Virginia P. Alonso: “Hasél entra en prisión contra los parámetros internacionales de libertad de expresión”

Esta semana, el rapero Pablo Hasél entraba en prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, por las letras de sus canciones y tuits. Una importante ola de solidaridad ha generado protestas y manifestaciones en distintas ciudades, principalmente en Catalunya y Madrid, también València. Algunas de ellas han desembocado en disturbios y las imágenes de brutalidad policial han inundado las redes sociales. Manifiestos de artistas, periodistas y condenas de organizaciones internacionales evidencian la falta de normalidad democrática en el Estado español ante un asunto tan clave como la libertad de expresión. De este y otros temas hablamos con Virginia P. Alonso (Barcelona, 1972). Esta periodista es la presidenta de la PDLI (Plataforma en Defensa de la Libertad de información), además es la directora del diario Público.

-¿Qué valoración hacen de la entrada del rapero Hasél a la cárcel?

-Es el primer rapero en España que entra en prisión por lo que llamamos delitos de opinión, que atentan contra la libertad de expresión. Hasél entra en prisión contra los parámetros internacionales de libertad de expresión. Entra condenado por delitos que, desde la PDLI, llevamos denunciando seis años que no deben figurar en el Código Penal. No solo lo reclamamos desde la PDLI, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la ONU en su último informe... Es un clamor que no debería haber entrado en prisión. Eso es independiente de que estemos de acuerdo o no con las letras de sus canciones o tuits. Siempre nos posicionamos igual, no entramos en el fondo de lo que dice sino en la defensa de la libertad de expresión independientemente de lo que se diga.

-Hemos visto cómo se han movilizado artistas y gente del mundo de la cultura. Es que es un precedente muy peligroso para la libertad de creación.

-Es peligrosísimo. Lo llevamos viendo desde hace mucho tiempo. Recuerdo aquella portada de El Jueves con los reyes en una posición sexual y les secuestraron la revista. Con Mongolia hemos visto algunos episodios parecidos. Yo siempre pongo un ejemplo, cuando se estrenó La vida de Brian se generó un revuelo impresionante, hubo presiones internacionales para que la película no se proyectara en distintos países. Hoy, La vida de Brian resulta hasta algo inocente. Por eso es tan importante preservar la libertad artística y de expresión, lo que hoy nos puede parecer una aberración, quizás dentro de 50 años no lo es. Hay que preservar el arte, la música, cualquier expresión artística aunque no nos guste, aunque en ocasiones pensemos que algo no es arte. Hay que preservarlo porque evolucionamos. Si nos mantuviéramos con los mismos parámetros que hace dos siglos, no podríamos hacer absolutamente nada.

-Ha llamado la atención el rechazo que ha generado el encarcelamiento de Hasél en medios internacionales. ¿Qué imagen está generando España de sí misma en el exterior?

-La imagen de España está tocada, y más este año con todos los asuntos monárquicos, la huida del rey Juan Carlos y demás... Según mi juicio personal, no somos una democracia consolidada. La última reforma del Código Penal, en el 2015, endureció una serie de delitos que, precisamente, iban encaminados a lo que estamos viendo. Más allá de la Ley Mordaza, que es un procedimiento civil, el Código Penal es más serio, vas a la cárcel si cometes ciertos delitos.

Con la excusa del atentado de Charlie Hebdo se endureció el delito de enaltecimiento del terrorismo con el famoso pacto antiyihadista que firmaron PSOE y PP. Luego, se introdujeron otros artículos con una redacción laxa y ambigua que lleva a un amplio margen de interpretación por parte de los jueces. Precisamente, en los delitos que pueden afectar a la libertad de expresión, los parámetros internacionales marcan que la interpretación sea lo más restrictiva en el sentido de delimitar lo menos posible la libertad de expresión. En España ocurre lo contrario.

Además, en España se da el auge de la ultraderecha auspiciado por diferentes organizaciones, fundaciones que están llevando a cabo una especie de lawfare, poniendo querellas sistemáticamente contra la ofensa de sentimientos religiosos, por ejemplo. Muchas de estas denuncias son admitidas a trámite, con el consiguiente revuelo que se genera en los medios de comunicación. La mayor parte de las veces terminan siendo archivadas porque no se puede procesar por ese tipo de cosas aunque esté en el Código Penal, va contra todos los estándares internacionales.

Por eso es importante lo que están diciendo los medios internacionales de España, nos colocan en el sitio en el que estamos. Cuando ciertos políticos hablan de "anormalidad democrática" se pone el grito en el cielo, pero realmente este tipo de artículos del Código Penal, nuestra legislación y la interpretación que muchas veces hacen los jueces sí que nos coloca en esa anormalidad democrática.

-La entrada de Hasél en prisión ha generado una oleada de protestas. En muchas ocasiones, los medios de comunicación se centran más en hablar de las propias protestas y disturbios que de que un rapero entre en prisión por este tipo de delitos.

-Esto es un clásico. Los disturbios son muy visuales, muy de espectáculo, y el foco se pone en los disturbios y no en qué los genera. Si además aterrizamos en el momento actual de polarización política, pues más aún. La interpretación que se hace desde muchos medios es que Hasél tiene que estar en la cárcel porque dice barbaridades, justifican que entre en prisión. Además, le asocian con un movimiento de extrema izquierda y, por tanto, vinculan las manifestaciones con la izquierda. En este país no hemos aprendido que los derechos humanos no son de izquierdas o de derechas y deberían ser defendidos desde cualquier movimiento, ideología o posición política.

-Unidas Podemos ha hecho una propuesta para reformar el Código Penal en lo que concierne a los delitos de opinión, en lo referente a la libertad de expresión. ¿Qué valoración hace de la misma?

