El Gobierno roto de Puigdemont

Dos meses después del referéndum del 1 de octubre, el día de las cargas policiales que avergonzaron a media España y de la votación chapucera de la que se pitorreó la otra media, lo único que se ha roto como consecuencia del desafío unilateral de los independentistas catalanes ha sido el Gobierno de Carles Puigdemont.

Y no sólo porque el que se hace llamar president a l’exili permanece desde el 30 de octubre en Bélgica, donde alterna los mítines de campaña por plasma y las comparecencias de prensa solo para los medios elegidos con las actividades de ocio de todo tipo. Estos días hemos visto a Puigdemont, en su caso despeinándose, pasear bajo la lluvia por los canales de Gante, menear la cabeza en el balcón de la ópera mientras contemplaba la ocupación española de Flandes por el Duque de Alba de Donizetti y rozar el éxtasis cuando el exconseller de Salud Toni Comín se dejaba querer y se sentaba al piano.

Además de la distancia física con los cesados compañeros de gabinete que saben de sus días belgas de bombones y rosas desde el patio de las cárceles de Estremera y Alcalá-Meco, el Ejecutivo de Puigdemont ha saltado por los aires cuando a sus miembros les ha tocado acudir al Tribunal Supremo para explicarle por qué quieren recuperar la libertad al juez Pablo Llarena, nuevo instructor de la causa superada la decisión del falllecido José Manuel Maza de meter a la Audiencia Nacional en esto.

El primero en desmarcarse en el independentismo fue el conseller de Economía Santi Vila, que dimitió un día antes de que sus compañeros proclamaran la declaración unilateral de independencia en el Parlament, aderezada en los siguientes minutos y por partida doble con los omnipresentes cánticos patrióticos de Els segadors. El golpe de hoz de Santi Vila, al que sus todavía compañeros de viaje recibieron en la Audiencia Nacional con el más incómodo de los silencios, llegó el 2 de noviembre, cuando le dijo a la juez Carmen Lamela que siempre trabajó por una solución negociada con el Estado y abominó, él el primero, de la unilateralidad.

Esa vía, que en justicia debería llamarse la vía Santi Vila, fue después abrazada por Ramona Barrufet y, con un entusiasmo menor, por el resto de los miembros de la Mesa del Parlament, con Carme Forcadell a la cabeza, que lograron esquivar su presencia en la cárcel depositando fianzas de entre 25.000 y 150.000 euros.

La estrategia procesal común que llevó a todos los integrantes no fugados del Govern a la cárcel se vino abajo a mediados de noviembre, cuando los cuatro exconsellers del PdeCat abandonaron a Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Puigdemont, y se buscaron la vida con otros penalistas, que empezaron a aconsejarles colaborar con la Justicia para salir de prisión. La más dispuesta es la que fuera titular de Gobernación Meritxell Borràs, que no repite en las listas y ha trasladado que quiere volver a su farmacia y olvidarse de la política.

Desmarcados de la línea argumental de Puigdemont, que está haciendo de la defensa de la unilateralidad la idea fuerza de su campaña, sobreviven los neoconvergentes Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, que manifestaron ante el juez su intención de seguir desarrollando su actividad política dentro de los cauces de la ley. Los tres son candidatos en la heterogénea lista de Puigdemont, que tras la incorporación de fichajes como la entrenadora de natación sincronizada Anna Tarrés, la ilustradora Pilarín Bayés y el padre Manel Pousa comienza a parecerse más a La isla de los famosos que a una candidatura al uso.

En la otra orilla, desde el recelo que provoca la subida electoral de Puigdemont gracias a su deriva radical, los cuatro imputados de ERC, con Oriol Junqueras y Raül Romeva en la línea dura negándose a contestar las preguntas de la Fiscalía, y Dolors Bassa y Carles Mundó en una versión más amable, intentan evitar la fisura interna, sabedores de que la libertad puede ser un regalo envenenado porque ajustar su discurso electoral al de sus principales competidores, Junts per Catalunya y la CUP, puede ser un motivo más para justificar su presencia en la cárcel.