La hospitalidad hace frente al bloqueo administrativo para refugiados y solicitantes de asilo

  • La Parroquia de San Carlos Borromeo se ha convertido en el cobijo de 29 personas refugiadas y solicitantes de asilo excluidas de los recursos oficiales
  • La Coordinadora de Barrios y la RSA denuncian que el Gobierno "cada vez pone más trabas administrativas para el acceso de las personas al sistema de acogida”

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De la puerta de una de las salas de la parroquia San Carlos Borromeo de Madrid, cuelga un cartel que se puede leer en árabe y en español y que recoge turnos de comida, limpieza y otras tareas habituales en cualquier hogar. Y es que, desde el pasado seis de junio, este espacio ubicado en el madrileño barrio de Vallecas, se ha convertido en el único cobijo que han encontrado 29 personas -entre ellas, 10 niños y niñas- refugiadas y solicitantes de asilo que han sido rechazadas o excluidas de los recursos oficiales.

Dejaron sus hogares en El Salvador o Guatemala, donde la violencia estructural liderada por las maras pone en riesgo la vida de sus habitantes, o huyeron de la delicada crisis que sufre Venezuela o de los conflictos en Palestina y Siria. Buscan refugio en este lado del mapa, pero se han topado con un sistema de acogida colapsado que les ha llevado a dormir en parques, escaleras, edificios abandonados o salas de espera del aeropuerto.

Esta situación es un ejemplo más de la necesidad de reforzar “de manera urgente” el sistema de asilo en España, como así apuntaron desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en la presentación de su informe anual y en el que destacan que, a las más de 46.000 solicitudes de asilo presentadas en los primeros cinco meses de este año, se suman los más de 100.000 expedientes acumulados en los últimos años y que siguen pendientes de resolución.

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Pese al cerrojazo y bloqueo administrativo, la hospitalidad, una vez más, emana de la ciudadanía. Colectivos, como la Red Solidaria de Acogida (RSA) o la Coordinadora de Barrios, están acompañando a estas y a otras familias, en el mar de dificultades que arrojan las instituciones. Una situación similar a la que ya se vivió a finales de 2018.

Mohamed, su mujer, Muna, embarazada de ocho meses y sus hijos de dos, ocho y diez años fueron la primera familia en llegar a la parroquia que, a día de hoy, ya se ha quedado sin colchones para ofrecer y apenas queda espacio para recibir a más gente sin refugio.

Vinieron prácticamente con lo puesto, después de ser deportados desde Alemania bajo el Convenio de Dublín, el reglamento europeo que obliga a los solicitantes de asilo a pedir protección en el país comunitario donde haya quedado registrada su huella por primera vez. En su caso, Melilla fue la primera estación europea de un periplo que partió de Siria envuelta en llamas, pero que les llevó hasta Sudán, Libia, Argelia y Marruecos. “Nosotros no queríamos quedarnos en España, pero la policía nos dijo que no pasaba nada, que dejar la huella era algo rutinario”, cuenta el padre. Sin embargo, ese gesto fue el desencadenante para que, a principios de este mes, la policía se presentara de madrugada en su casa en Alemania y de nuevo diera un giro en su proyecto de reanudar una vida a salvo.

“Me pusieron las esposas y a mi mujer también. Nos tuvieron así durante horas, todo el camino hasta llegar a Madrid. Nos trataban como si fuéramos terroristas o criminales”, se queja Mohamed mientras hace gestos con las manos aprisionadas. Una vez en la capital, y antes de recibir el apoyo de la RSA y la Coordinadora de Barrios, pasaron por el rechazo de las administraciones. Desde la Oficina de Asilo y Refugio les denegaron la acogida por haber abandonado el país con anterioridad y fueron expulsados por la Policía de las inmediaciones del Samur Social, donde habían dormido una noche en el suelo y en unas sillas, ante la falta de otra alternativa.

