Cataluña: Izquierda, legalidad y autodeterminación

  • Es un error grosero, cuando no malintencionado, despachar un movimiento de masas, de la enormidad del existente en Cataluña, con la etiqueta de simple instrumento de un partido corrupto
  • Especialmente preocupantes son las afirmaciones cada vez más comunes entre alguna izquierda sobre el despertar de la bestia fascista que debe atribuirse a la lucha por la autodeterminación en Cataluña

La izquierda tiene posiciones muy distintas sobre la lucha por la autodeterminación que en Cataluña lleva ya varios años desarrollándose de forma masiva. Desde la defensa incondicional del derecho a la autodeterminación, a la defensa “general” que nunca toca concretarse, hasta la hostilidad disimulada con mayor o menor elegancia o con extrema patosidad. Para una parte de la izquierda, el análisis de la movilización continuada de una gran parte del pueblo de Cataluña constata que su “defensa” del derecho de autodeterminación era algo que estaba en el programa sin la menor relevancia práctica. Cuando los grandes medios The New York Times, Le Monde, Financial Times, La Reppublica, Der Spiegel, The Guardian, etc. destacaban ininterrumpidamente la movilización democrática catalana, ya no se podía negar su inmensa trascendencia, y quien así lo hacía, como ya se apuntaba en Sin Permiso en 2013: “necesita urgentemente un oculista, o un otorrino, tal vez un psiquiatra”.

La revuelta catalana y la corrupción de Convergència

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Entre quienes, desde la izquierda, se oponen a luchar por el derecho de autodeterminación, podemos encontrar, en el caso de Cataluña, dos trazos comunes.

Uno, identificar el conjunto de la revuelta democrática catalana con la fracción de derecha que existe en su seno (antes, Convergència, ahora, diversas versiones del mundo postconvergente). Tal identificación supone una burda simplificación de la realidad e ignorar en consecuencia varios hechos relevantes, que comentaremos más adelante.

Otro, considerar que el movimiento por la autodeterminación impide u obstaculiza la expresión de otras luchas, especialmente sociales. Esta consideración es también ajena a la realidad, como se verá a continuación.

Sobre lo primero, el último dato cuantificable proviene de las elecciones del 21 de diciembre de 2017. En ellas, Junts per Catalunya (JxC) obtuvo 948.000 votos, por 1.131.000 de la suma de ERC y la CUP, formaciones a las que, a diferencia del PP, PSOE y Convergència, no se les puede atribuir ni corrupción sistemática ni defensa de las políticas de austeridad. ERC formó parte de dos gobiernos tripartitos de izquierda en la Generalitat, y a partir de 2016 (después de la gran ola de recortes) compartió gobierno con Convergència, cuando el principal objetivo político de la legislatura pasó a ser el referéndum de autodeterminación. En esas elecciones, JxC obtuvo 12.400 votos más que ERC (un 0,28%), básicamente por su campaña de equiparar el voto a Puigdemont en el exilio con la restitución del gobierno legítimo disuelto por la aplicación del artículo 155. Según una encuesta del propio PDeCat, heredero de Convergència, sobre las elecciones municipales en Barcelona, de 41 concejales ERC obtendría 12, los Comunes 10, Valls con Ciudadanos 8 y el PDeCat 4. Las encuestas valen lo que valen, poco, pera esta no parece tan “cocinada” como las del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El hecho de que la postConvergència siga ejerciendo un papel de dirección política por encima de su auténtica representatividad constituye, ciertamente, un grave problema. Ha colocado en la presidencia de la Generalitat una persona de su órbita, Quim Torra, se sigue mostrando contraria a la aplicación de políticas sociales que reviertan los recortes y, precisamente, dificulta la ampliación de la base social favorable a la República catalana. Esto es incuestionable y también lo hemos escrito en estas páginas con insistencia. Pero es un error grosero, cuando no malintencionado, despachar un movimiento de masas, de la enormidad del existente en Cataluña, con la etiqueta de simple instrumento de un partido corrupto responsable de la austeridad. Por el contrario, la gran mayoría de ese movimiento es favorable a la apertura de un proceso constituyente que permita el debate y la decisión popular sobre todos los aspectos de la República a la que se aspira. Algo que el propio gobierno, con notoria falta de entusiasmo, ha tenido que recoger, nombrando un Consejo Asesor del Fórum Cívico y Social para el Debate Constituyente, entre cuyos miembros hay numerosas personas de la izquierda transformadora.

Claro que Convergència es un partido corrupto, en costo, aunque no proporcionalmente, por detrás del PSOE, y a una distancia abismal del imbatible PP. Se ha calculado que hasta el momento hay 490 casos de corrupción y 7.021 personas implicadas, y por partidos la clasificación con la cantidad de dinero corrupto y porcentaje sobre el total entre paréntesis es la siguiente:  PP (120.054 millones, 89%), PSOE (5.118 millones, 3,8%), Convergència (3.179, 2,4%). Claro que Convergència intentará aprovechar cualquier resquicio para librarse de sus responsabilidades. Pero el movimiento republicano catalán no es “su” movimiento de masas, porque en él tienen más peso sectores que se confrontan con Convergència y es un campo donde existen propuestas de izquierda transformadora que, por cierto, fuera de Cataluña no son precisamente mayoritarias (¡Andalucía!).

