Las dos barajas de Sánchez

El presidente jugará con habilidad las dos posibilidades de gobernar que le abren las encuestas para después del 28-A, pero se inclina por repetir el bloque de la moción de censura contra Rajoy, si es posible dejando a un lado a Puigdemont.

A tenor de la tendencia que manifiestan las encuestas más rigurosas (especialmente las secretas de los propios partidos y de los poderes fácticos del mudo económico), los posibles resultados de las generales del 28-A le permiten a Pedro Sánchez jugar a dos barajas. Por un lado, la de la posibilidad de ser investido presidente repitiendo el bloque de la moción de censura que expulsó a Mariano Rajoy de La Moncloa, sumando los escaños que obtengan el PSOE, Podemos, el PNV y ERC e incluso excluyendo a Junts per Cat, el grupo que lidera Carles Puigdemont (un líder independentista a quien, como la casi totalidad de los demás dirigentes políticos del conjunto del Estado, considera el gran adversario de la posibilidad de recuperar el diálogo democrático sobre los problemas territoriales de una España plurinacional que solvente el futuro de Catalunya porque, a su juicio, necesita el radicalismo y la confrontación abierta con Madrid para sobrevivir políticamente).

Y, por otro, la de gobernar a solas con Ciudadanos, presidiendo una alternativa deseada por las poderosas empresas del IBEX 35 y los poderes hegemónicos de la Unión Europea que marcan la política del Banco Central Europeo –esos “mercados” de los que Felipe González, cuando los sufría como presidente del Gobierno español, decía que eran unos señores desconocidos que nunca le habían presentado-.

La posibilidad de jugar a dos barajas le permite a Sánchez animar a que sus segundos del PSOE (él nunca lo manifiesta personalmente) digan que no descartan gobernar con el partido de Albert Rivera para reclamar así el voto centrista sin dejarlo en manos de Ciudadanos. Y también, como ya lo demostró hace tres años con el pacto de investidura fallido -porque también necesitaba a Podemos y Pablo Iglesias lo rechazó-, incluso no descartar en su fuero interno llevar a cabo la ejecución de ese proyecto bipartidista, convencido como está, como todos los demás partidos, de que la declaración de Rivera de no gobernar con el PSOE está guisada con agua de borrajas y el líder de Ciudadanos podría olvidarla con la misma facilidad que la olvidó entonces tras  haber afirmado exactamente lo mismo que ahora. Después de todo, la conformación de ese Ejecutivo se asemeja sin duda a los que se hacían en Alemania cuando el centro derecha o los socialdemócratas pactaban con el Partido Liberal según soplaban los vientos de la historia, siempre a conveniencia de los poderes fácticos so pretexto de que garantizaban la estabilidad económica, política y social del país y del resto de los países de la Unión Europea.

En el entorno de Sánchez se asegura, no obstante, que lo que verdaderamente le gustaría al presidente en funciones –por eso de no ser uno más y pasar a la historia con mayúsculas- es apostar por la investidura de la izquierda en contra de las presiones de los poderes fácticos, a quien trataría de convencer de que no hay estabilidad que valga mientras no se resuelva el problema territorial de España y, muy específicamente, los conflictos catalán y vasco. Bien, dicen, con una reforma de la Constitución. Bien, matizan, con un aprovechamiento del texto actual perfilando una salida jurídica que responda a la salida política de reconocimiento del derecho a decidir, algo que se permite -aunque no para plantear la separación de territorios- sí para, por ejemplo, ratificar mediante referéndum los Estatutos (que son textos constitucionales). Es decir, en definitiva, reconocer dentro del mismo Estado español el carácter de nación que tiene cada nacionalidad ya reconocida en la Constitución y un nuevo reparto de competencias, especialmente las económicas y fiscales, votarlo después en las Cortes –que representan la soberanía del pueblo español- y ratificarlo finalmente tras un referéndum en las autonomías afectadas –fundamentalmente las nacionalidades históricas ya reconocidas-.

De ese modo, se garantizaría, aseguran los expertos constitucionales vinculados formalmente al Gobierno de turno, incluso la confirmación del derecho a decidir de todos los españoles y específicamente el de los ciudadanos de cada comunidad autónoma. El único tema, añaden, es que, como pasó con la Constitución de 1978, las palabras disfracen la realidad y, formalmente, no se vote una independencia territorial real, por ejemplo en Catalunya.

El camino es difícil, reconocen todos, pero nadie lo considera imposible de recorrer. Salvo Puigdemont, cuyo radicalismo, ironizan sus adversarios, no puede dejar de pedalear para no caerse de la bicicleta. Ni siquiera Oriol Junqueras, a quien los socialistas ven como el defensor del “independentismo posibilista” porque sigue pensando que se trata de un problema de tiempo y de sumar voluntades hasta llegar a un modelo de referéndum pactado con Madrid en el que los catalanes se pronuncien sobre la independencia a lo Quebec o Escocia.

El problema es que el período electoral que vivimos (generales, europeas, municipales y autonómicas que de momento no afectan a Catalunya y Euskadi) lo condiciona y lo aparca todo. No hace mucho, tras la convocatoria de las generales, una destacada ministra de Sánchez aseguraba en privado que los socialistas tienen que mirar a derecha e izquierdas y por eso no pueden descartar un Gobierno con Ciudadanos. A lo que añadía, como otros dirigentes del partido gobernante, que Sánchez tiene claro que tras elecciones tiene que haber diálogo con los independentistas “aunque gobierne el PP”, porque  no se puede suspender la autonomía “sine die” ni meter los tanques. Pero que, ahora, es mejor no hablar de eso.

En estos momentos, matizan en privado, no se puede hablar de todo, pero, tras las elecciones, sí. Incluso se retomará la Mesa de Partidos estatales propuesta para Catalunya. Por supuesto, sin mediadores ni cosa semejante. Y ahí, cuando acaben las elecciones pendientes –a las que consideran que pueden sumarse unas adelantadas autonómicas catalanas a principios de otoño-, sería posible abordar todas las cuestiones y buscar una salida que satisfaga al conjunto de España, incluidas las nacionalidades históricas.

En el PSOE están convencidos de que, a cambio de poder plantearse la posibilidad de un referéndum pactado en el futuro inmediato, ERC -e incluso Puigdemont en este punto- darían su voto favorable a la investidura de Sánchez. Porque los independentistas saben que  sólo de esa manera tendrán en La Moncloa un auténtico interlocutor, lo que ven imposible con Casado o Rivera.

Sánchez, no obstante, no descartará la alternativa PSOE-Ciudadanos -siempre que él sea el presidente, como dan por supuesto sus propios y los ajenos- no solo por razones electorales, para seguir presentándose como centro-izquierda. Tampoco lo hará por razones internas del PSOE, porque muchos barones quieren gobernar con los partidarios de Rivera en el sur y el oeste de España. En Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Castilla y León, Galicia, Aragón y algunas autonomías más. Y cualquier sabe.

En cualquier caso, para él es muy importante no tener la losa que le puso el Comité Federal de su partido hace tres años, cuando le obligó a no contar con el apoyo de los independentistas. Y ese es un asunto clave, que puede explotar a tope.