Así es la ultraderecha que gobierna en Europa

Las elecciones europeas de 2014 estuvieron marcadas por el ascenso de los partidos de extrema derecha. Los Le Pen, Farage o Salvini hicieron del Parlamento Europeo el altavoz de su discurso xenófobo, euroescéptico y populista. Cinco años después y apenas nueve meses antes de las próximas elecciones comunitarias, casi una decena de gobiernos en Europa cuentan con ya con fuerzas ultras o lideran la oposición. Y la tendencia es al alza. Repasamos algunas de las políticas que han llevado a cabo en los últimos años.

Salvini, estrella de la extrema derecha

Marie Le Pen perdió en segunda ronda contra Emmanuel Macron, el UKIP de Nigel Farage que lideró el referéndum para la salida de Reino Unido de la UE casi ha desaparecido, pero si hay un líder de la extrema derecha que ha aprovechado su exposición mediática en el Parlamento Europeo: ese es Matteo Salvini.

Probablemente en el mayor shock que la Unión Europea ha experimentado en los últimos meses ha sido la llegada al poder de La Lega, el partido de extrema derecha liderado por Salvini. El actual ministro de Interior italiano es de sobra conocido por sus comentarios xenófobos, su reproducción de discursos fascistas y su retórica populista y antieuropea. La coalición que lidera junto con el partido antisistema Movimento 5 Stelle ha pasado de las palabras a los hechos.

Desde que alcanzaran el gobierno hace apenas unos meses, el discurso racista se ha institucionalizado llevando a un notable incremento de las agresiones de este corte en el país, muchas llevadas a cabo por simpatizantes de La Lega. Italia ha cerrado sus puertos a las operaciones de rescate en el Mediterráneo, primero a las extranjeras, luego a sus propios guardacostas, y amenaza también con echar el cierre a la operación Sophia de la Unión Europea. Los barcos de rescate italianos habrían expulsado además de forma ilegal a personas de vuelta a Libia, donde las denuncias de violaciones de Derechos Humanos, torturas o abusos sexuales son rutina.

Salvini ha amagado con levantar la protección al escritor Roberto Saviano –amenazado por sus revelaciones sobre la Camorra y muy crítico con el gobierno- y anunció que llevaría a cabo un censo de la comunidad roma en el país y expulsaría a quienes no fueran italianos. A los nacionales, lamentó, habría que dejarlos. También ha anunciado su intención de llenar el país de crucifijos, en su particular cruzada en defensa de la Italia católica.

La coalición es también conocida por sus coqueteos con los movimientos anti-vacunas. Tanto, que una de las primeras decisiones ha sido precisamente anular la ley aprobada por el Gobierno de Matteo Renzi que las hacía obligatorias, ante el aumento de los casos de sarampión en el país.

Los ataques a la Unión Europea, las amenazas, los coqueteos con Vladimir Putin y Donald Trump no han gustado ni en Bruselas ni en el resto de capitales europeas que se enfrenta por primera vez al discurso antieuropeo desde uno de los países fundadores.

Los halcones del Este

Mucho antes de que Europa contuviera el aliento en las elecciones en Países Bajos primero y en las francesas después, Hungría y Polonia ya habían comenzado su viraje hacia la extrema derecha. Un viraje apenas contestado por sus socios europeos que, aunque incómodos, creían que el nacionalismo y la xenofobia estaban reservados para el Este.

El famoso ‘Hola, dictador’ con el que el presidente de la Comisión Europea recibió al primer ministro húngaro Viktor Orban data de 2015. La situación en Hungría no ha dejado de deteriorarse.

El también ultra derechista del partido británico UKIP, Nigel Farage, definió a Orban como “el mayor líder de Europa y la mayor pesadilla de la Unión Europea”. Farage, que ha visto el hundimiento de su partido tras el Brexit y se agarra irónicamente a su asiento en el Parlamento Europeo para seguir en política, no anda desencaminado. Al menos, hasta que Matteo Salvini entró en escena.

Orban se ha caracterizado por su discurso racista, islamófobo y euroescéptico sin reservas. Pero no son solo palabras. En 2016 organizó un referéndum contra las (tímidas) cuotas de acogida de refugiados de la UE. Aunque la consulta no llegó al porcentaje de participación necesario para ser válida ante la llamada de la oposición a la abstención, el 98% de quienes participaron lo hicieron para votar en contra de las cuotas. La Comisión Europea ha llevado al país ante el Tribunal de Justicia de la UE por negarse a cumplir con las cuotas, que en realidad casi ningún país ha respetado.

