener información relevante también. En el siglo XXI, la impunidad sobre corrupción no es tolerable y obviamente la corrupción ha servido como una herramienta por parte del poder económico para controlar la institucionalidad en España y sería muy grave que también hubieran podido controlar la Jefatura del Estado. Son cosas que se deben saber.

No hay que anticipar posiciones, se debatirá en Pleno en septiembre, veremos la posición de cada uno. Pedimos reflexión y responsabilidad ante la gente de nuestro país, tiene que haber claridad. Eso pedimos a todas la fuerzas políticas del arco parlamentario, sobre eso tiene que haber un acuerdo. Luego podemos discutir sobre las conclusiones, sobre qué comparecencia sí o no. Pero que tiene que haber una comisión de investigación no se discutiría en ningún país de Europa, y es una medida por la salud democrática de España.

– Se hablaba del bloque monárquico en estos pasados meses, PP, PSOE y Ciudadanos. Ese bloque que cerró filas entorno al discurso del rey del 3-O e impuso el 155 sobre Catalunya. ¿Está el PSOE tensionado entre elegir formar parte de este bloque monárquico o el de valores republicanos que le llevó al Gobierno?

"La moción de censura puso freno a la involución democrática. Ahora hay que avanzar"

– Creo que el debate es entre si hay un proceso de profundización democrática o si se vuelve al de involución democrática. La moción de censura puso freno a la involución, ahora el reto es si se avanza en la profundización, es decir, que por vías democráticas se solucionen los problemas de este país. Obviamente tiene que haber una respuesta democrática a la cuestión territorial, pero no hablamos sólo de esto. Se trata de que se ponga en el centro la soberanía popular: eso significa que hay que decirle a las grandes multinacionales que tienen que respetar los derechos laborales en nuestro país, que hay que hacer una política fiscal que garantice pensiones dignas, que nadie se queda en el camino cuando tiene una situación económica o social complicada, que hay un estado social que protege y cuida al conjunto de las personas que forman parte de nuestra comunidad.

Ese es el eje que tiene que discurrir, informado además del principio fundamental que son los Derechos Humanos. Ahora mismo, el planteamiento es: o se está con la gente, o con los buitres que están expoliando nuestro país en materia laboral, de vivienda. En todos los aspectos hay una batalla por parte de sectores financieros que tienen una batalla depredadora para hacerse con los sectores estratégicos de este país. Esa es la contradicción que tiene que resolver el PSOE. En esa medida, veremos cuáles son las posiciones de cada cual, nosotros creemos que tiene que haber una apuesta decidida por un proceso de profundización democrática que ponga en el centro a las mayorías sociales de este país.

– Declaró el comisario Villarejo ayer que la reunión con Corinna se dio en nombre del Estado, para solucionar los problemas de esta con Juan Carlos de Borbón. ¿Qué credibilidad le da a este hombre y a sus palabras?

– Nosotros quisimos que compareciese en la comisión de investigación de las cloacas, él mismo ha manifestado su vinculación con ellas. A nosotros no nos parece ni creíble ni poco creíble, habrá que ver lo que plantea y lo que no. Lo que pasa es, ¿hubiéramos podido conocer el caso de corrupción de Granados sin González y viceversa? ¿El Gürtel sin Púnica y viceversa? Parece poco probable porque cuando se destapan las tramas de corrupción, el peor enemigo es un amigo. Sobre este señor se dijo en sede parlamentaria que sus actividades económicas en el extranjero eran incompatibles con el ejercicio de su función como funcionario policial. Por eso pedimos su comparecencia y la bloquearon los demás. Debería venir y contarnos cuánto hay de cierto. ¿Credibilidad? No hemos sido sus fans ni el nuestro, ni sus entornos, Manos Limpias y otros...

– Ayer la Comisión de Gastos del Estado, donde se hablan los secretos de Estado, acogió la comparecencia del director del CNI. ¿Tiene sentido esta comisión, esta falta de transparencia? ¿Impulsarán su supresión?