Una medida cada vez más recurrente dentro del servicio municipal de emergencias sociales que, según fuentes cercanas éste, está generando malestar entre su propia plantilla. “En otro momento mi función como trabajador social sería facilitarles un alojamiento temporal y cubrir sus necesidades básicas, especialmente por la presencia de menores, es decir, tener algo que comer, un lugar donde asearse, un espacio donde jugar y un techo bajo el que dormir, pero hoy, como ayer, está todo completo, no hay ninguna plaza libre. Las instrucciones indican que, de producirse esta situación, debo decirles que se marchen y si no están de acuerdo y se niegan llamar a Policía”, se desahoga un trabajador del servicio municipal en una carta que ha hecho llegar a este medio..

En la terraza de la parroquia, Mohamed y Wasim, otro chico palestino que también ha vivido una experiencia similar, comparten episodios de todo lo recorrido. Hablan para sanar, sin embargo, siguen preguntándose por qué les “obligan a volver a España” y, una vez que llegan, se encuentran desamparados, “sin un lugar donde vivir, sin trabajo, sin saber el idioma”.

De todas las personas acogidas en el templo vallecano, al menos ocho son afectadas por el reglamento de Dublín, viéndose excluidas de las ayudas sociales del sistema de acogida. Una batalla que vuelve a resurgir pero que parecía estar superada después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimara dos demandas presentadas por dos jóvenes que habían sido retornados forzosamente a España desde Alemania y Holanda y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social dictara una instrucción por la que establece el derecho de estas personas a reingresar a dicho programa, dando “prioridad” a los “perfiles vulnerables”.

Claudia es madre soltera. Hace cuatro meses llegó a España desde El Salvador con sus hijos Daniel y Gabriel, de cuatro y ocho años respectivamente. “Lo vendí todo y pedí un préstamo para poder salir rápidamente del país y poner a salvo a mis hijos”, cuenta esta madre. Durante meses sufrió amenazas de una persona a la que denunció después de que pegara a uno de sus hijos en un espacio de recreo para niños y que, sospecha, “lo más probable es que fuera miembro de una mara”, es decir, de uno de los grupos criminales organizados que asola a Centroamérica. Según Insight Crime, hay una tasa de 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en El Salvador.

A su llegada solicitó asilo y está a la espera de que la Unidad de Trabajadores Sociales de la Oficina de Asilo, que es la institución encargada de la derivación a recursos de acogida, les asigne una plaza. “En este tiempo estuve alquilando una habitación a una señora por 250€ ,pero ya no tengo más dinero para pagarlo, así que fui a ACCEM, de ahí me mandaron a Samur, de ahí a CEAR y ellos me mandaron a la parroquia”, relata esta mujer. La única puerta que se abrió fue la de San Carlos Borromeo, que no es más que una iglesia que está dando respuesta a esta emergencia, para evitar que familias como la suya duerman en la calle y acompañarles en la lucha por sus derechos. Un respaldo que brindan desde la solidaridad vecinal pero que, advierten, “no puede sustituir la labor de unas instituciones y unas organizaciones pagadas para ello, pero que no se están haciendo cargo de las personas”.

“Aquí os vais a sentir muy seguras. La gente se preocupa por nosotros y te tratan con dignidad”, le decía Claudia a otra madre recién llegada con su hija que habían pasado varias noches en el aeropuerto, mientras le ayudaba a colocar su colchón en un hueco nuevo en el suelo del templo.

Esa calidez humana que pone en valor la salvadoreña es un bálsamo entre tanta dolencia. “Es intolerable el nivel de sufrimiento físico y psíquico que acumulan las personas a las que estamos atendiendo”, manifiestan desde la Coordinadora de Barrios y la RSA, quienes también denuncian que “el Gobierno no ha tomado medidas para evitar que esto ocurriera y cada vez pone más trabas administrativas para el acceso de las personas al sistema de acogida”. Sin embargo, no pararán hasta conseguir una solución que, entienden, “las administraciones están obligadas a cumplir humana y legalmente”.

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