Las leyes vetadas por el PP que Sánchez ha rescatado para su mandato
Durante la etapa de Mariano Rajoy se vetaron por el Partido Popular más de 60 propuestas de leyes. La mayoría de ellas, de carácter social y otras tantas de carácter económico, con gran impacto en las arcas públicas. El 'equipo' formado por PP y C's en el Congreso dotaba al Gobierno de poder suficiente para desechar cualquier tipo de ley que no se quisiera debatir en el Hemiciclo.
Rajoy contaba con una baza importante y es que el Gobierno tiene capacidad para desechar cualquier propuesta de ley que afecte a los presupuestos vigentes. Solo hasta marzo de 2018, en apenas dos años, el gobierno de Rajoy había echado atrás más de medio centenar de propuestas que ahora pueden salir a la luz. Dos de ellas, cuyo plazo para presentar vetos ya terminó, seguirán adelante con el gobierno de Sánchez.
La semana pasada, la Mesa del Congreso acordó trasladar al nuevo Gobierno del PSOE todos los vetos que el Ejecutivo del PP presentó a leyes de la oposición y que aún estaban pendientes de resolución en la Cámara Baja.
Permisos igualitarios de paternidad y maternidad
Es una medida pedida por el grupo Unidos Podemos que el Partido Popular echó atrás junto a Ciudadanos. La propuesta del grupo es lograr permisos de maternidad y paternidad igualitarios, intransferibles y remunerados al 100%. El Ejecutivo del Partido Popular vetó esta proposición de ley en dos ocasiones.
El texto en sí, promovido por la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles (PPiiNA), reclama una ampliación, hasta las 16 semanas, del permiso de paternidad, con el objetivo de equipararlo a la madre. La propuesta de Unidos Podemos hace referencia a unos permisos igualitarios entre madre y padre o cualquier otro progenitor o miembro de la pareja, en casos de nacimiento o de adopción.
"Nos parecía que, tanto para nuestro modelo productivo, como, sobre todo para un modelo de sociedad más igualtiuario, era una medida paradigmática, una medida muy importante para avanzar en esa igualdad", declaró Sofía Pérez Castañón en referencia a la salida adelante de la ley.
Rajoy y su gobierno la echaron atrás en dos ocasiones anteriores alegando que su aprobación supondría un aumento del gasto destinado a bajas por maternidad y paternidad de más de 3.500 millones de euros.
El rescate de la AP-9
El grupo Unidos Podemos-En Comú-En Marea reclamó el debate sobre la transferencia a Galicia de la gestión de la autopista AP-9. En Junta de Portavoces, el Congreso ha accedido a tramitar la ley que podría devolver la competencia sobre la autopista a la comunidad gallega.
En esta ocasión, Ciudadanos ha votado a favor de que el debate siga su curso; con el PP en el Gobierno votó en contra. Han excusado su cambio de rumbo en la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que dio la razón a la Cámara frente al Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El Partido Popular ha sido el único que ha votado en contra en la Junta de Portavoces. La decisión final sobre la transferencia o no de la gestión de la AP-9 a la comunidad de Galicia se debatirá en la Mesa del Congreso en las próximas semanas.
El impuesto al sol
La Junta de Portavoces de nuevo ha sido la encargada de sacar adelante una proposición para eliminar el "impuesto al sol". La propuesta, presentada por Ciudadanos, ha salido adelante con el único voto en contra del Partido Popular.
En la misma línea se manifestó la pasada semana la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, quien afirmó que estudiará la derogación del "impuesto al sol" en cumplimiento de los pactos y tratados europeos en materia de medio ambiente y ecología.
España apoyó en instancias europeas el objetivo más ambicioso en la negociación: al menos un 34% de renovables para 2030 (respecto al 27% de partida), que es el mínimo que fija la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA) para que Europa pueda cumplir el Acuerdo de París.
La aplicación de leyes con carácter retroactivo en España no es nueva, así encontramos la prohibición del Partido Vasco Herri Batasuna en 2003, tras adaptar la reforma de la ley de partidos para prohibir así mismo el partido Euskal Herritarrok. Las medidas fiscales retroactivas que el Partido Podrido estuvo aplicando afectaron, además de a las televisiones, a la cultura en general, incluidos festivales, teatros y museos, que la sufrieron por igual. También fueron reducidos con carácter retroactivo los derechos de los españoles a remuneración por aportes de origen solar al suministro eléctrico. Los corruptos recortaron subsidios varias veces, para beneficiar a la compañías electricas, donde han ido a parar muchos de los políticos que abandonan sus cargos en el Gobierno, lo que fué declarado «abusivo» por un tribunal internacional. España fue sentenciada a pagar daños y perjuicios una vez. Y hay decenas de decisiones aún pendientes que
costarán al país, miles de millones, que no pagarán los políticos
corruptos, sino como siempre el ciudadano de a pie. Intolerable y
vergonzoso. Menos mal que hemos podido echar a esta gentuza. Me pregunto cuando llegará la ilegalización del Partido Podrido. Si me pegan, me divorcio. Som República !!*!!