2018, el año en el que más se cuestionó a la Justicia

  • Si el desprestigio de la política se ha convertido ya en un tópico, en 2018 el foco de las críticas ha virado hacia la Justicia
  • Las manifestaciones feministas por el caso de La Manada o el fracaso de renovación de los miembros del C.G.P.J. son algunos de los episodios en los que se ha cuestionado

Si el desprestigio de la política se ha convertido ya en un tópico, en 2018 el foco de las críticas ha virado hacia los jueces. Pero las apreciaciones individuales se han convertido en críticas contra el sistema en su conjunto, ya sea por las manifestaciones feministas contra la “Justicia patriarcal” o por el fracaso de la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (C.G.P.J.), pactado entre PP y PSOE.

Aunque el titular de la cartera de Justicia ha cambiado y ya no es Rafael Catalá, que se lleva el caos de la digitalización de LexNet bajo el brazo, la ministra Dolores Delgado ha heredado algunos de los problemas de la Administración Rajoy, entre ellas, las precarias condiciones de jueces y fiscales, que han ido a la huelga este noviembre tras meses de intentar que se escuchen sus reivindicaciones.

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Estos son los cinco episodios que han hecho que se tambalee uno de los tres pilares básicos de la democracia.

La Manada y la Justicia Patriarcal

Sin duda, el de ‘La Manada’ ha sido el caso más mediático del año. El 7 de julio de 2016, en las fiestas de San Fermín, cinco hombres violaron a una joven en un portal de Pamplona. No fue hasta abril de 2018 cuando la Audiencia Provincial de Navarra condenó a los acusados por un delito de abuso sexual y no de agresión, una interpretación que después confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Esta calificación del delito junto al voto particular del magistrado Ricardo González, que percibía en el vídeo “excitación sexual” por parte de la joven, hizo que estallaran manifestaciones en la calle.

En concentraciones de toda España se oían gritos de “yo sí te creo” o “no es abuso, es violación”. En unos  días se decidirá el ingreso en prisión de los condenados. Hace unos meses, el Gobierno reunió una comisión de expertos que está revisando la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal, barajando la posibilidad de eliminar los abusos sexuales, que pasarían a ser siempre agresiones, y de revisar las penas.

El Procés

Rajoy dejó como herencia una expresión que sigue utilizándose habitualmente para hablar de Catalunya: “la judicialización de la política”. Pocos juicios son capaces de influir tanto en la política como el que le espera a los acusados del ‘Procés’ catalán, cuyo juicio y resolución puede influir en las estrategias de los partidos implicados.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha sido uno de los protagonistas del año. Cuando la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein descartó aplicar el delito de rebelión al expresident Carles Puigdemont en Bélgica, para algunos fue un síntoma de que la Justicia española había errado al imputar esta tipificación a los líderes secesionistas. En resumen, en los sectores independentistas este hecho se leyó como una desautorización alemana a los tribunales patrios. Ahora es el propio Llarena el que tiene que enfrentarse a su propio juicio  denunciado por Puigdemont y los consellers por unas declaraciones.

Este mismo mes, el alto tribunal ha confirmado por unanimidad su competencia para juzgar los delitos de rebelión y de malversación, pero ha decidido enviar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la parte que afecta a los seis procesados acusados de desobediencia.

El escándalo de las hipotecas

Inseguridad jurídica, incertidumbre y la sombra de la influencia de poderes fácticos. Son los tres ingredientes que nunca debería tener un proceso judicial, pero que compusieron la sensación que se trasladó a la población cuando el Tribunal Supremo tuvo que decidir sobre si eran los ciudadanos o los bancos los que pagaban los impuestos de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas.

Todo comenzó con pasado octubre, cuando la Sala Tercera del Tribunal Supremo dio un giro y sentenció que era la entidad que daba el préstamo y no la persona que lo recibía quien debía pagar el impuesto. Sin embargo, apenas 24 horas después, el presidente de la sala Luis Díez-Picazo anunció que convocaría el pleno por la “enorme repercusión económica y social” del fallo. Finalmente, el pasado noviembre el pleno decidió que fueran los clientes los que pagasen el mencionado impuesto.

Pocas horas después, el Gobierno anunció una modificación legal para que fueran las entidades quienes la asumieran.

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La renovación fallida del C.G.P.J.

Mientras en la arena política el ‘popular’ Pablo Casado llamaba golpista al presidente Pedro Sánchez y éste aseguraba que había roto relaciones con el PP, días después se destapaba que estaban negociando el nombre del presidente del Consejo General del Poder Judicial y habían elegido a Manuel Marchena para el puesto. Las críticas se desataron porque los políticos hubieran decidido al hombre que liderará el Supremo y el CGPJ antes que a los propios vocales del órgano.

Cuando la indignación parecía que no podía ser mayor, aparecieron unos Whastapp del senador del PP Ignacio Cosidó dirigidos a su grupo parlamentario en los que presumía del acuerdo con el que podría controlar “la sala segunda desde detrás”, que es la que corresponde a la jurisdicción penal, y la sala 61. Marchena finalmente renunció a presidir el C.G.PJ.

Estrasburgo y la libertad de expresión

A finales de noviembre, Estrasburgo volvió a tirar de las orejas a los tribunales españoles. En este caso, por vulnerar la libertad de expresión después de que A.T. fuera condenado a pagar una multa por calumnias en julio de 2011 tras llamar torturadores a unos policía.

Todo comenzó en 2007 cuando la policía desalojó un edificio ocupado por el colectivo de activistas al que pertenecía al demandante. Los agentes ataron una cuerda alrededor de la cintura de A.T. e intentaron sacarlo tirando de la cuerda, aunque no lo consiguieron, tal y como relata la sentencia. En una rueda de prensa posterior, acusó a los agentes de “acto de tortura” y éstos acabaron por denunciarle por calumnias. El caso acabó con una condena y la imposición de una multa. Por ello, A. T. decidió acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en marzo de 2014 para proteger su libertad de expresión, como así ha acabado ocurriendo.