Las movilizaciones sociales, ¿dificultadas por el ensimismamiento de la lucha por la autodeterminación catalana?

Sobre lo segundo, que la lucha por la autodeterminación obstaculiza o impide el desarrollo de otras luchas, habría que empezar por recordar una obviedad: todos los movimientos de emancipación nacional han sido y son interclasistas, conviven sectores de clases sociales diversas y habitualmente enfrentadas en otros terrenos. “Interclasista” no es “burgués” como, contra toda evidencia, sostiene alguna gente de izquierda. Entretenerse en conocer las opiniones, y las acciones, de las grandes organizaciones y empresas de la burguesía catalana es la mejor manera de salir del error. Desde el Círculo Ecuestre hasta el Fomento del Trabajo Nacional, la gran patronal catalana, desde el Banco de Sabadell y Caixabank hasta Ediciones Planeta, se han mostrado agresivamente contrarios a la autodeterminación.

Los datos objetivos sobre el nivel de movilización social en Cataluña desmienten opiniones como las vertidas en un artículo de Alberto Recio, que defiende que las recientes movilizaciones en Cataluña (fundamentalmente, de médicos, pero también de docentes y bomberos) pueden suponer “que la gente está saliendo de la larga sesión de hipnotismo a la que fue convocada”. Pues en plena sesión de hipnosis, el 17 de febrero de 2017, en Barcelona se hizo la manifestación más masiva de Europa por la acogida a las y los refugiados. El 8 de marzo de este año, la movilización feminista fue tan impresionante como en muchos otros lugares. Las manifestaciones de pensionistas, lo mismo. Y, por descontado, en esas movilizaciones también participaba mucha gente partidaria del independentismo. De hecho, es habitual ver en las acciones contra los desahucios a numerosas personas de los Comités de Defensa de la República (CDR).

Pero es que, además, la idea de que la lucha por la autodeterminación ha apagado otras luchas tendría sentido si en el resto del Reino de España, fuera de Cataluña, se estuviera viviendo un ciclo de movilizaciones de la que Cataluña quedaría excluida por estar “ensimismada”. No es el caso, obviamente. Como pretender que buena parte de la izquierda radical ha “comprado el procés” y “se ha olvidado de organizar a la gente para otras cosas”. Lo que late tras esas ideas es la frustración de constatar que el enorme, continuo, resistente nivel de movilización que hay en Cataluña en defensa de la autodeterminación supera el de las movilizaciones “sociales”. Son hechos que pueden gustar o no, pero los hechos han de constatarse previamente a cualquier otra cosa.

El problema no es la lucha por la autodeterminación. El problema es que, en Cataluña como en el Reino de España y en toda Europa, estamos muy por debajo del grado de organización y combatividad que harían posible revertir el marco social y económico surgido de la crisis.

Decir, por otro lado, que la lucha por la autodeterminación no forma parte de “lo principal” es, además de un menosprecio al criterio de los millones de personas que lo defienden, una olímpica dejación de la responsabilidad en la defensa de los derechos democráticos. La izquierda radical, precisamente, es quien más consecuente ha de ser en su defensa, y el de autodeterminación es uno de esos derechos. Que exista un movimiento de masas que cuestiona el régimen del 78, que defiende una República, que abre una oportunidad para intentar cambiar el modelo neoliberal que sufrimos, que es capaz de soportar la brutalidad policial y seguir luchando… tendría que ser motivo de satisfacción para cualquier persona de izquierda. Y la izquierda tendría que proponerse ganar la dirección de ese movimiento, aprovechar su impulso para combatir el modelo neoliberal. Contraponer una cosa a la otra es pura ceguera política y algo más: retirarse de un campo de batalla contra un Estado demofóbico. Hay otros campos, claro, pero ninguno con la masividad y nivel de movilización de la revuelta democrática catalana. Ni en el Reino de España ni en la Unión Europea al menos desde 2012.

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La bestia fascista, el feminismo, la homofobia, el racismo, la desobediencia civil

Especialmente preocupantes son las afirmaciones cada vez más comunes entre alguna izquierda sobre el despertar de la bestia fascista que debe atribuirse a la lucha por la autodeterminación en Cataluña. Así, en un artículo ya citado podemos leer: “No cabe duda de que el procés ha hecho mucho por alimentar a la bestia en nuestros lares.” O como el médico malagueño que en una carta que se ha hecho viral dirigida a Pablo Iglesias decía: “Cuando usted grita ¡Visca Cataluña Libre y Soberana!, nace un fascista. Cuando usted se va a una cárcel a negociar los presupuestos nacionales con unos investigados por sedición, nace un fascista.” Así que el auge del fascismo en España, manifestado en el éxito de Vox (partido “constitucionalista”, según el expresidente español Aznar) se debe a la movilización por el derecho democrático a la autodeterminación. Si la conclusión es que las movilizaciones contra la legalidad despiertan al fascismo, la conclusión es devastadora para quien considere que la movilización es imprescindible para aspirar a cualquier tipo de cambio (social y político). Devastadora. Porque Vox es también un partido abiertamente machista, homófobo y racista: ¿la lucha feminista despierta el fascismo? ¿la solidaridad con inmigrantes y refugiados despierta el fascismo? Devastador.

