Las niñas asesinadas en Castellón: una madre sin reparar y un caso que podría repetirse

  • Expertas exigen implementar de una vez por todas el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que contempla la reparación de estas madres y, sobre todo, la protección de los menores
  • Esta madre “tiene muy pocas posibilidades para reclamar una indemnización económica”, explica la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto

El asesinato de dos niñas pequeñas de dos y seis años en Castellón se explica con un concepto: violencia vicaria. El maltratador mata a sus hijas y a las de su pareja o expareja con el fin de infringirle a ella el mayor daño posible. Muchas veces, después se suicida. Es una dolorosa escena que se repite como terrible colofón de muchos casos de violencia machista. En este caso la madre incluso había llegado a denunciar, pero no saltaron las alarmas del sistema judicial que debía protegerla. Expertas en violencia de género y juristas exigen implementar de una vez por todas el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que contempla medidas para la reparación de estas madres y, sobre todo, para dar un seguimiento adecuado a estos casos que eviten la muerte de los más pequeños.

Con Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, los dos hijos asesinados por José Bretón, en la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados, una última medida se incorporó al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Todos los grupos parlamentarios votaron a favor de reconocer a estas madres con hijos asesinados por sus parejas o exparejas como víctimas de la violencia machista. “El problema para este caso concreto es que la reforma no se ha realizado todavía”, indica a cuartopoder.es la diputada socialista y portavoz del PSOE de Igualdad en el Congreso de los Diputados, Ángeles Álvarez.

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Este verano el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas urgentes a través de un Real Decreto Ley que reformaba la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y también el Código Civil. Después de suscitar críticas, finalmente se aprobó proceder a su tramitación como proyecto de Ley en el Congreso. En el proceso de enmiendas de este proyecto de Ley es posible que se introduzcan nuevas medidas del Pacto contra la Violencia de Género. “Si somos diligentes, yo entiendo que habrá que incorporar este reconocimiento de las víctimas de violencia vicaria”, explica Álvarez.

De cualquier manera, este reconocimiento estatal por ley a las víctimas de violencia vicaria todavía no existe. Entonces, ¿qué camino le queda a la madre de las dos niñas asesinadas de Castellón? Por un lado, según las expertas consultadas, es de prever que reciba atención psicológica y jurídica por parte de la Comunidad Valenciana como víctima de violencia de género. Sin embargo, esta madre “tiene muy pocas posibilidades para reclamar una indemnización económica porque no existe ninguna vía para ello”, explica Marisa Soleto, jurista del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género y presidenta de la Fundación Mujeres.

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La reparación del daño de las víctimas de delitos violentos está asociada a la responsabilidad penal. En los casos de homicidio, asesinato o lesiones graves, las víctimas pueden pedir indeminzaciones al Estado. Sin embargo, cuando un asesino se suicida, como ocurre frecuentemente en los casos de violencia vicaria y ha vuelto a suceder en el caso de Castellón, decae la responsabilidad penal. “No va a emitirse ninguna sentencia que diga que este señor ha sido responsable y, por lo tanto, no habrá indemnización económica para la víctima”, explica Soleto.

Quince años después del asesinato de la hija de Ángela González Carreño, el caso que logró una condena de la ONU a España, vuelve a repetirse un caso muy parecido. La víctima también denunció, pero tendría que atravesar también un tortuoso procedimiento judicial para lograr ser indemnizada.

La desprotección de los menores

La actual Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género está fundamentalmente pensada “para mujeres, no para los hijos”, explica la presidenta para la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro. “El gran problema que encontramos es que los jueces entienden que el derecho de los padres a mantener el contacto con los menores está por encima, cuando los expertos nos hartamos de decir que un niño o niña que vive en un entorno de violencia es siempre víctima porque se va a ver afectado de por vida. Es un contrasentido que entiendas que el interés superior del menor es continuar con el padre”, añade la experta.

De hecho, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el régimen de visitas con los padres se suspendió solo en un 2,3% de las órdenes de protección concedidas en la fase de instrucción durante el tercer trimestre de 2017. La patria potestad de los menores solo se suspendió en un 0,3%.

Las posibles soluciones, de hecho, ya están contempladas en un Pacto contra la Violencia Machista que sigue en standby. “La reforma pretende que no se aleje a los menores de los condenados, sino también de los inculpados, algo que remediaría lo que ha sucedido en este caso. Se denunció que el padre había golpeado un carrito y la jueza no lo tuvo en consideración”, explica Besteiro. Otro de los problemas que pretende corregir el pacto estatal, de momento sin traslado normativo, es que niños y niñas no necesiten la autorización del padre maltratador para recibir atención psicológica. “Lo niegan casi siempre y no se puede atender a los menores”, añade Besteiro.

La responsabilidad de la Justicia

“La experiencia nos dice que hay un profundo desconocimiento entre los operadores jurídicos sobre qué es la violencia de género, qué es la igualdad, cómo introducir la perspectiva de género, cómo se comporta el maltratador o cómo se comportan los menores”, explica Besteiro, quien critica que, sin embargo, las reivindicaciones por parte de las asociaciones feministas y juristas son recibidas con rechazo por el Poder Judicial, que las considera una intromisión.

Sin embargo, Álvarez si reconoce “cierto malestar”entre feministas y expertas en violencia machista ante el hecho de que el CGPJ no abra “ningún tipo de información de oficio interna para conocer cuáles son las malas práxis”. A esta víctima, que además denunció, “se le ha negado la protección del Estado” y “no puede ser que no haya ningún pronunciamiento por parte de la Administración de los jueces”, añade.

En este sentido, Besteiro recuerda una vez más la necesidad de que la ley pida “la misma formación a un juez que se enfrenta a casos de violencia machista” que a se le exige “a un juez de lo mercantil cuando tiene que resolver un concurso de acreedores”, por citar un ejemplo. Así exige también recursos para que los juzgados especializados en violencia machista y los juzgados de familia, que se encuentran en la práctica con muchos de estos casos en los que no existe denuncia, cuenten con los recursos adecuados para detectar y atender a las víctimas. Una vez más, medidas contempladas en el Pacto contra la Violencia Machista que no se ha materializado.

“No sabemos cuántas mujeres que estarán valoradas con un riesgo bajo por la Policía pueden estar en una situación similar y, por lo tanto, sin protección. No sabemos cuáles son estos datos, pero si atiendo a la comunicación que tengo con víctimas de violencia de género mi impresión es que son muchas. Estamos asumiendo un riesgo de absoluta desprotección con menores. Si nos pasa mañana otra vez, será porque no se están tomando las medidas adecuadas de protección”, concluye Soleto.