– Hemos impulsado ya que la materia que se está tratando ahí se trate en una comisión de investigación. Ya está puesto encima de la mesa, nos parece que son elementos claves para la opinión pública y hacen falta luz y taquígrafos. Si esa comisión que puede tener unas cuestiones relativas a la seguridad del Estado o es una herramienta útil, el Parlamento tiene otras, las comisiones de investigación lo son. No nos damos por satisfechos con una comisión en la que los titulares de la soberanía popular, la ciudadanía, no sean los que escuchen y valoren lo que se dice. Los diputados sólo somos herramientas de la gente que está ahí fuera para la que pueda valorar lo que se hace aquí dentro, sobre todo en temas claves y esenciales, máxime si estamos hablando de la Jefatura del Estado. Estamos hablando de la posibilidad de que la Jefatura del Estado haya sido utilizada como herramienta idónea para la corrupción.

– Más allá de este caso concreto. ¿Esta Comisión de secretos de Estado debe suprimirse?

"Quien tenga información sobre esta cuestión la tiene que poner a disposición de la gente"

– No tendría por qué haber problema en que exista para algunas cuestiones que deberían ser muy tasadas. Hasta ahora no había habido problema. En algún momento clave, este caso es uno de ellos, existen herramientas de que se pueda hacer sin poner en peligro la seguridad del Estado. Creemos que ante cuestiones como esta tiene que haber claridad, luz y taquígrafos, que la gente que tiene información, que no es poca, la ponga a disposición de la gente. Esta cámara es una herramienta útil para que la gente sepa lo que ha ocurrido.

– ¿Ha sido un mal año para la Monarquía? Si recorremos los últimos meses desde aquella manifestación de los atentados de Barcelona, donde no fue muy bien recibido el rey, hasta hoy...

"Mucha gente esperaba del rey el 3-O un papel moderador y no radicalizador"

– Es muy difícil de explicar en el siglo XXI que la Jefatura del Estado se herede. Cuando era joven había mucha gente que decía que no era monárquica sino juancarlista, era duro decir que la Jefatura del Estado no se debe elegir. Máxime cuando eres inviolable y no respondes ante el pueblo. La falta de escrutinio popular es una falta de legitimidad clara en un Estado, en una democracia la única legitimidad se emana del pueblo. Eso significa que para las diferentes magistraturas del Estado sólo deben haber dos caminos para acceder: la elección popular y, la otra, igualdad, mérito y capacidad. La Monarquía no cumple ninguna y le hace difícil la comprensión de su existencia.

Por eso, cuando llegan momentos claves, le son difíciles de gestionar sin esa legitimidad democrática. Con el  problema territorial, hubo un planteamiento que lejos de facilitar una solución política, fue una apuesta por la polarización y tuvo nefastos resultados. Se generó una doctrina jurídica adoptada por el Tribunal Supremo que, cuando se habla de independencia judicial, da miedo. El problema es que en España la Justicia emana del pueblo pero se dicta en nombre del rey. Se escucha el discurso del rey del 3-O y se leen los autos del juez Llarena y se parecen mucho. En cambio, cuando lees los autos de Alemania, Bélgica u otros países, no se corresponden tanto con esa interpretación jurídica. Es una interpretación jurídica construida a martillazos con una presunción política previa. Eso ha dificultado, mucha gente esperaba un papel moderador y no radicalizador del rey. Ese discurso dejó fuera a mucha gente.

Si a partir de ahí, empieza a recordarse, de nuevo, esa posible utilización de la Jefatura del Estado para la corrupción, si se suma la entrada en prisión del marido de la que fuera infanta... Son elementos para que la sociedad española, que es una sociedad madura que no teme el ruido de sables, adopte este tipo de debates con normalidad. Obviamente, en el siglo XXI es muy difícil que se pueda entender la monarquía, que es algo más de tiempos de espadas que de algoritmos.

– Podemos siempre ha defendido el derecho a decidir la Jefatura del Estado en un referéndum. ¿Podemos esperar una ofensiva, un llamamiento a la movilización por parte de Podemos sobre este aspecto?

– Hay una cuestión ahí que se me hace difícil. No se trata tanto de que pidamos un referéndum sobre monarquía o república como que creamos que todas las magistraturas del Estado tengan que estar sometidas a elección popular. Lo dice la Declaración de Derechos Humanos cuando apela al principio de igualdad, por tanto, todas las personas tienen que tener los mismos derechos a acceder a cualquier magistratura en las mismas condiciones. Eso es incompatible con la institución monárquica, una institución hereditaria que discrimina, además, a las mujeres.

