Las mujeres con discapacidad reivindican su sitio: “Nosotras también somos 8M”

"A nadie se le discute que una mujer decida o no ser madre. A ellas sí". Así explica Marta Valencia, presidenta de Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS), los derechos básicos que ven limitados las mujeres con discapacidad, sobre las que recaen varios tipos de discriminación. Por eso, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, quieren visibilizar todas las violencias que sufren, desde la física a la sexual pasando por la económica. Tienen un mensaje: son mujeres, son feministas, tienen derechos y quieren empoderarse para reclamarlos.

En 2020,  consiguieron un hito. El Congreso aprobó la prohibición de la esterilización a las mujeres con discapacidad. Sin embargo, también este año se ven obligadas a reivindicar lo más básico: "Nosotras también somos mujeres", recuerda la coordinadora de Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero. Ellas no son una minoría, son más de la mitad de las personas con discapacidad en España, aunque Caballero cree que aún "hay invisibilidad y esto se ve en las políticas públicas".

Estas mujeres aportan una agenda feminista propia. Tienen muchas reivindicaciones para este 8 de marzo, desde el cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a la petición de refuerzo de los derechos sexuales y reproductivos, pasando por las políticas de empoderamiento y la exigencia de mayores oportunidades en el empleo, donde ser mujer y tener discapacidad son dos cuestiones penalizadas.

Recuperar sus derechos sexuales y reproductivos

No ha sido hasta 2020 cuando el Congreso ha prohibido la esterilización forzosa a estas mujeres, pero ahora piden que se vaya un paso más allá y se refuercen los derechos sexuales y reproductivos para que sean ellas las que decidan con la información completa: "Hasta ahora, la esterilización era concebida por la sociedad y las familias como un mecanismo de protección", explica Caballero sobre lo que en realidad era una violación de los derechos humanos.

Ahora, piden que se desarrollen programas de educación sexual y que se forme al personal sanitario para dar información adaptada o ser capaz de detectar los abusos en las consultas. Todo se engloba bajo un concepto más profundo de las políticas públicas: pasar del enfoque asistencial al apoyo a la autonomía de estas mujeres. También reclaman que se mejoren las estadísticas y se estudie de manera profunda las necesidades de esta población.

La lucha contra la violencia

La última Macroencuesta sobre Violencia de Género, elaborada por el Ministerio de Igualdad, ya alertaba de que las mujeres con discapacidad han sufrido violencia física de alguna pareja en mayor medida que las mujeres sin discapacidad (un 17,4% frente a un 11%). Las encuestadas declararon también sufrir en mayor medida (14,8% frente al 8,9%) violencia sexual de alguna pareja.

Valencia asegura que estos datos son la punta del iceberg: "En el caso de algunas mujeres con discapacidad, estas situaciones son lo que han estado viviendo siempre y detectarlo es difícil. Lo han normalizado y asumido". Por eso, apuesta por que sean ellas mismas las que se empoderen y tengan acceso a información y a los recursos que ofrecen las asociaciones.

Las violencias que sufren estas mujeres son transversales. Van desde la física hasta la económica. En muchas ocasiones, sus agresores están en su entorno. "Pueden tener su prestación y que la familia no le deje decidir qué hacer con su dinero. Suelen aniñarnos y no dejarnos tomar nuestras propias decisiones", ejemplifica Valencia.

La covid y los cuidados

Caballero denuncia lo que considera una gran hipocresía social: "Hay mujeres que no han podido formar su familia. Han sido socializadas en la idea de que no pueden cuidarse a sí mismas ni de otros, pero cuando llegan a la edad adulta, cuidan a otros", alude sobre sus padres o sus sobrinos.

Ellas también han sufrido el impacto de la covid-19 en todos los frentes. En un estudio realizado por COCEMFE (Confederación Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) se señala que el 31% de las mujeres con discapacidad "han visto que su responsabilidad en relación a los cuidados ha aumentado", el 36% afirman que "la economía familiar ha empeorado considerablemente" y un 24% manifiesta tener mayores dificultades para acceder al mercado laboral, según denuncian en su manifiesto.

Las dificultades son transversales y se complican si, por ejemplo, estas mujeres viven en el campo. De hecho, ese estudio también asegura que el 11% de las mujeres "han hecho mención también a que las interrupciones en la atención presencial de los servicios públicos, unidos a la brecha digital, han dificultado el acceso a recursos".