Unas 200 familias de 10 bloques en Madrid, unidas en una campaña contra Blackstone

  • Decenas de familias de Carabanchel, Torrejón, Vallecas, Tres Cantos y Getafe contra “una subida abusiva de los alquileres”
  • Eva es una de las inquilinas que ha decidido no aceptar las condiciones de Fidere, así que lleva desde el 28 de julio en su vivienda sin contrato de alquiler

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Residen en viviendas de Madrid que un día estuvieron bajo el régimen de protección pública y hoy dependen del mayor casero de España, un fondo de inversión estadounidense. Este miércoles el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos presenta la campaña “Madrid contra Blackstone”, que reúne a 200 familias contra “una subida abusiva de los alquileres” comunicada en los últimos meses. Las personas afectadas están “en lucha” porque se han negado a aceptar este incremento, en algunos casos del 80% o del 100%, mientras permanecen en sus viviendas e intentan doblar el pulso al banco gigante.

Son vecinos de 10 bloques de pisos situados en Carabanchel, Torrejón, Vallecas, Tres Cantos y Getafe. Los primeros en recibir el aviso de la subida de sus alquileres fueron los vecinos de Carabanchel y Vallecas, mientras que los dos bloques “en lucha” de Getafe sospechan que el temido burofax les llegará en un plazo de dos o tres años, indican desde el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid.

Las viviendas afectadas pertenecieron al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y fueron vendidas tanto por la exalcaldesa Ana Botella como por la Comunidad de Madrid a Fidere, la socimi de Blackstone. En un primer momento eran residencias de protección pública destinada principalmente a alquiler joven y era necesario reunir una serie de requisitos para acceder a ellas. Pasados diez años desde su construcción, y después de haber sido vendidas al banco, su condición de protección pública termina y su valor aumenta. El fondo de inversión, experto en esta especie de operaciones, esgrime que ahora solo trata de alquilar sus viviendas al precio actual del mercado.

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Eva es madre y vive con su hija de 11 años en uno de estos bloques en Torrejón de Ardoz. A finales de junio le comunicaron que en un mes debía pasar de pagar 530 euros de alquiler a ingresar 774 euros mensuales. Si le suma el IBI y los gastos de comunidad, que comenzaría a pagar más adelante, en tres años tendría que asumir un alquiler de casi 1.000 euros al mes. “Es una vivienda de 50 metros, con dos dormitorios, y con desperfectos como la tarima desplazada”, critica. “Somos mileuristas y es muy difícil aceptar estas condiciones. No voy a aceptar hasta que se sienten a negociar, ya no solo por mi caso, sino para que se haga justicia”, asegura a cuartopoder.es.

Esta madre es una de las inquilinas que ha decidido no aceptar las condiciones de Fidere, así que lleva desde el 28 de julio en su vivienda sin ningún contrato de alquiler. Explica que la empresa le devuelve los pagos que realiza y le pide que abandone la casa. Mientras tanto, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid espera una reunión con Fidere aplazada por la empresa a septiembre. “En agosto nos dijeron que muchas familias iban a firmar, a aceptar sus condiciones, pero mientras les enviaron burofax y e-mails en tono amenazante. Les indicaron que en caso de que no aceptaran sus condiciones iniciarían un proceso judicial y en 15 días acabarían en la calle”, indica Daniel Vega, del Sindicato de Inquilinas de Carabanchel.

Ante las dificultades para negociar con Blackstone, un 50% de los bloques afectados por el incremento de los alquileres que lleva a cabo el fondo de inversión en Madrid ha decidido sumarse a esta campaña de resistencia, según calcula el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Exigen que sus alquileres se renueven en los términos marcados por la actual Ley de Arrendamientos Urbanos, recientemente modificada por el Real Decreto del Gobierno socialista, que amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos a siete años si el arrendador es persona jurídica. De momento, estos contratos se rigen por la norma antigua y vencen a los tres años –plazo en el que puede incrementar su precio--.

Con esta campaña, el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, acompañado por el movimiento pro-vivienda de Madrid, busca también que otras familias en una situación similar se incorporen a la lucha contra las subidas de precio abusivas por parte de los grandes tenedores de vivienda. Además, recuperan su clásica reivindicación: que se regule el alquiler por ley, ya que “si los precios estuvieran limitados no nos encontraríamos con subidas del 80%”, aseguran.

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