Siete sombras de la historia reciente que se despejarían cambiando la Ley de Secretos

  • Hace unos meses, el Congreso decidió por fin desbloquear la propuesta de PNV de reforma de la Ley de Secretos. La semana pasada Podemos pidió al PSOE que elimine la enmienda que retrasa información sobre el 23-F hasta 2030.
  • En este momento, las autoridades españolas no tienen la obligación de desclasificar la información.

Hace unos meses, el Congreso decidió por fin desbloquear la propuesta de PNV de reforma de la Ley de Secretos. Tras meses en el cajón, comenzaron los trámites. La propuesta pide que se desclasifiquen las materias secretas a los 25 años y las reservadas a los 10, entre otras cosas. Una buena noticia para historiadores e investigadores, que se quejan de que en otros países encuentran los documentos que en España siguen siendo inaccesibles. Esta propuesta volvió a la actualidad la semana pasada porque Podemos pidió al PSOE que eliminara la enmienda que retrasa información sobre el 23-F hasta 2030.

Aún es pronto para saber qué periodos de la historia permitirá conocer exactamente esta actualización de la ley cuando se apruebe. El resto de partidos ya han presentado sus enmiendas, que puede afectar significativamente a la petición del PNV. El PP, por ejemplo, quiere empezar a desclasificar la información del año 1968 en 2023 y, a partir de esa fecha, publicar la información de dos ejercicios cada año. 

Esta ley fue aprobada en 1968 y aclara que “podrán ser declaradas ‘materias clasificadas’ los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”. El hecho de que esta legislación no prevea la desclasificación automática hace que muchos documentos caigan en el olvido. Una pregunta parlamentaria de Izquierda Unida permitió saber que la Fundación Franco, una entidad privada que enaltece la figura del dictador, puede estar en posesión de secretos oficiales, según recoge Público.

A veces, los investigadores se dan contra un muro cuando quieren consultar algunos archivos oficiales. En otras ocasiones, es la Ley de Patrimonio la que impide una consulta pública de “ los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole” sin el “consentimiendo expreso” de los afectados o “hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte”, por lo que algunas investigaciones sobre los últimos años del Franquismo o la Transición tampoco se pueden realizar.

“Hay temas más sensibles o cercanos en los que puede haber razones para mantenerlos cerrados, pero otros documentos tienen más de 60 años y sus protagonistas han fallecido. Cuando escribí el libro Los niños de Rusia: La verdadera historia de una operación de retorno, decenas de familiares me llamaron para preguntarme, por ejemplo, dónde podía encontrar datos sobre su abuelo. La historia no es solo para los historiadores”, explica el escritor y profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Rafael Moreno, sobre la importancia de trazar bien los límites para las desclasificaciones.

Los límites difusos para desclasificar papeles dan lugar a interpretaciones amplias por parte de las autoridades. Moreno también advierte sobre el futuro: “En Estados Unidos es obligatorio que los correos electrónicos de los miembros del Gobierno se guarden, por eso hubo tanta polémica con Hillary Clinton, pero en España no hay una normativa que obligue a ello, por lo que todos los correos que hoy mandan los miembros del Ejecutivo podrían perderse”.

El profesor ha trabajado también con archivos estadounidenses durante muchos años y cree que España tiene mucho que aprender en cuestión de clasificación: “En Estados Unidos te asignan un número y una persona que te va informando sobre cómo va el estado de tu petición. Te avisan, por ejemplo, de que tu pedido es muy grande y puede tardar más de lo que esperas. Mantienes el contacto con esa persona, te dan el resultado y, en caso de que lo rechacen, te explican por qué y tú puedes recurrir la petición”, explica Moreno, que hace también autocrítica. “Los españoles tenemos un poco de culpa porque no hemos ido a los tribunales a reclamarlo”, reflexiona.

