El contenido terrorista en Internet deberá retirarse en menos de una hora

El Parlamento Europeo ha decidido tomar medidas para frenar la proliferación del contenido terrorista en Internet ante la pasividad de algunas plataformas online que tardan “demasiado” a la hora de retirar este tipo de publicaciones.

La Unión Europea quiere obligar a redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram; plataformas audiovisuales como YouTube o Vimeo y a toda compañía que albergue contenidos online a que retire cualquier contenido terrorista de sus servidores en el plazo máximo de una hora.

En este sentido, el pleno del Parlamento aprobó la semana pasada -con 308 votos a favor, 204 en contra y 70 abstenciones, una propuesta para evitar que estas compañías puedan ser empleadas como elementos de propagación del terrorismo. La redacción definitiva de la ley será llevada a cabo por los nuevos parlamentarios elegidos en las próximas elecciones europeas de mayo, que tendrán que acordar el texto final junto con los ministros de los Estados miembros.

La propuesta de ley aprobada por el Parlamento Europeo establece multas de hasta el 4% de la facturación anual a nivel global para aquellas empresas que incumplan la orden y fallen sistemáticamente a la hora de retirar los contenidos en el tiempo máximo establecido.

La normativa se aplicará a cualquier texto, imagen, sonido o video “que incite o induzca a cometer, o contribuir a cometer, delitos terroristas, o a participar en las actividades de un grupo terrorista, incluido el suministro de información, medios materiales o financiación”. También queda cubierto el contenido que incluya instrucciones sobre la fabricación o el uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas con fines terroristas.

Eso sí, los textos periodísticos o de investigación, así como las opiniones, por muy controvertidas que sean, no podrán ser consideradas contenido terrorista y no podrá solicitarse su eliminación. “Cualquier nueva legislación debe ser efectiva y proporcionada si queremos salvaguardar la libertad de expresión. No podemos acabar con una vigilancia general de todo el contenido”, señaló en este sentido Daniel Dalton, el europarlamentario, de origen inglés, que se ha encargado de redactar la propuesta.

En este sentido, las compañías de Internet no tendrán que analizar todo el contenido que suban los usuarios a sus plataformas online constantemente, sino que deberán proceder a la eliminación de los textos, imágenes o vídeos cuando reciban la orden de la autoridad competente. A partir de ese momento tendrán un plazo máximo de 60 minutos para borrar el contenido o si no fuese posible, bloquear el acceso al mismo desde cualquier punto de la Unión Europea.

Esto supone una concesión a las grandes empresas online, que no estarán obligadas a examinar todos los contenidos estableciendo filtros u otros sistemas informáticos que permitan controlar de forma preventiva las publicaciones de los usuarios. Tampoco estarán obligadas a buscar por sí mismas elementos que constituyan una actividad delictiva, sino que sólo tendrán que actuar con celeridad si reciben una orden.

Esta concesión contrasta con las medidas expuestas en la nueva Ley del Copyright, aprobada hace menos de un mes por la Eurocámara, y en la que sí se establece que las empresas de Internet tendrán que crear sistemas automáticos que permitan detectar los contenidos con derechos de autor antes de publicarlos. Sin embargo, en el caso de los contenidos terroristas las compañías no tendrán que realizar control previo alguno.

La propuesta de ley aprobada por el Parlamento Europeo también establece que, antes de que una empresa reciba la primera orden para retirar contenidos de índole terrorista, las autoridades del país que corresponda tendrán que contactar con ella 12 horas antes de emitir la orden y proporcionarle toda la información necesaria sobre los procedimientos a realizar en estos casos.

Además de la eliminación de los contenidos, si una empresa recibe “un número sustancial de órdenes de retirada”, según establece la propuesta, las autoridades competentes podrán solicitarle la aplicación de medidas especiales, como el aumento de personal dedicado a la gestión del contenido o la realización de informes que deberían remitir regularmente.