No hay que olvidar la discriminación de sus hermanas, cuando Felipe VI accede a la Jefatura del Estado. Hay una doble discriminación en la Constitución: la primera es que sólo los hijos de borbones pueden acceder a la Jefatura del Estado, la segunda, que en caso de haber un varón, prevalece sobre la mujer. Hoy, desgraciadamente, la Jefatura del Estado, la Monarquía, representa una laguna democrática importante que para las generaciones del siglo XXI es incomprensible.

– Hablaba de los autos del juez Llarena y la relación con el discurso del 3-O. Hemos visto cómo en el juicio de La Manada la gente salía a la calle manifestándose en contra de la sentencia. ¿Está en tela de juicio la independencia judicial? ¿Ha perdido credibilidad en los últimos meses el poder judicial en España?

"Hay una necesidad de actualización de la judicatura"

– En buena medida sí. Hay diferentes procedimientos judiciales que lo han facilitado. Por ejemplo, los relativos a los delitos de opinión, el espíritu del 3-O, la sentencia de La Manada... Hay una necesidad de actualización de la judicatura. Hay una necesidad de independencia del Poder Judicial respecto a la Monarquía, hay que actualizar esa fórmula de que se dicten las sentencias en nombre del Jefe del Estado. Hay que abrir al pueblo esas instituciones, en nuestros país está reconocida la figura del jurado popular, pero está muy poco desarrollada la participación del pueblo en la Justicia. Hay que repensar mucho, la Justicia tiene que ser legítima, respaldada por la ciudadanía, y hay decisiones judiciales que están poniéndola en duda.

Podríamos poner más ejemplos, todas las sentencias relacionadas del Tribunal Supremo relacionadas a la protección de consumidores con respecto a los bancos están siendo tiradas una y otra vez por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dando la sensación de que hay una Justicia para ricos y otra para pobres. Los cambios en la Justicia también deberían abordar la cuestión del acceso a la judicatura, que fuera una carrera judicial accesible para el conjunto de la población con la limitación de igualdad, mérito y capacidad. Ahora no es así, hay que estar mucho tiempo con un preparador privado y eso dificulta mucho a las clases populares para que puedan acceder a la judicatura. Hay que mirar a medio plazo, la cuestión del acceso a la Justicia y la participación popular en la misma para que eso de que la justicia emana del pueblo se pueda cumplir. También, eso de que la justicia se dicta en nombre del rey y que este abra el año judicial dando unas orientaciones de lo que hay que hacer a lo largo del año, se tendrá que reformar.

– Hablábamos de Llarena y Catalunya. Casado anunciaba ayer que la primera iniciativa que registrará en el Congresos será reconocer en el Código Penal los delitos de "sedición impropia" y de "convocatoria ilegal de referéndum"...

"Casado es el adalid de la involución democrática"

– Es coherente con su planteamiento. Casado es el adalid de la involución democrática. Tiene un planteamiento de, en vez de solucionar de forma democrática un problema político, se busca criminalizar la participación popular. En vez de construir una propuesta de convivencia para Catalunya, entendiendo que España es plurinacional, que Catalunya es plurinacional también, y que hay que construir un marco de convivencia que sea decidido por los catalanes y catalanas y que existen vínculos históricos entre España y Catalunya que habrá que gestionarlos basándose en la fraternidad popular, la gente de abajo tiene historias compartidas. No hay salidas uninacionales, la plurinacionalidad está en los barrios populares. Nos enfrentamos aquellos que defienden una uninacionalidad y los que defendemos la plurinacionalidad basada en la fraternidad popular. Creo que esos son los debates del futuro. También, entre los que planteamos que tiene que haber una participación democrática para decidir el futuro y los que deciden que tiene que haber un cerrojazo a la participación. Son dos proyectos distintos.

Lo que están encubriendo es otra cosa, que son los mismos que cuando la troika atacó la soberanía popular de nuestro país, imponiendo medidas durísimas incluyendo la reforma constitucional no dudaron en entregar la soberanía popular. No lo dudan cada vez que se lo piden los buitres internacionales. Tenemos que trabajar qué significa la soberanía popular en el siglo XXI, plurinacional y solidaria, diametralmente opuesta a una visión uninacional, reaccionaria y antidemocrática, que es la que plantea el señor Casado.

