Incógnitas sin despejar un año después de la muerte de Mohamed en Archidona

Mohamed Bouderbala tenía 36 años, era argelino y fue uno de los más de 500 migrantes que el Ministerio del Interior decidió encerrar en Archidona durante 52 días. Este sábado hace un año que le encontraron muerto en su celda colgado de una sábana. Llevaba 18 horas en aislamiento, sin supervisión ni comida, aunque no había cometido delito alguno.

Es el recuerdo más trágico del “experimento” de Juan Ignacio Zoido, aquel que consistió en encerrar a cientos de argelinos que habían llegado a las costas murcianas, que solo trataban de encontrar un futuro en Europa, en un lugar peor que un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y que una cárcel de verdad. El centro penitenciario de Archidona (Málaga) todavía estaba sin inaugurar, por lo que no era apto para presos, y faltaba calefacción en pleno invierno, agua corriente potable, agua caliente en las duchas o comida. El defensor del Pueblo concluiría más tarde que “no se respetaron las reglas mínimas de custodia de las personas internadas”.

El joven argelino apareció muerto el día 29, después de participar en unos altercados, y el 4 de enero el caso ya había sido archivado porque el juez no vio delito alguno. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Archidona indicó que en la habitación donde se halló el cadáver “no se abrió la puerta” y así descartó, por un lado, “la existencia de testigos más allá de las cámaras de seguridad” y, por otro, “la participación de otras personas” en su muerte, más allá de “la decisión personal y voluntaria de terminar con su vida”. El magistrado se apoyó en los informes preliminares de la autopsia que hablaban de “asfixia mecánica por ahorcadura” y “lesiones que impresiona autoinfligidas en tórax superficiales”, pero “sin signos externos de violencia ni defensa”.

Sin embargo, la lectura del juez no convenció ni a Málaga Acoge, de la federación Andalucía Acoge, ni a la familia del fallecido, que intentaron que se reabriera el caso y se investigara en profundidad lo sucedido personándose como acusación. También se abrió otra indagación judicial en Argelia. Desde el entorno de las ONG, se criticó que el caso fuera archivado por el juez tan solo seis días después del hallazgo del cuerpo, sin esperar al informe definitivo de la autopsia y sin tomar declaración ni a sus compañeros, ni a los agentes de polícía que lo encontraron muerto, ni a los que lo dejaron en su celda.

En el aniversario de la muerte de Mohamed, la Plataforma de Solidaridad con los Migrantes de Málaga, ha redactado un informe de investigación sobre aquellos días oscuros titulado: “Cárcel de Archidona: otro agujero negro para los derechos humanos”. En referencia a la muerte del joven argelino, señalan que tanto él como otros once migrantes “fueron recluidos cada uno en una celda del módulo tres” y que, aunque se solicitó que todos los testigos se quedaran en suelo español, no se frenó la deportación de muchos de ellos. Tampoco consta "la resolución motivada que el director del centro debe firmar antes de aislar a un interno”, citan en el documento al hablar de irregularidades.

“Después de su suicidio hubo muchas autolesiones”, explican en dicho informe. “Un grupo de parlamentarios de Podemos, que visitó la cárcel justo después de su cierre, pudo comprobar que en el módulo 3 había manchas de sangre. En este módulo había comenzado la autolesión de dos internos que se cortaron con tenedores de plástico el torso y en el estómago, según refirió el director del centro. Los parlamentarios observaron también rastros de sangre en el techo (llamativo y abundante), cristales, suelo (gotas de sangre por muchos sitios) y durante la visita también vieron manchas de sangre en las paredes y las escaleras que llevan a las celdas”, recuerdan.

La pesadilla de Archidona terminó el 10 de enero de 2018. La mayoría fueron deportados y los últimos 67 fueron enviados a otros CIE. Pero el capítulo de la muerte de Mohamed todavía sigue abierto. El pasado mes de julio, la Audiencia Provincial de Málaga decidió estimar los recursos presentados y reabrir el caso de suicidio para que se investigara si los funcionarios sabían de las condiciones psíquicas de Mohamed antes de que decidiera quitarse la vida.

Para ello, la Audiencia Provincial ordenó que se tomara declaración al médico del centro y a los agentes que trataron con el interno, además de al inspector que dirigía el centro temporalmente. Sin embargo, la senadora de Podemos, Maribel Mora, ha denunciado que no se interrogue a otros compañeros del fallecido, quienes aseguraron que Mohamed fue golpeado reiteradamente durante los altercados que se produjeron y que, por la noche, desde su celda, gritaba y solicitaba ayuda.

Los testimonios: "Mohamed fue asesinado por cinco policías"

En el informe de la Plataforma de Solidaridad con los Migrantes de Málaga, publicado hace unos días, aparecen testimonios anónimos de personas que estuvieron en Archidona. Uno de ellos es el de una traductora voluntaria que da su propia versión después de haber escuchado a los internos. “Un policía recriminó a uno de los internos que llevaba un pan 'robado' y él, como protesta, salió al patio y el policía le siguió para pegarle”, narra esta persona. “Mohamed se indignó por el mal trato y acudió a defenderle y todo acabó en un motín con aislamientos especialmente para él”. Según un compañero del fallecido, los internos “sintieron quejidos a lo largo de la noche”.

El testimonio más potente del informe es el de un interno. “Mohamed Bouderbala fue asesinado por cinco miembros de la policía que lo golpearon severamente, provocando su muerte, y este crimen me aterrorizó mucho y tenía miedo de que me pasara lo mismo que le ocurrió a la víctima y este miedo se trasladó a todas las personas que estaban en la prisión”, relata uno de los internos en Archidona durante aquellos días. Este mismo testimonio señala a la dirección de la prisión y a la policía por supuestamente “utilizar el miedo y las tácticas de intimidación” contra los internos desde el primer día.

“Fuimos privados de todos los derechos humanos, incluyendo la ropa (…). Pasaron casi 20 días con la misma ropa que llevábamos desde que entramos y en este período pasamos mucho frío día y noche porque al centro no le funcionaba el sistema de calefacción. También hubo falta de comida y nos privaron del contacto con los familiares”, se recoge en este testimonio anónimo. También se habla de trato inhumano, de obligarles a “hacer todo por la fuerza”, incluso comer y dormir, y de "palizas”, así como la falta de médicos, “incluso cuando muchas personas estuvieron enfermas”.

Un relato de terror cuyo episodio más terrible es la muerte de Mohamed. Con él, ya son ocho las personas migrantes que han fallecido desde que se abrió el primer CIE en España y comenzaron a practicarse deportaciones en 1987. La primera fue la de Osamuyi Aikpitanyi, quien falleció durante su vuelo de deportación a Lagos (Nigeria) en 2007. Después murió en una comisaría de extranjería Jonathan Sizalima en 2009. Luego fueron Mohamed Abagui, Samba Martine, Idrissa Diallo y Alik Manukyan. Todos ellos fallecieron en un CIE. Tragedias que ensombrecen la historia reciente de la inmigración en España y que cuestionan todavía más los ya controvertidos centros de internamiento de extranjeros.