El Congreso ataca a los jueces por desentenderse de la violencia de género

Malparados salen los jueces en el informe del Congreso sobre la violencia de género. El preámbulo del extenso documento carga abiertamente contra sus señorías. "Paradigmático parece que las órdenes de protección (a las mujeres maltratadas y amenazadas) hayan descendido más de 20 puntos porcentuales desde 2007 y que muchos juzgados denieguen persistentemente la concesión de órdenes por encima del 90%", dice el texto.

La crítica hacia el comportamiento judicial en el documento que sienta las bases para el pacto de Estado contra la violencia de género resulta especialmente acerada si tenemos en cuenta que la Justicia es la última ratio en la preservación y defensa de los derechos humanos. En este sentido, el texto recuerda que en lo que llevamos de 2017 han sido asesinadas 33 mujeres por violencia de género, que han dejado a 16 menores huérfanos. A ello se añaden los 6 menores asesinados por el mismo tipo de violencia.

Los redactores del documento, que contiene 213 medidas y recomendaciones, más las que se deriven de los votos particulares pendientes de aprobar por el Pleno en septiembre, llaman la atención de los jueces sobre "la especificidad de las medidas de protección integral contenidas en la ley orgánica de 2004" y les recuerdan que la protección se establece contra la violencia de género como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

Quiere decirse que la decisión de los jueces es determinante y que las medidas de protección integral tienen como finalidad prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos e hijas menores, y a los menores sujetos a su tutela o guarda y custodia, víctimas directas de esta violencia. En todo caso, en tanto no se produzca el desarrollo normativo específico sobre las distintas formas de violencia de género reconocidas en el Convenio de Estambul, el documento insta a los jueces a conceder la protección preventiva.

La crítica obligaría a los jueces a esmerarse especialmente en sus decisiones ha venido a coincidir con el caso de Juana Rivas, la mujer a la que un juzgado de Granada ha ordenado que entregue a sus hijos a su exmarido, un italiano condenado por violencia de género en su país, y con la orden judicial de busca y captura de la mujer y sus dos hijos. En veinticuatro ciudades españolas se produjeron manifestaciones el lunes de apoyo a esta mujer que espera el amparo del Tribunal Constitucional. Su Sala de Vacaciones se reúne el miércoles de la próxima semana. Mientras tanto, la mujer sigue escondida.

Pero la crítica del documento del pacto no se limita a los togados, ya que también pone de relieve los fallos del sistema de protección, que depende del Ejecutivo. Vale señalar que el 26,4% de víctimas mortales registradas en los últimos diez años habían presentado denuncias y no recibieron la protección adecuada. Y en cuanto a los legisladores, a los que el documento no critica, la mayor tacha se deriva de la cantidad de leyes y disposiciones estatales y autonómicas (más de cincuenta) que han producido, con los resultados conocidos. Ya advirtió Montesquieu que las leyes inútiles dificultan las necesarias.

Tras la aportación de las 213 medidas y recomendaciones prevalece la necesidad de más medios, es decir, dinero. Y en este sentido los grupos parlamentarios han alcanzado el compromiso de mínimos de destinar 1.000 millones de euros más a la erradicación de una lacra que abruma y avergüenza a la sociedad española. La diputada de Ciudadanos Reyes Rivera pide en un voto particular que la comisión de seguimiento fiscalice este fondo especial. Marta Sorlí, de Compromís, reclama para las víctimas de la violencia de género la misma indemnización que para las del terrorismo.

Sea cual fuere el resultado de sus votos particulares en el pleno del Congreso, el reparto de esos mil millones de euros en los próximos cinco años viene a demostrar una vez más que los que más hacen son los que menos reciben. En este caso los ayuntamientos, que al fin y al cabo son los que facilitan los medios de vida a las mujeres amenazadas (pisos de acogida y otras ayudas para el sustento), sólo recibirán 100 millones de euros en el lustro indicado, mientras las autonomías se repartirán 400 millones y la Administración General del Estado, con sus aparatos burocráticos, observatorios, secretarías de Estado y entes clientelares, los 500 millones restantes.

Si consideramos que, aparte los ayuntamientos, la mayor parte de los servicios servicios sociales, educativos, sanitarios, judiciales y en algunos casos policiales dependen de las comunidades autónomas, no hace falta comisión de seguimiento alguna para saber que el reparto es de antemano injusto y resultará poco eficaz. Y eso, ante un fenómeno que viene de lejos y va para largo, debería tener enmienda (presupuestaria). La tarea de erradicar esa criminalidad tendrá que ser constante y de todos. La megaencuesta oficial realizada en 2015 no auguraba mejoras cuando ponía de relieve que el 21% de las menores de 25 años (una de cada cinco) con pareja habían sido víctimas de la violencia, frente al 9% de las mujeres en general.