– La llegada de Casado y su previsible guerra en la derecha con Rivera y el control de la derecha catalana por Puigdemont. Puede que volvamos a una mayor tensión identitaria. Podemos, en el pasado otoño caliente, ofreció alternativas de diálogo, como la Declaración de Zaragoza. También Iglesias fue el primer líder estatal en visitar a Torra a la Generalitat. ¿Qué medidas prevé Podemos por si se vuelve a momentos de alta tensión en otoño, estando el juicio de los presos fechado para entonces?

– Vamos a verlo. Es difícil anticipar. Seguiremos planteando nuestra visión plurinacional y democrática. Bajo esas dos premisas veremos, con la defensa de la soberanía popular como una herramienta para mejorar la vida de la gente, no como un abstracto identitario. La soberanía popular es defender que las viviendas sociales no se venden a fondos buitres, eso lo ha hecho el PP y lo intentó hacer Convergència. Eso es soberanía popular, lo otro son cosas que tendremos que debatir entre todos bajo el convencimiento de que es necesario encontrar una salida para los sectores populares frente a las élites.

– Se ha dejado, quizás, algo de lado la defensa al derecho de autodeterminación catalán en el caliento de los últimos meses por parte de Podemos. ¿Se retomará con más fuerza la defensa del referéndum?

"Queremos que la gente tenga derecho a decidir sobre sus vidas"

– El problema es cuando se habla de derecho a decidir exclusivamente al derecho a la secesión, es una cuestión reduccionista. El derecho a decidir es que los Ayuntamientos puedan decidir sobre el transporte urbano y que no se decida desde un paraíso fiscal donde están los CEO que construyen, mediante estrategias de dumping, monopolios en las ciudades; que Amazon no pueda planificar su producción a través de defensa de estrategias de esquirolaje, derivando una parte de la producción a Catalunya; y que se coordine con la Delegación del Gobierno para reprimir a aquellos trabajadores que ejercen el derecho a la información durante una jornada de huelga. Eso también es defender el derecho a decidir. ¿Tenemos derecho a articular las leyes laborales o tenemos que acceder al chantaje de Deliveroo que dice que un chico con bici no es un trabajador de su empresa porque dicen que es un emprendedor?

Queremos que la gente tenga derecho a decidir sobre sus vidas. También, obviamente, sobre la cuestión territorial, sobre qué competencias tienen que ser de ámbito nacional o estatal. Podemos discutir sobre los ámbitos de competencias pero con un objetivo que es el derecho a vivir bien de la gente. Muchas veces, el derecho a decidir se queda sólo en el ámbito identitario y eso no lo compartimos. Vamos a seguir defendiendo la política de 'un sol poble', eso no tiene nada que ver con lo que han defendido las visiones uninacionales. La política de 'un sol poble' planteaba que todo aquel que vive y trabaja en Catalunya es catalán, sobre eso no había discusión. Esta política hacía que en Catalunya se reconociera el papel de construcción de la identidad colectiva por las clases populares, que se reconociera la pluralidad de identidades.

Yo sí que me reconozco en esas lógicas, las lógicas que hemos vivido últimamente no han caminado en ese sentido. Para caminar en ese sentido, no puede haber límites a la expansión democrática. Durante estos años, mucha gente se ha querido independizar de Rajoy, no de España.

– Este discurso no tuvo muy buena acogida, en las pasadas elecciones catalanas, en un contexto muy polarizado. Previendo que pueda volverse a esa polarización... 

– No lo tuvo en las autonómicas, en las generales sí...

– No era tan polarizado el momento...

– No era tan polarizado, pero era bastante polarizado. Es cierto que se produjo un debate identitario y la gente se posicionó. Pero también es cierto que todo el mundo nos suma para poder hacer mayoría. Cuando no hay mayoría independentista, nos suman a nosotros... Parece razonable que si vemos la última encuesta del Gesop, la identidad de Catalunya es plural. Nuestra propuesta era difícil de defenderla en aquel momento, pero era una buena aportación para Catalunya y para el resto del Estado. No se construyen proyectos de futuro dejando de sostener lo justo cuando viene la tormenta y adaptándose a los discursos oficiales, cuando amaina la tormenta esos discursos son necesarios para volver a construir.