La Justicia europea también examina la ley de medios y la reforma del asilo húngaras. Con la primera, Orban se ha asegurado el control de gran parte de los medios de comunicación húngaros; ha asfixiado económicamente a la prensa independiente y sus aliados han comprado un buen número de los medios supervivientes. El mayor diario de la oposición, Nepszabadsag, cerró en 2016. Hace solo unos meses, también lo hizo el Magyar Nemzet.

Además, el Tribunal, con sede en Luxemburgo, también examina la conocida como ley ‘Stop Soros’. Esta regulación establece penas de cárcel para quienes asistan a cualquier persona que entre en Hungría de manera ilegal y penaliza a las ONG que reciban fondos del extranjero.

Orban intentó también cerrar la Central European University, tras cuya dirección se encuentra George Soros, a quien el líder húngaro acusa de promover la inmigración irregular, y hace unas semanas anunció su intención de prohibir los estudios de género.

Viktor Orban renovó su mandato al vencer de manera aplastante en las elecciones del pasado mes de abril, las primeras desde que culminara una reforma electoral que, evidentemente, le beneficiaba. La OSCE calificó los comicios de “libres pero no justos”; criticó el uso de lenguaje xenófobo, los ataques a la prensa y la utilización de medios públicos para difundir mensajes electoralistas.

El otro gran halcón del este es Jaroslaw Kaczynski. No forma parte del Gobierno, ni lidera el partido pero Kaczynski es quien mueve los hilos del ejecutivo del partido por la Ley y la Justicia polaco, que gobierna desde 2015.

Las nuevas leyes que han permitido aumentar el control sobre los medios públicos, los ataques a la prensa independiente y la reforma del sistema de JusticIa, que menoscaban la independencia judicial en el país, han llevado a la Comisión Europea a activar por primera vez en la historia el artículo 7.

El artículo 7 es el botón nuclear que tiene la Unión para luchar contra la violación de Derechos Humanos y el imperio de la ley dentro de su propio territorio. El mecanismo puede llevar eventualmente a la suspensión del voto del país en el Consejo Europeo.

Polonia, como Hungría, también se enfrenta a la justicia europea por sus políticas migratorias, su rechazo de la acogida y la proliferación de los discursos xenófobos.

Otro de los caballos de batalla del ejecutivo es la prohibición del aborto, ley que el Parlamento frenó en 2016. La actual legislación sólo permite la interrupción del embarazo en caso de violación o incesto, cuando representa un riesgo para la salud de la madre o el feto presenta deformaciones graves. El Gobierno pretende eliminar el último supuesto.

La guinda del pastel es la ley que el Gobierno del primer ministro Mateusz Morawiecki aprobó hace unos meses y que sanciona culpar a Polonia por los crímenes cometidos durante el Holocausto.

La coalición austríaca

Cuando en el año 2000 el Partido por la Libertad de Austria (FPÖ) llegó al Gobierno de la mano de su polémico líder Jörg Haider, la Unión Europea reaccionó congelando las relaciones con el país. Austria fue excluida de programas de intercambio y cooperación en defensa y aunque las sanciones fueron levantadas unos meses después, el gobierno estuvo siempre bajo la atenta vigilancia de Bruselas.

Hace un año la coalición entre los populares del ÖVP, liderados por Sebastian Kurz, y la extrema derecha del FPÖ con el ultra Heinz-Christian Strache a la cabeza, logró un acuerdo para formar gobierno y se hizo el silencio. Strache, como su partido, tiene un pasado neonazi.

Pero Viena no solo no ha visto congeladas sus relaciones diplomáticas esta vez, sino que ostenta actualmente la presidencia rotatoria de la UE. Y lo hace con la bendición del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Pese a la naturaleza euroescéptica del FPÖ, Juncker mantiene que la coalición es plenamente europeísta.

El Gobierno austríaco, como el resto, ha hecho del discurso xenófobo su mantra y de la lucha contra la migración irregular su caballo de batalla. En un desafortunado movimiento, Kurz llamó a la necesidad de formar un “eje Roma-Berlín-Viena” para luchar contra la inmigración irregular.

Además, el lema de la presidencia es ‘La Europa que protege’ y aunque Kurz evita concretar de qué o de quién, el endurecimiento de los controles en la frontera externa de la Unión es su prioridad. Esta argumentación ahonda en la problemática asociación entre migración y defensa como dos caras de una misma moneda: la migración como amenaza.