Siete episodios históricos llenos de interrogantes

El secretismo del Estado español hace que los investigadores encuentren información sobre algunos episodios más fácilmente en los archivos de otros países que en el suyo. La falta de documentación también ha abierto la veda a todo tipo de especulaciones que los expertos intentan desmentir o verificar. Con la ayuda de Rafael Moreno y de Carlos Sanz, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense y especilista en las relaciones España-Alemania desde 1945, desvelamos siete episodios de la historia española a los que la desclasificación aportaría luz y nuevos datos.

La Guerra Civil y el Franquismo (1936 a 1968). En 2011, la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, planeó una desclasificación de unos 10.000 documentos de los archivos militares, que abarcaban desde 1936 a 1968. El examen de los expertos aseguraba que estos papeles de indudable valor histórico no afectasen a la seguridad del Estado. Sin embargo, la buena intención se quedó en la última legislatura del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Con la llegada del equipo de Mariano Rajoy a Moncloa se paralizó.

Accidente de Palomares (1966) . El 17 de enero de 1966 un bombardero norteamericano B-52 colisionó con un avión nodriza, liberando las cuatro bombas de su interior. No costó ninguna vida humana, pero contaminó algunas tierras de Palomares (Almería),  provocando un desastre ambiental que aún no se ha terminado de solucionar. A día de hoy, el Gobierno español sigue negociando con Estados Unidos un plan de limpieza. Moreno dedicó una parte importante de su vida a investigar el accidente y sus consecuencias. Fruto de esa etapa, publicó el libro La historia secreta de las bombas de Palomares en 2016 . Pidió la documentación al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) sin mucho éxito. Solo en el Archivo General de la Administración encontró una huella de lo sucedido: los gastos bancarios del gasto que ocasionó el llamado proyecto Índalo.

Descolonización del Sahara Occidental. Es uno de los temas más polémicos de la historia reciente y todavía siguen vivos muchos interrogantes sobre por qué España cedió ante la presión de Marruecos. “Todo lo relacionado con la Marcha Verde de 1975 y el Acuerdo Tripartito de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania son cuestiones inaccesibles a los investigadores por estar clasificadas como secreto”, explica Sanz, que referencia al libro Agonía, traición, huida, de  José Luis Rodríguez Jiménez, para aquel que quiera saber más sobre este periodo histórico y las dificultades para investigarlo.

Ingreso de España en la OTAN (1982). Carlos Sanz ha podido leer algunas actas de momentos históricos relevantes de la Transición. Eso sí, cogiendo un avión antes. El experto contabiliza una infinidad de documentos inaccesibles: “Desde que el gobierno de Calvo Sotelo plantea el ingreso de España tras el 23-F y el Congreso de los Diputados lo aprueba, hasta las negociaciones para el ingreso entre el gobierno español y la OTAN, que fue efectivo en mayo de 1982″, acota.

Mucho se ha escrito sobre el papel de Felipe González, que llegó a Moncloa prometiendo una consulta sobre la cuestionada permanencia en la OTAN y consiguió que, pese a las protestas, saliese el ‘sí’ en un referéndum celebrado años después: “Tampoco se ha podido investigar en España la forma en que nuestro país ralentizó la integración en la OTAN tras la llegada al poder del PSOE, ni cómo se fue haciendo efectiva la participación de España hasta el referéndum de marzo de 1986”.

El golpe de Estado del 23-F: ¿Quién era realmente el ‘elefante blanco’? ¿Cúal fue el papel exacto de la Casa Real? ¿Qué información manejaba el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) los días previos a la intentona golpista? Mucho se ha especulado sobre el 23-F durante los últimos años. Algunos de los archivos podrían desmentir o ratificar las teorías que se han publicado respecto aquel día, que supuso un antes y un después en la joven democracia española.

Actitud de España en la Guerra de las Malvinas (1982). Es otro de los periodos que Sanz ha estudiado: “No se han podido investigar la toma de posición del gobierno español en este conflicto entre Reino Unido y Argentina, que se desarrolla justo en un momento en que España está ingresando en la OTAN y cuando ocupamos un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

 

Publicidad