– ¿Prevé que amaina la tormenta catalana en los próximos meses o que lloverá más fuerte?

"La plurinacionalidad de nuestros barrios trasciende Europa"

– No me gusta anticipar, vamos a verlo. A ver cuáles son los ejes del debate político, nacional, social, ambas... La aritmética no parece que vaya a favorecer ninguna solución uninacional, las únicas salidas viables son plurinacionales porque reconocen la identidad de nuestro pueblo. Y no me refiero sólo a la identidad española o catalana, cuando vemos nuestros barrios, la plurinacionalidad trasciende Europa. Cuando se habla de lo que ocurrió en Lavapiés, se hablaba del ataque al corazón de un migrante, para mí una persona que vive doce años con nosotros, aunque su identidad sea senegalesa, es español. No podemos construir un modelo de apartheid en el que dependiendo de la identidad se eliminen derechos.

Esa plurinacionalidad de la que hablo construye puentes con muchos pueblos, mientras otros hablan de que esos pueblos son una amenaza. Algunos estudios sociológicos que no comparto nos hablan de problemas de identidad de migrantes de segunda generación. Para mí no son migrantes de segunda generación, son de nuestro país, son el resultado de la plurinacionalidad que existe en nuestra sociedad. Una pluralidad que tiene un elemento común, la convivencia que se da en los barrios populares que hay que fomentar con herramientas de interculturalidad y que no se ha puesto interés en fortalecer. Sí que existe interés en que haya un colectivo importante de la población privado de derechos.

– ¿No votar en contra de la propuesta del techo de gasto del PSOE implica dar por buena la política de austeridad impuesta desde Bruselas?

– Hemos dicho que el techo de gasto es insuficiente. La previsión estaba en el 1'9 y al volver de Bruselas llega con el 1'8, la propuesta del Gobierno estaba hecha para contentar al PP que es quien tiene la llave del cerrojo del Senado, un cerrojo impuesto por la Ley Montoro. Montoro sabía que podía haber problemas en el Congreso. Hemos planteado desde el principio que hay que poner en solfa el derecho de veto del Senado porque es antidemocrático. El Gobierno lo ha descubierto ahora, nosotros lo planteamos el lunes. Ahí es donde está el verdadero tapón para llevar a cabo la política presupuestaria que permita satisfacer las necesidades de la gente y no los intereses, exclusivamente, de las élites.

– Manolo Monereo escribía en cuartopoder.es que "cada vez que el Gobierno lo considere oportuno, colocará a Unidos Podemos ante la tesitura de dejar en minoría al Ejecutivo o ceder ante políticas con las que se está en desacuerdo". Eso puede llevar a  "debilitar a Unidos Podemos". ¿Tiene que ser más cañero Unidos Podemos con este Gobierno?

"Si el PSOE se quiere poner al lado de las mayorías sociales, nos encontrará"

– Nuestra relación no se tiene que establecer con el PSOE, sino con los diferentes sectores sociales a los que queremos representar. Vamos a estar en defensa de los intereses de la mayoría social, de la gente que está en situación de desempleo, sometida a la precariedad laboral, que tiene dificultades para el acceso a la vivienda, que sufre los recortes en Educación, Sanidad, de los trabajadores públicos que están provatizados, de los pequeños y mediados empresarios, de los autónomos... Frente a los buitres financieros internacionales que saquean nuestro país. Si el PSOE se quiere poner al lado de las mayorías sociales, nos encontrará, si se pone al lado de las élites económicas, nos tendrá enfrente.

– Como responsable de Relaciones con la Sociedad Civil. La movilización social está virando a los conflictos laborales en los últimos meses: Amazon, Ryanair, taxis... ¿Cómo lo valora? 

