Beltrán (AI) exige un profundo cambio de la ‘ley Mordaza’, que cuesta 80 multas por día

Tras tres meses de parálisis en el Congreso de los Diputados, este lunes se ha reanudado el proceso de reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC), conocida como 'ley Mordaza'. El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ha explicado que “lamentablemente” su organización ha podido constatar “el deterioro de los derechos de expresión, información y reunión pacífica” desde que se puso en marcha la norma. La aplicación de tan solo dos artículos clave de dicha ley se ha traducido en una media de 80 sanciones al día desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017, lo que equivale a 25 millones de euros.

En su comparecencia en la comisión de Interior que este lunes se ha celebrado en el Congreso de los Diputados para poner en marcha la reforma de la 'ley Mordaza', ha enumerado las modificaciones que deberían realizarse para se acabe el “efecto paralizante” que ha tenido esta norma en los derechos como expresión, reunión e información, así como para que deje de facilitar las denominadas “devoluciones en caliente” o las sanciones a las víctimas de trata y personas que ejercen la prostitución. Son aquellos aspectos de los que ya alertaron antes de que saliera adelante el proyecto de ley en 2015, gracias a la mayoría absoluta del PP, y cuyas consecuencias han podido medir en varios informes.

En primer lugar, Beltrán ha pedido la eliminación del artículo 37.1 que sanciona las manifestaciones espontáneas, el 37.4 que castiga las faltas de respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en ejercicio y la sanción para la difusión no autorizada de imágenes de las autoridades.

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En relación a estos artículos el director de AI ha denunciado que en España no se contemple la posibilidad de que la ciudadanía pueda manifestarse ante un suceso desencadenante, mientras que ha criticado la ambigüedad del artículo 37.4 que ha hecho que crezcan las sanciones por falta de respeto en la autoridad: aumentaron de 19.400 en 2016 a 21.100 en 2017. Además, Beltrán ha recordado que el relator de la ONU indicó que es posible grabar imágenes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en su ejercicio siempre que no se ponga en peligro su intimidad.

AI también ha pedido la modificación del artículo 36.6 que sanciona la resistencia o negativa a identificarse que califica de “excesivamente ambiguo” y ha derivado en 6 millones de euros en multas. Además también ha recomendado que se elimine el 36.11 que castiga a las víctimas de trata y mujeres que ejercen la prostitución en la calle, y han citado como ejemplo el caso de una víctima que llegó a ser multada hasta en nueve ocasiones.

Devoluciones en caliente

Amnistía Internacional también ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez decida esperar a la resolución del Tribunal de Estrasburgo sobre “las devoluciones en caliente” y ha pedido que la modificación de la ley sirva para eliminar el articulado que ampara “expulsiones sumarias” que niegan el derecho a las personas a pedir asilo mientras en su devolución pueden ser objeto de “tortura” y otros tratos degradantes. Unas prácticas que la organización constata que han realizado las autoridades marroquíes.

Por último, Beltrán ha pedido que la modificación de la 'ley Mordaza' sirva para activar un mecanismo independiente de supervisión de la autoridad policial en España, que también recomienda el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y que existe en otros países como Bélgica, Irlanda y Noruega.