Hay también posiciones, menos comunes entre la izquierda contraria a la autodeterminación y la independencia, que llegan a considerar el aparato judicial del régimen del 78 una garantía democrática frente a los “abusos de poder” de la mayoría parlamentaria catalana. Es el caso de un artículo de José Luis Gordillo, en el que afirma que el inminente juicio contra líderes sociales y políticos es “saludable para nuestra cultura democrática”. Aquí, se acusa de desobediencia a la Constitución española, que “establece derechos muy básicos”. Ciertamente, la Constitución, por ejemplo, reconoce que “todos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” (artículo 47), o el “derecho al trabajo” (art. 35). Un reconocimiento que es un sarcasmo en el Reino del paro y los desahucios.

Lo más sorprendente, sin embargo, es que alguien, desde la izquierda, sacralice un texto que fue fruto del consenso que los herederos de la Dictadura fueron capaces de imponer en la Transición, estableciendo la monarquía —con lo que la defensa de un régimen republicano también desobedece a la Constitución, ¿verdad?— como forma de Estado (art. 1.3), la inviolabilidad y falta de responsabilidad del rey (art. 56.3) o el imperio de la economía de mercado (art. 38). Estos artículos, claro está, sí se cumplen. A rajatabla.

Como sorprende que alguien, desde la izquierda, ignore el importante papel que la desobediencia civil ha tenido en multitud de luchas políticas y sociales, también en regímenes democráticos. ¿Era una democracia EEUU cuando, en 1955, Rosa Parks se negó a sentarse detrás del autobús? ¿Era una democracia el Reino Unido cuando, en 1990, centenares de miles de personas se negaron a pagar el impuesto de capitación de la sra. Thatcher? ¿Era una democracia el Reino de España cuando, en los años 80 y 90, centenares de jóvenes fueron encarcelados por negarse a cumplir el servicio militar obligatorio? La tesis de que la desobediencia civil no puede ejercerse desde las instituciones es un argumento ad hoc contra el movimiento republicano catalán: prácticamente todas las declaraciones de independencia hechas por parlamentos de naciones sin Estado, a lo largo de la historia, han sido actos de desobediencia frente al Estado existente.

Por no mencionar que la existencia de democracia en una determinada sociedad no es una cuestión binaria (como estar embarazada: sí o no), sino una cuestión de grado. Hay niveles diversos de democracia, como hay niveles diversos de soberanía popular. Ha habido democracias esclavistas, democracias sin el voto de las mujeres, democracias como Polonia o Turquía, y democracias que se olvidan de la democracia para defender la unidad de su Estado, como el Reino de España. En este caso, con agravantes, como la existencia de una cúpula judicial heredada del franquismo, que nunca fue depurada, y dominada por la derecha extrema. Porque, en el Reino de España, el problema de la falta de separación de poderes es el segundo. El primero es que la cúpula judicial tiene su propia agenda política y social, incluso en contra de lo que convenga al gobierno de turno. Una cúpula machista, autoritaria, antisocial y ranciamente españolista; de ahí proviene no sólo el juicio político contra dirigentes independentistas, sino también la sentencia de la manada (y posterior cierre de filas en defensa de la misma), el caso de las hipotecas, el alucinante encarcelamiento de los jóvenes de Altsasu, la imputación por sonarse con la bandera monárquica, las condenas por injurias al Borbón o por ofensas a no se sabe que virgen. Vaya, lo que se dice un Estado de derecho (muy, muy derecho).

La carta que Amnesty International dirigió el pasado 26 de noviembre a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez tendría que causar rubor a quienes, diciendo ser de izquierda, piensen que el próximo juicio político es “saludable”. En ella, Amnesty denuncia la injusta situación de prisión de ambos líderes de asociaciones cívicas catalana, exige la retirada de los cargos de rebelión y sedición y defiende el derecho a expresar sus opiniones sobre el referéndum de independencia en cualquier momento. ¿Todos manipulados y ensimismados por la derecha convergente? Extremadamente simplón, ¿verdad?

Litus Alonso es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso. Fue, a lo largo de las últimas décadas, un militante de la izquierda sindical en el interior de CCOO y miembro de diversos órganos de dirección (entre ellos, la Comisión Ejecutiva de CCOO de Cataluña y la Federación estatal de Servicios Financieros y Administrativos).
Daniel Raventós es editor de Sin Permiso, presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro del comité científico de ATTAC. Sus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, “Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa” (Serbal, 2017) y, en colaboración con Julie Wark, “Against Charity” (Counterpunch, 2018).
Fuente: www.sinpermiso.info, 9-12-18