– Se pone encima de la mesa la necesidad de cambiar el vector del debate en las condiciones materiales de vida de la gente. Eso hay que agradecérselo a dos grandes movimientos de este año. El principal a la huelga feminista del 8-M, que ha puesto encima de la mesa una cuestión central, la necesidad de la socialización de los cuidados, de que en el ámbito privado tiene que haber un reparto de los cuidados diferente al de ahora, eso nos implica personalmente a todos. Además, dos cuestiones más, que hay una responsabilidad política pública y otra en el ámbito de lo comunitario.

En cuestión de la política pública, nos da un eje muy interesante, se habla de la crisis del empleo y se abre el debate del reparto del trabajo y riqueza y el movimiento feminista pone en el centro que la vida, que para que pueda haber vida, hay que cuidarla. Eso significa que si valoramos el trabajo necesario para que la gente pueda vivir bien, no tenemos un problema de empleo, tenemos un problema de repartir el trabajo. Y luego de repartir la riqueza. Hay mucho trabajo no visibilizado y retribuido, que no cuenta en el PIB. Eso hay que contabilizarlo y repartirlo, también a nivel fiscal, cuál es la riqueza que existe para garantizar que la gente pueda venir bien.

– ¿Y el siguiente movimiento?

– Los pensionistas, que vuelven a poner en el centro la política de los cuidados, porque la gente que no puede trabajar tiene que estar protegida también. Eso hace necesario que haya unas pensiones dignas. En este momento hay porcentajes amplios de la población que no percibe pensiones suficientes hasta el punto de incumplir la Carta Social Europea.

Al mismo tiempo se nos plantea el problema de la precariedad como forma de vida. No sólo la precariedad laboral, que también, que significa bajos salarios, bajas cotizaciones sociales, qué relaciones de trabajo existen, cuál ha sido el empeoramiento del mercado de trabajo con especial ensañamiento en las mujeres y jóvenes, y cómo afecta también la precariedad a otros ámbitos de vida. Vivienda, salud. Para grandes sectores sociales, la precariedad es una forma de vida, una forma de vida con inseguridad permanente, para que las condiciones injustas que se imponen a los sectores populares, no cambien como manera de perpetuar esas circunstancias.

¿Cuál es la respuesta que se está articulando? Es una respuesta de estos sectores precarizados que se movilizan y empiezan a conectarse las movilizaciones, empiezan a poner encima de la mesa la necesidad de debatir sobre el modelo económico, sobre la uberización de la economía. ¿Qué es eso? Una multinacional que desde un paraíso fiscal realiza una actividad económica que es meramente extractiva, que no da ningún valor añadido, que sólo es una estrategia de monopolio para copar sectores económicos estratégicos de un país aprovechándose de las necesidades de la gente. La batalla que se está abriendo en torno a la precariedad es multifacética, se abre en diferentes campos y cada vez está más extendida.

– Para terminar, en este sentido, en su agenda parlamentaria, ¿la derogación de las reformas laborales, para cuándo?

"El PSOE dice que no tiene mayoría para derogar las reformas laborales, no lo compartimos"

– En este sentido hemos ido impulsando la deconstrucción de las dos reformas laborales con diferentes medidas, también de las reformas de las pensiones. Se han ido impulsando diferentes iniciativas legislativas para desmontarlas. Pero, además, se lo hemos planteado al Gobierno, sería positivo abrir un diálogo sobre la derogación de las reformas laborales. Lo primero que nos ha dicho el PSOE es que no tiene intención de derogarla por completo, dice que no tiene mayoría. No entendemos ni compartimos, hay una proposición no de ley aprobada por la mayoría de la cámara de derogación de la última reforma laboral.

Tenemos muy claro que el mercado del trabajo tiene que cambiar, que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras y que eso pasa por acabar con las reformas desreguladoras. Hay dos caminos, o ir hacia la atomización de las reformas laborales que termina con decir que un chico o chica en bici es una empresa porque las instrucciones de la empresa se dan mediante una aplicación. Esto no es nuevo, se lo dijeron en los 80 a los mensajeros por el busca. Se quiere pasar del derecho laboral al mercantil, eso es un retroceso democrático. Los trabajadores de Ryanair piden que se reconozca la libertad sindical porque supuestamente se tienen que regir por las leyes irlandesas cuando trabajan en España. Estar en las instituciones significa optar: o se está con la población trabajadora o con quien quiere socavar sus derechos.