-Cualquier propuesta que vaya en esa línea es bienvenida. La tenemos que estudiar y analizar a fondo. No es una cuestión que sea una propuesta de un partido u otro, es que nos lo están exigiendo desde instancias internacionales y esos delitos los tenemos que suprimir. Sobre las injurias a la Corona, hay varias sentencias del Tribunal de Derechos Humanos. Hay amonestaciones a España por seguir manteniendo ese tipo de delitos. Es sorprendente. Como PDLI nos posicionamos cuando el rey emérito se marchó a Emiratos Árabes, pues Pedro Sánchez salió para decir que no se podía hacer una modificación del delito de injurias a la Corona para que no se relacionara con los hechos que estaban sucediendo. Hace dos semanas, el propio Gobierno admitió que iba a ir en la línea de las reclamaciones internacionales para modificar estos delitos. No entro en la parte política de la bronca entre los partidos que conforman el Gobierno de coalición, pero es algo que el Gobierno tiene que hacer cuanto antes.

-Desde hace años reclaman la derogación la Ley Mordaza. Se aventura un nuevo ciclo de protestas, ante una nueva crisis social y económica, y la Ley Mordaza siguen sin derogarse. 

-Más de seis años llevamos pidiéndolo. A veces cuesta entender que algo tan obvio sea tan complicado. Es importante el contexto de cómo surge la Ley Mordaza, surge después del 15M, en un contexto de descontento y movilización social que se manifiesta a través de las redes sociales y las calles. Todas esas reformas van en la línea de penalizar la protesta, sobre todo online. Es muy significativo, pues todas estas manifestaciones se convocaban a través de las redes.

La Ley Mordaza tiene otro factor, es que va por el procedimiento administrativo, no tiene que intervenir el juez, un policía decide que has cometido una falta y te sanciona. Genera sentimiento de indefensión y provoca un efecto desaliento, mucha gente no se puede permitir estar pagando multas por salir a protestar. Además, al no haber procedimiento judicial, no se puede demostrar que quien ha sido sancionado no estaba haciendo lo que dice el policía. Genera indefensión, siempre hemos pensado que es urgente la derogación de la Ley Mordaza, no solo la eliminación de ciertos artículos, que es lo que hay sobre la mesa.

-Esta semana, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, pronunciaba un discurso desde la tribuna del Congreso sobre la propiedad de los medios de comunicación. ¿Qué le parece que el poder político hable de los medios de comunicación desde las instituciones?

-Nos gusta muy poco a los periodistas que nos pisen nuestro terreno. Ahora no hablo como PDLI, pues sobre este tema no tenemos un posicionamiento, te hablo a título individual. Creo que en España, frente a otros países, hay un terreno muy abonado para el nacimiento de cosas que pueden ser medios de comunicación o no. En otros países, para ser un medio de comunicación, has de cumplir una serie de requisitos: transparencia plena en quién es la propiedad del medio, los fines para los que se crea... Se hace un ejercicio de transparencia importante, sobre todo acerca de la propiedad. Me parece interesante que los ciudadanos sepan lo que están leyendo, la propiedad es lo que marca lo que vas a acabar consumiendo en un medio de comunicación. Es un debate que deberíamos abrir en este país, más allá de que los políticos lo lleven al Parlamento o no. La transparencia siempre es positiva, en España tenemos falta de transparencia en este sentido y hay un cierto ocultismo sobre qué participación tienen las empresas en determinados medios.

También con el tema de la publicidad institucional, es importantísimo saber dónde va el dinero público, qué medios se benefician y por qué es discrecional dependiendo de quién esté en el gobierno de turno. Hay un ocultismo en este tema tremendo, da lo mismo el partido que esté en el poder, es imposible tener datos sobre esto y sabemos que, bajo cuerda, se da dinero a unos medios u otros. Es algo que debemos poner sobre la mesa y lo mejor sería que lo hiciéramos los propios periodistas y los propios medios de comunicación.

-Hemos hablado de la propiedad privada de los medios de comunicación. Hablemos de los medios públicos. Sigue pendiente la reforma de RTVE.

-Esa reforma hay que hacerla ya, llevamos años esperando que se ejecute ese concurso anunciado. No tendría por qué ser una mala fórmula, pero habría que ponerla en práctica cuanto antes. Y, sobre todo, salvaguardar los medios públicos de las injerencias políticas de los gobiernos de turno, da igual que sea el estatal, que los autonómicos... En el caso de RTVE es urgentísimo que se ejecute la reforma de una vez.

-Antes ha hecho referencia al auge de la ultraderecha. Hemos visto cómo, tanto en redes como en coberturas informativas en la calle, se acosa a periodistas, sobre todo mujeres. ¿Qué se puede hacer?

-Es un foco absoluto. Creamos hace dos o tres años un observatorio del acoso online a mujeres periodistas, específicamente. Hemos trabajado con el International Press Institut en un proyecto fabuloso que pretende atajar este acoso a mujeres, pues se da mucho más en el caso de mujeres que de hombres. Es un foco también las agresiones en la calle. Una de las razones de aparición de la PDLI fue trabajar frente a las agresiones a periodistas, también al resto de la ciudadanía en la calle, por ejemplo, ante ciertas agresiones policiales y demás. Hacemos formaciones encaminadas a que todo el mundo sepa protegerse de todo esto y, si sucede, que se sepa cómo hay que proceder. Sigue sucediendo, hay agresiones policiales que quedan totalmente impunes. Seguimos trabajando, pues esto es una amenaza gravísima a la libertad de expresión, de periodistas y de sociedad civil. La sociedad civil es una voz muy importante en estos tiempos, hay fenómenos que suceden y los conocemos porque las cuenta la gente desde la calle, porque informan como ciudadanos.