Pero mientras todo el mundo miraba hacia las políticas migratorias, el Gobierno austríaco aprobó una medida fuertemente criticada: la aplicación de la jornada laboral hasta las 12 horas diarias. Una medida que ha sido catalogada por la oposición como “inhumana” y que devuelve los derechos laborales en Austria al siglo XX.

La legitimización de la extrema derecha

"Nunca me ha asustado la extrema derecha pero cuando las ideas de la extrema derecha contaminan los partidos que estaban en el corazón de la democracia europea, todos estamos en peligro". Esta declaración la hizo el eurodiputado belga de los Verdes Philippe Lamberts durante su intervención tras el discurso de Sebastian Kurz en el hemiciclo. Lamberts se refería precisamente a la decisión del popular de formar una coalición con la extrema derecha, pero no solo. El silencio del Partido Popular Europeo ante la deriva autoritaria de Orban o la coalición de Kurz ha sido estruendoso.

Los Gobiernos maltés y eslovaco son socialistas pero sus posiciones en lo referente a la política migratoria no distan en exceso de las de Orban o Salvini. Bajo sus gobiernos además dos periodistas que investigaban casos de corrupción relacionados con el gobierno han sido asesinados: Daphne Caruna en Malta y Jan Kuciak en Eslovaquia.

Además, en los países en los que la extrema derecha ha visto incrementado su apoyo, los gobiernos, lejos de plantar cara a su retórica, han copiado el discurso e incluso han cedido en hacer suyas algunas de sus políticas. Tal es el caso en Finlandia, Suecia –donde la extrema derecha lidera los sondeos de cara a las próximas elecciones-, Países Bajos, Dinamarca o Bélgica, cuyo secretario de Estado para el Asilo y la Migración, Theo Francken, no oculta sus simpatías por Salvini. Francken es miembro del partido nacionalista flamenco Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). Su cercanía con organizaciones colaboracionistas nazis ha sido fuertemente criticada desde que entrara a formar parte del gobierno.

También España ha visto un al líder del Partido Popular, Pablo Casado, o al de Ciudadanos, Albert Rivera, adoptar la retórica populista contra la migración. Y el nacionalismo crece en Croacia, el más reciente miembro de la UE, o en República Checa cuyo presidente, Milos Zeman, es conocido por su feroz discurso anti-inmigración y sus amenazas a la prensa.

Tampoco se salva la Alemania de Angela Merkel. Aunque la canciller sigue defendiendo su política de puertas abiertas en 2015, le ha salido cara. Los resultados de las pasadas elecciones de octubre y sus dificultades para lograr un acuerdo de gobierno la dejaron debilitada. De esto se aprovechó su socio bávaro, el conservador Horst Seehofer que amenazó con tirar abajo el gobierno si Merkel no lograba un acuerdo para limitar las llegadas de demandantes de asilo ya registrados en otros Estados miembros.

Alternativa para Alemania, el partido de extrema derecha que lidera la oposición, pisa los talones a la CSU de Seehofer en Bavaria. El ministro de Interior de Merkel no esconde su discurso anti-inmigración. El día de su 69 cumpleaños celebró, como si fuera un regalo, la expulsión de 69 afganos de vuelta a un país consumido por la guerra, tras serles denegado el asilo.

Durante un encuentro con periodistas en Viena, con motivo del lanzamiento de la presidencia rotatoria de Austria, el vice-canciller Henze-Christian Strache (FPÖ) alegó “durante trece años tuvimos la misma posición y durante trece años nos dijeron que íbamos en la dirección equivocada". Strache destacó que Europa comenzaba a copiar ahora las políticas que el FPÖ ha defendido siempre. “Finalmente, la gente nos ha escuchado", destacó el líder de la ultraderecha austríaca.

Las declaraciones de Strache no dicen mucho en favor de su partido sino más bien en contra de una Unión Europea que lejos de luchar contra el ascenso de la extrema derecha, la ha permitido entrar en sus instituciones y legitima así no solo su discurso sino también sus políticas.

Una fuente diplomática mostraba su preocupación por la intención del Parlamento Europeo de presentar candidatos a la presidencia de la Comisión de cara a las próximas elecciones. Dada la evolución de la política en Europa, los comicios eran imprevisibles y el Consejo Europeo debía tener la última palabra, alegaba. Lo cierto es que, independientemente de los resultados en esas elecciones que, desde luego, serán determinantes para el futuro de Europa, la ultraderecha se sienta ya, y desde hace tiempo, a la mesa del Consejo Europeo que dicta la política europea.