La cara B de la política migratoria “respetuosa con los derechos humanos” que ensalza Sánchez

“Dijimos que íbamos a ser un gobierno europeísta y no solamente estamos dando un enfoque europeo y también respetuoso con los derechos humanos en política migratoria, sino que España está liderando el crecimiento económico en la zona euro”. Con esta frase que mezcla derechos sociales y humanos y economía comunitaria ha resumido Pedro Sánchez algunos de los logros de los que el presidente del Gobierno se enorgullece 100 días después de tomar posesión de su cargo.

Uno de los desafíos a los que Pedro Sánchez se enfrentaba nada más aterrizar en La Moncloa era la gestión de la migración, en medio de unos discursos antiinmigración de los principales partidos de la oposición, Partido Popular y Ciudadanos y, más en concreto, en la pugna de sus dos cabezas visibles: Pablo Casado y Albert Rivera. El presidente, por su parte, afirma haber conseguido sobrevivir a estos primeros 100 días con acuerdos “respetuosos con los derechos humanos”. En cuartopoder.es repasamos algunos de los movimientos en esta cuestión.

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A los dos meses de su llegada a La Moncloa, Pedro Sánchez catalogó la inmigración como “amenaza”. Ocurrió después del encuentro mantenido con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el que cerraron algunos de los puntos clave de la gestión de fronteras conjunta. Desde diversas organizaciones y asociaciones humanitarias criticaron las palabras escogidas por el presidente.

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Nada grave en comparación con la resurrección que el Ejecutivo provocó del acuerdo entre Marruecos y España que permitió la devolución de 116 inmigrantes a territorio marroquí 24 horas después de haber entrado en España. El acuerdo, rescatado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se suscribió con Marruecos en el año 92 y en estos 25 años su aplicación ha sido mínima. La cartera dirigida por Grande-Marlaska excusó la utilización de este acuerdo para la devolución exprés afirmando que las relaciones con Marruecos ahora pasan por un buen momento.

Nada más tomar posesión del cargo de presidencia, Pedro Sánchez debió tomar una decisión sobre la marcha que afectaba a más de 600 migrantes. Tras el cierre de los puertos italianos por mandato del ministro italiano ultraconservador Matteo Salvini, 629 refugiados se encontraban a la deriva en aguas del Mediterráneo. Pedro Sánchez decidió abrir el puerto de Valencia para recibir a los migrantes y repartirlos en varias ciudades. Una situación que contrasta con lo que se vive en tierra.

Como denunciaron varias organizaciones humanitarias, recogidas por cuartopoder.es, la realidad para gran parte de los migrantes que llegan a terreno español se resume en el desamparo. Así lo denunciaron en una manifestación en Madrid, donde más de 60 migrantes se encontraban en situación de calle o extrema vulnerabilidad después de haber llegado por mar a las costas andaluzas, debido a la falta de plazas en los sistemas de acogida.

El último movimiento del Gobierno ha sido aliarse con Open Arms, la ONG española que actúa en alta mar como rescate. Tal y como afirmó la organización hace unos días, serán los encargados de rescatar pateras en el Estrecho de Gibraltar bajo la coordinación de Salvamento Marítimo. Una decisión que ha suscitado polémica por la posible sustitución de servicios que se dan desde salvamento.