Los ecologistas alertan contra las declaraciones climáticas “descafeinadas”

Hace dos años, la organización SEO/BirdLife observó por primera vez un corredor sahariano criando en Temple (Granada). Sin quererlo, esta bella ave, de clima semidesértico, traía un mensaje implícito: España se seca. Los ecologistas llevan años predicando en el desierto y, aunque parezca una paradoja, los representantes políticos comienzan a escucharles a medida que avanza la desertificación, aunque sea empujados por las evidencias científicas y la sociedad. Comunidades autónomas como Catalunya o Euskadi ya han declarado la emergencia climática y son muchos los que piden que el Estado lo haga también. Pero los activistas advierten: sin recursos y sin leyes, las declaraciones son brindis al sol: "La  transición ecológica sin financiación es conversación", zanja Asunción Ruiz, directora ejecutiva de la mencionada organización. Mientras, "España se seca, se desertifica, se vacía y se empobrece".

La necesidad de abordar la emergencia climática es una demanda social creciente, después de un año en el que Juventud por el Clima ha sacado a los estudiantes españoles a la calle. Universidades, como la Complutense, u organismos sectoriales, como el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, han realizado declaraciones sobre la emergencia climática. Esta preocupación se ha extendido también a algunas administraciones. La Generalitat de Catalunya lo hizo en mayo, mientras el Gobierno vasco la publicó a finales de julio. Ahora los ojos miran al gobierno del Estado, actualmente en funciones, para que siga la estela de Reino Unido o Irlanda.

El pasado martes, en la reunión con el presidente Pedro Sánchez, cinco organizaciones (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) le instaron a formar un gobierno que aborde "la emergencia social derivada de la crisis climática y de biodiversidad". Eso sí, exigen que el compromiso se refleje en partidas presupuestarias y en la aprobación de leyes: "No vale cualquier Gobierno, tiene que ser uno donde las políticas medioambientales sean centrales y vertebrales. La transición ecológica empieza por cumplir la normativa ambiental", explica zanja Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife y portavoz de las cinco organizaciones para este encuentro puntual.

Los ecologistas consultados apuntan a que la orientación del gobierno de Sánchez es correcta, pero faltan medios. El ejecutivo socialista ni siquiera ha podido aprobar unos presupuestos propios, ya que los de 2019 cayeron y se tuvo que prorrogar los del PP de 2018. "Las políticas ambientales se han reducido un 70% si se comparan con las de antes de la crisis", asegura el director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez.

El activista cree que los compromisos hay que concretarlos en tres ejes: los presupuestos, la creación de un marco legislativo y los impuestos, que deben garantizar que las cargas se distribuyan equitativamente. "Podemos estar de acuerdo en que hay que promover los coches eléctricos, pero hay gente que tiene que comprarse un coche partiendo de una renta de 40.000 euros y otro que tiene una renta de 20.000. Tampoco es lo mismo el que necesita un vehículo para trabajar, que el que no", ejemplifica sobre los parámetros a tener en cuenta para diseñar una transición justa. 

Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción, también muestra su preocupación porque las declaraciones de emergencia se queden en promesas y diagnósticos, mientras a nivel mundial siguen aumentando las emisiones: "Estamos viendo declaraciones meramente simbólicas que descafeínan lo que nosotros estamos planteando".

La comunidad científica y las organizaciones tienen sus cuentas echadas y hojas de rutas claras: "Hay muchas formas de medir los objetivos", argumenta Andaluz. El compromiso de los gobiernos se controla en los números de las partidas presupuestarias, en la reducción de emisiones, en la producción de energía renovable o en medidas para reducir la movilidad motorizada". Todo es cuantificable.

En cualquier caso, el director ejecutivo de Greenpeace España avisa de que vigilarán la actividad de los gobiernos que declaren la emergencia climática: "Un ayuntamiento que se comprometa debe diseñar áreas libres de carbono y potenciar el transporte público", ejemplifica.

¿Por qué es una emergencia climática?

"Le transmitimos a Pedro Sánchez que vivimos en una crisis climática y de perdida de diversidad que nos sitúa en una posición de emergencia social. Es una urgencia actuar", asegura Asunción Ruiz. El punto de partida que provocó que se empezase a hablar de "emergencia climática" fue el informe que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de 2018 en el que ponían fecha para evitar una catástrofe climática: el año 2030. Solo quedan once años.

Los ecologistas llevan años advirtiendo de las consecuencias de no abordar la lucha contra el cambio climático, pero la población empieza a percibirlo en su día a día. Este julio se ha registrado el mes más caluroso de la historia, mientras que fenómenos como los macroincendios o grandes gotas frías han dejado de ser anecdóticos. Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción, advierte de que las consecuencias serán graves: "No afrontarlas probablemente nos ponga en un punto de ruptura que conlleve a un deterioro con consecuencias sociales y económicas más graves de las que ya se produjeron tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en España".

Andaluz busca un ejemplo para explicar de manera pedagógica lo que debería suponer una declaración de emergencia en los estados: "Podríamos hacer un símil con los estados de emergencia, aquellos en los que los gobiernos ponen todas las herramientas de las que disponen en una lucha concreta, en este caso, la lucha por el descenso de las emisiones y la necesaria adaptación de todos los sistemas".

Es evidente que la crisis climática trae emergencias ambientales, sociales y económicas, pero el portavoz pone el foco en las "pérdidas de vida y el deterioro de la salud" que traerán consigo fenómenos como, por ejemplo, las olas de calor. De hecho, Mario Rodríguez, de Greenpeace, cree que las políticas contra el cambio climático deberían considerarse como parte del Estado del Bienestar, al afectar de manera directa a la salud de los ciudadanos.